Altodo y el Colegio de Abogados de Granada dan un paso al frente en apoyo a Francisco Javier Lara

La Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo) y el Colegio de Abogados de Granada (ICAGR) han dado un paso al frente en apoyo al decano emérito del Colegio de Abogados de Málaga Francisco Javier Lara Peláez ante el auto de continuación de procedimiento abreviado abierto contra él por supuesta desobediencia al decidir suspender en mayo de 2020 la asistencia presencial de los letrados de guardia por la falta de medidas de seguridad.

Altodo y el ICAGR han publicado hoy sendos comunicados al respecto.

Como ha informado Confilegal, un año y un mes después de que el exdecano del Colegio de Málaga fuera citado a declarar como investigado por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga, Juan Carlos Velasco Báez, el juez ha cerrado la fase de instrucción y ha abierto la fase de diligencias previas, dejando en el tejado del fiscal la posibilidad de acusarlo por un supuesto delito de desobediencia a la autoridad judicial, a consecuencia de una decisión en su día adoptada por la Junta de Gobierno que él encabezaba.

Esta consistió, recuerda Altodo, «en suspender la asistencia presencial de los letrados de oficio en los servicios de guardia durante el primer estado de alarma, en tanto que los Juzgados y centros de detención no garantizaran que habían adoptado las medidas de seguridad adecuadas y legalmente acordadas a fin de preservar el derecho a la salud de dichos letrados».

Altodo vuelve a reiterar públicamente su «apoyo incondicional» al exdecano y a quienes integraron su Junta de Gobierno en esta actuación, y anuncia que sin merma de su pleno respeto a la independencia del Poder Judicial, próximamente convocará diversos actos de apoyo y protesta en toda España».

«Todo nuestro apoyo al compañero Lara, todo nuestro respeto, afecto y reconocimiento y toda nuestra gratitud hacia quien ha preferido arriesgar su futuro profesional y personal para no arriesgar innecesaria y caprichosamente la salud y la vida de sus compañeros», expresa esta asociación presidida por el letrado Juan Manuel Mayllo.

Altodo considera que «en la gravisima situación pandémica en la que entonces nos encontrábamos, el derecho a la salud, y la obediencia a las autoridades sanitarias prevalecía frente a la obstinación judicial, máxime si la orden o instrucción cursada vulneraba de forma flagrante la normativa vigente, en concreto, la normativa Covid, al no garantizarse las medidas de seguridad y sanitarias por parte de algunos Juzgados y centros de detención».

No en vano, también recuerda que la decisión del Colegio de Abogados de Málaga, adoptada por el entonces decano y su Junta de Gobierno, en el ejercicio de su autoridad y de sus funciones, «se levantó tan pronto los órganos judiciales y centros policiales de detención comenzaron a adoptar las más elementales medidas de seguridad requeridas por las autoridades sanitarias, sin que en ningún momento se perjudicara a justiciable alguno, ya que en todo momento se ofreció, y se garantizó, la asistencia por medios telemáticos, que era precisamente la fórmula recomendada por las autoridades sanitarias y establecida en la normativa entonces vigente».

«No se incurrió, por tanto, en ‘desobediencia’ ni en arbitrariedad alguna, sino más bien en ‘obediencia debida’ a la normativa vigente», sostiene Altodo, como ya manifestó en su día en anteriores comunicados.

Señala lo dispuesto en el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, en la Orden del Ministerio de Interior del 14 de marzo de 2020, la resolución del 23 de marzo del Ministerio de Justicia sobre seguridad laboral en la Administración de Justicia para hacer frente a la pandemia de coronavirus, la Orden SND/261/2020 de 19 de marzo, del Ministerio de Sanidad, o la Guía de Buenas Prácticas del Consejo General del Poder Judicial para la reactivación de la actividad judicial y adopción de medidas de salud profesional para la prevención de contagios en sedes judiciales, aprobada el 29 de abril, según la cual, durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, «los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre que los juzgados, tribunales y fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello».

Por tanto, a Altodo le sorprende «el procesamiento del decano emérito», y destaca que «se limitó a cumplir con su función estatutaria de velar por los intereses de sus colegiados, y en particular, su derecho a la seguridad, salud e integridad física, protegiendo así también, de forma subsidiaria, la salud de los detenidos, agentes policiales, funcionarios de Juzgados y demás operadores jurídicos, toda vez que el riesgo de contagio era bidireccional».

«Y todo ello, sin merma alguna del irrenunciable derecho a la defensa letrada de los justiciables, que la abogacía de oficio ha garantizado en todo momento, contándose por centenares los contagios entre sus filas, en algunos casos, con resultado de muerte», añade.

Altodo recuerda que «por esta meritoria y valiente actitud de Francisco Javier Lara, que ha coronado su brillante y dilatada trayectoria al servicio de la Abogacía y de la Justicia, y en particular al servicio de la abogacía de oficio», esta asociación le concedió el IV Premio Altodo que anualmente otorga a la persona o entidad que con sus actos o sus palabras haya contribuido a la defensa y dignificación del Turno de Oficio.

Altodo no comprende cómo lo que para la inmensa mayoría de abogados de este país es «un mérito digno de ser elogiado», para otros operadores jurídicos es «un hecho merecedor, nada más y nada menos, que de reproche penal».

Manifiesta que «dado que el decano emérito actuó en el ejercicio de sus funciones representativas», considera que «el injusto procesamiento» de Francisco Javier Lara Peláez a su vez «el procesamiento a la Abogacía de oficio en su conjunto».

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Granada también ha mostrado su apoyo al decano y su «disconformidad» con esta decisión judicial.

El ICAGR también hace hincapié en «la gravedad de las condiciones que tuvieron que afrontar los abogados de oficio adscritos al Turno de Asistencia al Detenido durante los primeros meses del estado de alarma, quienes prestaron un servicio ejemplar en todo el país, defendiendo los derechos y libertades de la ciudadanía en una situación de crisis sanitaria».

Insiste que el entonces decano de Málaga «no se negó a cumplir con las guardias del Turno de Oficio, sino que solicitó que se realizaran por
vía telemática, como se venían desarrollando, con el único afán de hacer compatible la protección de la salud de los abogados de oficio con la prestación del servicio».

Por ello, tanto el Colegio de Abogados de Granada como Altodo confían en que el recurso interpuesto por Lara Peláez contra el auto de continuación de procedimiento abreviado «conduzca al archivo de la causa».