«Hasta que no se adecúe el sueldo de los letrados de la administración de Justicia a las más de 600 competencias asumidas y se logre la negociación colectiva propia, habrá huelga». Así lo sostiene la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) tras la segunda jornada de huelga convocada para este mes, que se ha saldado hoy con un 60% de participación, como ayer, según sus estimaciones, y que seguirá los días 5, 6 y 7 de abril.
La UPSJ destaca el «importante resultado que supone movilizar dos días seguidos al 60% de compañeros», y señala que ello refleja «una muy fuerte contestación del Cuerpo de Letrados a la inexistente gestión de soluciones para resolver el conflicto por parte del secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, y de la propia ministra, Pilar Llop».
Así lo manifiesta a Confilegal Carlos Artal, miembro de la Ejecutiva y del Comité de Huelga, que ha sido apoyada por la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AInLAJ).
El colectivo de letrados ha reclamado nuevamente la dimisión del secretario de Estado, al igual que ocurrió ayer en la concentración frente al Ministerio de Justicia.
«Tontxu, dimisión», han gritado en la realizada hoy a las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla, así como en gran parte de las efectuadas en otros partidos judiciales, según ha informado a Confilegal la UPSJ, que ni confirma ni desmiente que la asociación vaya a reclamarla. «Se está valorando», zanja al respecto.
«Los letrados de la Administración de Justicia hemos vuelto a hablar alto y claro respaldando esta huelga que consideramos esencial para conseguir nuestras justas reivindicaciones», señala Artal.
Apunta que en esta segunda jornada «se ha logrado mantener la movilización, siendo incluso superior el apoyo a la de ayer, aunque no varía el porcentaje».
Por otra parte, señala que los servicios mínimos establecidos por el Ministerio en la huelga de marzo han sido «abusivos».
«El resultado de esta huelga, nos refuerza para pedir que sea la ministra quien directamente haga frente a la resolución de este conflicto que se dilata en el tiempo desde hace más de 12 años», manifiesta este miembros de la Ejecutiva.
«Ante esta movilización, Llop no puede seguir mirando para otro lado, y debe adoptar ya medidas que resuelvan el conflicto, conocedora de que el principal perjudicado es a la postre el ciudadano y el servicio públicohaga frente. La ministra tiene que atender las justas, legítimas e históricas reinvidicaciones de un Cuerpo de servidores públicos que ya se han cansado de esperar y se sienten maltratado y marginados», concluye.
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