La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) mantiene la huelga convocada para el próximo miércoles y jueves, días 9 y 10 de marzo, «ante la falta de respuesta del Ministerio de Justicia a las reivindicaciones del Cuerpo de Letrados».
«Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJs -antes denominados secretarios judiciales), como directores de los juzgados y oficinas judiciales y tribunales, iremos a la huelga los próximos 9 y 10 de marzo, y 5, 6 y 7 de abril», señala en un comunicado, publicado hoy.
El pasado 28 de febrero, ya informó que la mantenía pese a que el Ministerio había anunciado que alcanzaba una serie de acuerdos con el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ). Según informaron Justicia y el Colegio, han alcanzado acuerdos «para mejora retributiva y estatutaria» del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.
UPSJ desconoce «el alcance» de dichos acuerdos, «su eficacia jurídica y dotación económica», por lo que reclamó al Ministerio que convocara al comité de huelga para negociar la resolución del conflicto, pero, según afirma, no ha recibido respuesta alguna.
«El Ministerio no reconoce a las asociaciones de LAJs capacidad de negociar nuestras condiciones laborales con ellos, por lo que todo acuerdo que firme carece de efectos legales y de exigibilidad», señala a Confilegal Juan José Yáñez, miembro de la Ejecutiva de UPSJ y del Comité de Huelga.
Además, destaca que «todas las cuestiones anunciadas recientemente por el Ministerio y el CNLAJ ya eran conocidas a finales de 2021, por lo que no ha habido avance alguno».
«El Estatuto Orgánico ya debería haberse reformado en 2015 para adecuarse al cambio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de ese año, y nos consta que desde el año pasado están trabajando en un borrador. En cuanto a la mejora retributiva no hay tales avances», sostiene.
Por ejemplo, asegura que «el Decreto de sustituciones sigue pendiente del informe de Hacienda desde 2019»; que «lo que se comprometen a pagar en abril es la cantidad pactada con los sindicatos que ya se les comunicó en diciembre que cobrarían en abril (seis meses después que los funcionarios de Cuerpos generales)», y que de todas formas, todas esas cuestiones necesitan un desarrollo reglamentario, que no se ha llevado a cabo, por lo que «de ninguna manera serán inmediatas».
¿Por qué hacen huelga? «Porque no queremos continuar en el diseño de una justicia low cost. Un servicio público de calidad necesita profesionales adecuadamente retribuidos y considerados», explica UPSJ.
El avance en adecuación salarial y negociación colectiva propia son «las dos cuestiones nucleares» reclamadas por el colectivo que «ya determinaron la huelga del pasado 26 de enero, y las próximas».
RECONOCIMIENTO DE UNA NEGOCIACIÓN COLECTIVA PROPIA
«La negociación colectiva es un derecho fundamental que los letrados de la administración de Justicia no tenemos. Nuestras asociaciones y sindicatos no se incluyen en las mesas de negociación, y las cuestiones fundamentales que nos afectan profesionalmente se están discutiendo por los sindicatos generalistas, que no sólo no defienden nuestros intereses, sino que, además, se utiliza esta situación injusta para sacar ventajas en favor de sus representados y en detrimento de nuestros intereses», expone UPSJ.
«Nuestro carácter directivo y las funciones singulares justifican que tengamos un marco de negociación colectiva propio», añade esta asociación.
Además, indica que con el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se produce «una circunstancia excepcional que no se da en ningún otro grupo de la administración pública», que es que dependen del Ministerio de Justicia, como cuerpo nacional, mientras que el resto de la oficina que dirigen puede depender de las comunidades autónomas, «sin competencia sobre los Letrados».
«Por ejemplo, a los letrados que estamos destinados en Galicia nos incluyen en los censos electorales del personal de la Xunta, cuando esta no tiene ninguna competencia sobre nosotros», precisa Yáñez.
ADECUACIÓN SALARIAL
En cuanto a la adecuación salarial, UPSJ expone que «la gran reforma de la Administración de Justicia que se llevó a cabo en el año 2009 se apoyó en los Letrados de la Administración de Justicia para agilizar y modernizar el funcionamiento de las oficinas judiciales trasladando a los letrados muchas de las competencias que antes eran de los jueces».
«En 2009 se nos dijo que la situación económica del país no permitía en ese momento la compensación por las nuevas funciones asumidas. Diez años después, el Ministerio de Justicia no nos ha adecuado todavía el sueldo a las aquellas funciones que se nos otorgaron», denuncia UPSJ.
Añade que «la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 obligó al Ministerio de Justicia a negociar la adecuación salarial», pero que «el Ministerio no ha atendido esa orden parlamentaria».
«UPSJ es consciente de la complejidad de la situación internacional. Sin embargo, llevamos más de una década esperando respuesta ministerial a nuestras reivindicaciones y éstas no han sido atendidas a través del diálogo y el consenso, por lo que se nos obliga a ir a la huelga», concluye.
