El consejero de Presidencia, Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha propuesto a la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González Fernández, establecer un control en los países colindantes con Ucrania para ordenar la llegada de refugiados de ese país a la Región y evitar que las redes de tratas de seres humanos se puedan aprovechar de esta situación.
«Debemos hacer todo lo posible para evitar que organizaciones delictivas dedicadas a la trata de seres humanos se aprovechen impunemente de una situación tan dramática«, le dice López a la delegada del Gobierno en relación a una reunión que mantuvieron ayer con la representante del Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
El consejero madrileño, magistrado en servicios especiales de la Audiencia Nacional –similar a una excedencia–, buen conocedor de este tipo de delincuencia, hace referencia a las incontables iniciativas privadas que han montado operativos para recoger y trasladar a desplazados ucranianos, mayormente ancianos, mujeres y niños, desde distintos puntos fronterizos de Ucrania rumbo a España y, en concreto a Madrid.
«Ante esta situación, me parece necesario establecer un control de esos desplazamientos en origen con el fin de ordenar su llegada a nuestra región y poder dar una respuesta eficaz a los ciudadanos de Ucrania que se acogen a estas iniciativas privadas, al margen de las Administraciones Públicas», añade.
Y plantea desplazar a los países fronterizos con Ucrania, principalmente Polonia y Rumanía, «equipos conjuntos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y del Cuerpo Nacional de Policía que contribuirían a mejorar el tránsito hacia nuestro pais de los desplazados, en colaboracion con las autoridades y cerpos policiales de esos países».
Desde el punto de vista de López, es esencial poder conocer con la mayor anticipación posible el número de ciudadanos ucranianos que van a residir en España y en la Comunidad de Madrid para anticipar las necesidades y planificar la puesta en marcha de los servicios que van a requerir.
De ese modo, su integración será lo más rápida posible, con lo que se paliaría en parte el sufrimietno al que «están siendo sometidos, además de garantizar su seguridad, en especial de los más vulnerables».
Termina la misiva insistiendo en la oferta de convertir el Hospital Enfermera Isabel Zendal en el nuevo punto de documentación para desplazados de la Policía Nacional, además de llevar el preceptivo control sanitario de los recién llegados. Un punto en el que recibirían el NIE, la tarjeta sanitaria, la de transporte, la posibilidad de vacunación y la escolarización inmediata de los menores.
