Si algo ha quedado claro esta semana en el Senado estadounidense es que Ketanji Brown Jackson, de 51 años, la candidata elegida por el presidente Joe Biden para ocupar la vacante de la Corte Suprema, es que es una mujer con mucha personalidad y convicciones muy sólidas.
Así lo demostró el pasado martes y miércoles, durante su comparecencia en las dos vistas públicas de la Comisión Judicial del Senado, compuesta por 20 senadores, en la que le hicieron una «entrevista de trabajo» a cara de perro y que fue televisada por la mayor parte de los medios de comunciación estadounidenses.
En ningún momento la juez Jackson –es juez de la Corte Federal de Apelaciones en Washington– se arredró. Ni siquiera cuando el presidente de la Comisión Judicial, formada por 20 senadores, Dick Durbin, le preguntó sobre su trabajo en la Defensoría Pública Federal estadounidense, representando y defendiendo a algunos los supuestos terroristas detenidos en Afganistán. Tras la invasión de ese país a consecuencia de los atentados del 11-S de 2001.
Todos ellos fueron llevados a la prisión militar de alta seguridad de la Base Naval estounidense de la Bahía de Guantánamo, en Cuba.
El entonces presidente George Bush argumentó que los Estados Unidos no tenían por qué aplicar las protecciones legales de la Convención de Ginebra y, por tanto, podían ser retenidos indefinidamente sin juicio y sin derecho a la representación de un abogado.
En junio de 2004, la Corte Suprema contravino esa visión diciendo que los tribunales de Estados Unidos tenían la jurisdicción requerida para disputar la legalidad de la detención de ciudadanos extranjeros capturados en el extranjero en actividades hostiles y encarcelados en la bahía de Guantánamo y sentenció que tres prisioneros que habían invocado su derecho a ser juzgados podían llevar su caso ante tribunales civiles.
HABEAS CORPUS
Ketanji Brown Jackson, que entonces tenía 31 años, trabajaba entonces en la Defensoría Pública Federal y representó a algunos de esos supuestos terroristas de Al Qaeda y talibanes –fueron encarcelados allí un total de 780– en su interposición de habeas corpus.
El habeas corpus es el derecho que tienen los ciudadanos, cuando han sido detenidos o encarcelados, a comparecer de una forma inmediata y pública ante un juez o tribunal para que, tras escuchar su testimonio, resuelva si nuestro arresto fue o no legal y si debe alzarse o mantenerse.
Está contemplado en el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, también en el artículo 19 de la Constitución estadounidense, y en el artículo 1.4 de la Constitución Española.
La candidata a la Corte Suprema de los Estados Unidos, comenzó su contestación recordando que «el 11 de septiembre fue un ataque trágico contra este país. Todos lo vivimos».
Recordó que muchos estadounidenses, incluyendo a su hermano, se alistaron al Ejército para defender a su país.
«Después del 11-S hubo abogados que reconocieron que los valores de nuestra nación estaban bajo ataque y que no podíamos dejar que los terroristas ganaran cambiando quién fundamentalmente éramos. Y lo que eso significaba era que la gente que había sido acusada por nuestro gobierno de haber estado implicados en acciones de este tipo, bajo nuestro esquema constitucional tenía derecho a ser representados», afirmó.
«Tenían derecho a ser tratados de una forma justa. Eso es lo que hace que nuestro sistema sea el mejor del mundo. Eso es lo que nos hace que seamos ejemplo. Yo servía en la Oficina de la Defensoría Pública Federal poco después de que la Corte Suprema decidiera que los individuos que estaban confinados en la Bahía de Guantánamo por orden del presidente pudieran solicitar una revisión de sus detenciones», añadió.
LOS DEFENSORES PÚBLICOS FEDERALES NO ESCOGEN A SUS CLIENTES
«Esos casos comenzaron a llegarnos», recordó. «Los defensores públicos federales no escogen a sus clientes. Tienen que ser representados. Quien sea el que lo solicite. Porque es un servicio. Eso es lo que haces como defensor público federal. Defender el valor constitucional de la representación. Y así representé como defensor de apelación, a algunos de esos detenidos en primeros días cuando el panorama legal era muy incierto».
«Esto nunca había ocurrido antes. No solo el ataque sino también el uso de la autoridad ejecutiva para detener a pesonas de esta manera. Había un montón de preguntas. Los tribunales preguntaban a la Corte Suprema, que había admitido una serie de casos, cuáles eran los límites de la autoridad ejecutiva. Lo que era importante. Toda nuestra libertad está en peligro si no lo hacemos bien en términos de lo que el ejecutivo puede hacer», subrayó la juez Ketanji Brown Jackson.
«La Corte Suprema recientemente se reafirmó en que la Constitución no queda suspendida en tiempos de emergencia por lo tanto los abogados ayudaron a la Corte a averiguar lo que era el poder ejecutivo en esas circunstancias y yo, como abogado defensor en apelación trabajé en las solicitudes de habeas corpus de algunos de estos detenidos. Mis solucitudes eran virtualmente idénticas porque teníamos muy poca información sobre el tema».
«En el comienzo de estos casos, la mayor de la información fáctica estaba clasificada. Así que como abogada defensora designada para representar a estos acusados no teníamos datos. Y yo argumenté legalmente sobre las circunstancias», precisó. «Ese es el papel de un abogado penalistas. Los abogados penalistas argumentan en nombre de sus clientes, en defensa de la Constitución y al servicio del tribunal», concluyó.
Después de dos días siendo virtualmente interrogada sobre su trayectoria jurídica y judicial, los 100 senadores tienen que votar la propuesta del presidente Biden. Si consigue mayoría, Ketanji Brown Jackson se convertirá en la nueva juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Será la primera mujer afroamericana en lograr llegar a ese puesto, donde servirá hasta que se retire voluntariamente o se muera. Porque el puesto es vitalicio.
Sustituirá al juez Stephen Breyer, que anunció su retiro a principio de año.
