El decano emérito del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, recogió ayer la calificación redactada por el fiscal Antonio Francisco Román Capeli, en la que le acusa de desobediencia por no haber permitido, el 6 de mayo de 2020, en plena pandemia y con los contagios desbocados, que cuatro abogados del turno de oficio arriesgaran su vida bajando a los calabozos de la Ciudad de la Justicia para asistir a otros tantos detenidos.
Una decisión que fue tomada por la Junta de Gobierno de la corporación que entonces presidía; aunque solo ha sido acusado él.
Catorce de los componentes de esa Junta acompañaron a Francisco Javier Lara, junto con otros 60 abogados, muchos de ellos ataviados con la toga forense negra, para simbolizar que la acusación no es contra una persona sino contra todo el colectivo.
El decano emérito, y su Junta, actuaron como debían.
El propio Lara, fue ataviado de la misma manera para esta gestión, en la que también se le exigía una fianza de 5.400 euros. Fianza que está siendo cubierta por aportaciones de compañeros de toda España en una campaña impulsada por Altodo.
La Junta de Gobierno actual del Colegio acordó en su última reunión asumir el pago mediante la aportación de un aval bancario.
Ahora le corresponde al abogado de Lara, Antonio Caba, la redacción del escrito de defensa. Una vez cerrada esta fase se turnará el caso al Juzgado de lo Penal que corresponda.
El magistrado emérito Lara está tranquilo. «Porque fuimos el primer Colegio de España que implementamos la asistencia a distancia a detenidos. Primero en la Sala de Videoconferencias del Paseo de la Farola y luego desde la propia sede judicial, en la Ciudad de la Justicia. Fue una acuerdo al que llegamos con el juez decano. Las asistencias se hicieron, además, por teléfono, por Circuit, incluso por WhatsApp», explica.
«En días precedentes al 6 de mayo de 2020, todas se hacían de esa manera. Salvo las que ordenó la señora magistrada, que suponía que los compañeros del turno de oficio arriesgaran su vida bajando a calabozos. Con eso no estuvimos de acuerdo. No había necesidad», añade Lara.
De acuerdo con el decano emérito, su abogado ha solicitado formalmente, y por escrito, a su sucesor al frente del Colegio y al secretario general técnico una certificación de las asistencias realizadas a distancia en los días precedentes, con los nombres de los abogados del turno de oficio que las llevaron a cabo.
Con ello, se quiere probar que la normalidad era esa, que los servicios se estaban llevando a cabo, y que la anormalidad, en un momento en el que ya habían muerto 26.834 personas, 1.334 en Andalucía, 235.400 estaban contagiadas y había 122.439 hospitalizadas, era esa.
