La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha anunciado hoy una campaña de movilizaciones en toda España, que se iniciará el 25 de mayo «en defensa de nuestros empleados públicos» que, según denuncia, «arrastran una pérdida de poder adquisitivo de un 15% desde 2010, cuando les rebajó el sueldo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, por lo urge negociar una subida salarial».
El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha subrayado hoy en una entrevista en TVE que los empleados públicos llevan contribuyendo al Pacto de Rentas más de diez años, «necesitan salarios acordes al trabajo que desarrollan» y «no pueden seguir sufriendo más recortes». Y ha anunciado que «habrá movilizaciones dado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no se sienta a negociar».
Además de la pérdida de poder adquisitivo, Borra ha alertado sobre la alta temporalidad en el empleo en las Administraciones Públicas, que marcó un nuevo récord de un 32,5% en el primer trimestre del año, según los últimos datos de la EPA.
«El Gobierno debe ser punta de lanza del empleo de calidad y tiene que poner en marcha cuanto antes la ley para reducir la temporalidad en nuestras administraciones», ha reivindicado Borra.
En este sentido, ha recordado que hay ámbitos como el SEPE o la Seguridad Social que se encuentran en una situación complicada, como puso de manifiesto la pandemia, y que necesitan un refuerzo extraordinario de personal.
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO ‘INSUFICIENTE’
Además, el presidente de CSIF ha criticado que la oferta de empleo público para 2022 en la Administración General del Estado -que se negocia con Función Pública desde el pasado viernes- es «insuficiente», teniendo en cuenta que «solo se crean 4.000 empleos netos, que hemos perdido 54.000 empleos en los últimos diez años y que en menos de diez años también se habrá jubilado un 60% de su plantilla».
Respecto al Plan de ahorro y eficiencia energética en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE) -anunciado por el Gobierno y que se aborda hoy con los sindicatos- Borra ha explicado que se trata de «un parche», que llega con retraso y que aún no se ha desarrollado una normativa específica sobre teletrabajo en la AGE, mientras que el sector privado ya cuenta con una regulación clara.
El teletrabajo, según el presidente de CSIF, debía estar desarrollado desde hace más de seis meses en línea con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos. A su juicio, la clave para ahorrar energía debe ser que respetando el acceso a la administración se facilite que los empleados públicos puedan teletrabajar con todas las garantías.
