La Administración General del Estado (AGE) ha perdido 54.661 puestos de trabajo en los últimos diez años, «el equivalente a una cuarta parte de su plantilla, como consecuencia de las políticas de recorte», según ha denunciado hoy la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato mayoritario en la Administración General del Estado y sindicato más representativo en las administraciones públicas.
Mañana comienza la negociación con el Ministerio de Hacienda y Función Pública para diseñar la oferta de empleo público de 2022 y para la aplicación de la ley para la reducción de la temporalidad, que tendrá que estar publicada antes del próximo 1 de junio.
«Desde CSIF esperamos que Función Pública nos traslade una oferta generosa que corrija las carencias estructurales que lleva arrastrando la administración general del Estado en estos últimos 10 años, situación que ha quedado evidenciada con la actual crisis sanitaria», señala a Confilegal Francisco Lama, secretario nacional de acción sindical de CSIF.
Además, CSIF espera que se proponga un alto número de plazas para promoción interna. «Y CSIF exigirá una vez más la eliminación de la tasa de reposición», avanza Lama. «CSIF siempre ha defendido que nuestros servicios públicos no necesitan ni un funcionario más, pero ni uno de menos si queremos prestar unos servicios públicos de calidad a nuestros ciudadanos», sentencia.
CSIF presentó en octubre de 2020 un plan estratégico de Recursos Humanos en el que proponía reforzar las administraciones con 106.000 empleos nuevos en los siguientes 3 años, y en la AGE con al menos 43.700 nuevos efectivos. «Sin embargo, desde entonces las ofertas de empleo público no han cubierto las necesidades estructurales de nuestros servicios públicos», critica este sindicato.
Además, advierte que las plantillas se encuentran «muy envejecidas». «El 20,31% del personal de los ministerios tiene más de 60 años y, por tanto, se encuentran a las puertas de la jubilación, mientras que el 61,98% tiene más de 50», precisa.
CSIF señala que esta circunstancia «coloca en una situación muy crítica a ámbitos como la Seguridad Social o el Servicio Estatal de Empleo (SEPE), cuyo funcionamiento se encuentra tensionado como consecuencia del volumen de prestaciones que deben atender y la merma en sus plantillas», y subraya que estos organismos requieren ya de una oferta de empleo público extraordinaria que permita cubrir de manera urgente las vacantes.
Por ello, y ante la situación de incertidumbre económica que afronta España, CSIF exige apuntalar nuestros servicios públicos con «una oferta de empleo público suficiente que garantice la viabilidad del sistema».
Para ello, afirma que se debe eliminar definitivamente la tasa de reposición y realizar una planificación plurianual de las ofertas para recuperar el empleo perdido. También reclama que se potencie la promoción interna, eliminando la obligatoriedad de superar un nuevo proceso selectivo para poder promocionar.
Respecto a la temporalidad, informa que en el caso concreto de la Administración Central se encuentra por debajo del 8%, pero alerta de que en el conjunto de las administraciones públicas asciende ya al 32,4%, especialmente en las comunidades autónomas encargadas de gestionar sectores clave como la Sanidad o la Educación.
Además, CSIF está «preocupado» por la «falta de homogeneidad» de los diferentes procesos, «lo que podría dar lugar a situaciones de inseguridad jurídica y litigios».
CSIF también insta al Gobierno a negociar ya la subida salarial de los empleados públicos, que «arrastran una pérdida de poder adquisitivo superior al 15%».
«Si el Gobierno no está a la altura del esfuerzo realizado por nuestros empleados públicos durante la pandemia para mantener el funcionamiento de los engranajes del Estado y la atención a las prestaciones a la ciudadanía, CSIF saldrá a la calle con una gran movilización», anuncia.
