La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz califica de «vergonzante» el problema de los interinos pero nada más
“El problema de la temporalidad está en las Administraciones públicas, especialmente en sanidad y educación. Y tiene que ser abordado. Tener la sanidad y la educación en estas situaciones tan precarias, no les doy mi opinión, porque no me compete, pero créanme que es vergonzante”.
Así se expresaba la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz a preguntas del senador del Partido Aragonés (PAR), Clemente Sánchez-Garnica, sobre si los inspectores de trabajo deberían ampliar sus competencias en las administraciones públicas.
Díaz compareció el pasado jueves en el Senado para dar cuenta de su gestión en los últimos meses, especialmente sobre la reforma laboral ya en marcha y responder a las preguntas de los respectivos grupos parlamentarios.
El senador del PAR, que en los últimos dos años se ha caracterizado por su defensa del personal temporal publico en fraude de ley, volvió a hacer la misma pregunta que le hiciera a Miquel Iceta en abril del 2021, cuando era ministro de Administraciones Públicas.
“Pero no hay respuesta concluyente. Ni Iceta antes, ni Díaz ahora han querido responder a esa pregunta. Nadie quiere responsabilizarse de este asunto y pasan los meses y la situación empeora por momentos”, explica a Confilegal el senador.
Sánchez-Garnica le hizo esta pregunta cuando la ministra dedicó parte de su exposición a elogiar el trabajo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, del que alabó su actividad en distintos frentes.
“Por eso quise que se mojara y nos explicase qué escenario habría con los inspectores de trabajo en las administraciones públicas, pero no quiso contestar a la cuestión”, explica.
Sobre la respuesta de Díaz a su pregunta, este senador opina que “la sensación que tengo es que estaba de acuerdo con el planteamiento que le hice de la necesidad de extender a los inspectores de trabajo al ámbito público, pero no quiso decir lo que pensaba, aunque calificó de vergonzante la situación de precariedad en el ámbito educativo y sanitario”.
Cree que “en algunos momentos parece que estás luchando contra una pared. Mientras tanto el Tribunal Supremo, por lo que se refiere a la Contencioso-Administrativo, está reconociendo el abuso de temporalidad, pero sin una sanción expresa al mismo. Estamos totalmente desprotegidos”.
Este senador, abogado de profesión, se lamenta de que “la situación actual es por desgracia el escenario que ya predije en el último Pleno del Senado, cuando se aprobó la ley de reducción de la temporalidad 20/21. Cada Administracion esta haciendo lo que quiere e interpretando dicha ley como le viene en gana”.
“Es curioso que estas administraciones que son las causantes de este problema con la gran bolsa de fraude de trabajadores temporales que existe en nuestro país, tienen ahora la solución en sus manos que se les ha dado y hacen caso omiso a ella”.
Nadie cumple la ley
Sánchez-Garnica explica a Confilegal la situación de Aragón, comunidad autónoma en la que reside, para entender lo que está sucediendo en el resto de comunidades autónomas de nuestro país “intentan adoptar medidas para no aplicar la ley 20/2021 directamente”.
Así recuerda que, a lo largo “del ultimo trimestre del 2021, se han puesto en marcha distintas convocatorias exprés, las aprovechan para interpretar el articulo dos de la ley en el sentido que quieren. Así excluyen muchas plazas de la oferta pública extraordinaria para trabajadores temporales en fraude de ley y que tienen que aprobar antes del 1 de junio próximo. Eso hace que en los ámbitos de sanidad y educación hay muchas plazas que no se convocan. Se reduce a la mínima expresión”.
Esto va a provocar, si nadie lo remedia «una gran conflictividad judicial. El porcentaje de plazas que se van a sacar a esta convocatoria extraordinaria va a ser escaso porque los criterios que se aplican son muy restrictivos”.
A este respecto aclara que “la excusa que utilizan es que hay unos procesos selectivos en marcha. Esos se rigen por la ley de anterior y, por tanto, no es de aplicación la normativa aprobada. Este planteamiento lo veo muy discutible, pero así lo están haciendo”.
Sánchez-Garnica contrasta lo que muchos interinos explicaron la semana pasada en Madrid a Confilegal, durante la manifestación multitudinaria celebrada para protestar por estos incumplimientos. “Muchos profesionales con años de antigüedad a sus espaldas, se están yendo a la calle y perdiendo sus puestos de trabajo. Y nadie dice y hace nada”, recuerda.
También indica que “hemos solicitado la comparecencia de la ministra de Hacienda y Función Publica, María Jesús Montero Cuadrado, y de la secretaria de Estado, Lidia Sánchez, pero de momento han hecho caso omiso a dicho requerimiento”.
La ley 20/2021 sin controles
Desde su punto de vista “ha sido un error que la Administracion General del Estado se haya lavado las manos y dejado las convocatorias en manos de las distintas comunidades autónomas, así como ayuntamientos, comarcas y diputaciones donde cada una hace lo que quiere sin tener en cuenta la ley 20/2021”.
“La norma general es convocar muy pocas plazas en el proceso extraordinario de estabilización”.
Respecto a la fecha próxima del 1 de junio, fecha tope para que las distintas Administraciones presenten sus ofertas de estabilización, este senador se muestra pesimista y reacio a que se amplie el plazo para que puedan presentar dichas ofertas “han tenido meses para hacerlo, no tiene sentido ningún aplazamiento como se rumorea”.
También señala que “no hay nada publicado por el momento. Es posible que el 1 de junio muy pocas Administraciones públicas hayan cumplido con la ley. Pero el verdadero problema es que, aunque incumplan dicha norma, no les va a pasar nada. No habrá sanciones de ningún tipo y eso es inaceptable”.
Sánchez-Garnica está pendiente de Confilegal y de las noticias que fluyen de esta publicación. “Es interesante la cuestión prejudicial planteada por el juzgado contencioso de Barcelona porque cuestiona muchas cosas. Pero el problema es que la justicia es muy lenta en resolver este tipo de cuestiones. Luego habrá que ver como resuelve el TJUE y cómo lo interpretan nuestros jueces”.
Todo lo que regula esta ley está sujeto a interpretaciones, según el senador. «No sabemos las plazas que irán al concurso de estabilización realmente, pero es que luego la baremación se ha dejado muy abierta para que las Comunidades Autónomas lo gestionen”.
Otra cuestión polémica es la baremación de los méritos en ese concurso extraordinario En muchos casos la experiencia es como mucho del 40 por ciento.»Todo depende de la negociación que en cada administracion se haga con los sindicatos. Todo muy abierto y poco claro”.
Al final de todo este gran problema, “lo único que queda claro es que se quiere reducir la temporalidad, tal y como ha pedido la UE en varias ocasiones, pero en este caso no supone la estabilización al mismo tiempo de los numerosos trabajadores temporales en fraude de ley”.
Lo peor de todo es que “hay funcionarios, como es el caso del director G¡general de Función Pública de Aragón que manifestó públicamente que la ley 20/2021 no la iban a cumplir. Ante esta situación solo te queda el camino de los tribunales. Los propios tribunales tampoco son muy receptivos, por el momento”.
Este senador señala que “estamos ante una justicia injusta en nuestro país. No soluciona los problemas en tiempo y forma. Los asuntos se judicializan, pero con pocas posibilidades de éxito. A esto hay que añadir que la Unión Europea, con dos procedimientos de sanción abiertos y muchas reclamaciones no ha hecho nada aún. Nadie entiende la pasividad de Bruselas”.
En este contexto se está produciendo otro conflicto añadido y es “entre interinos, funcionarios y opositores, cuando la situación es más fácil de lo que parece. Hay que partir de la base que hay unas plazas reservadas en abuso de temporalidad y otras que se deben crear para futuros opositores. Pero este guion no se sigue y aumenta la conflictividad”.
