El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su presentación en el Foro de EY, donde explicó sus planes.
La falta de incentivos fiscales y reducciones de cotizaciones sociales hace peligrar los planes de pensiones de empleo de Escrivá
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19/5/2022 06:48
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Actualizado: 19/5/2022 01:16
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En un evento organizado por EY, una de las llamadas «Big Four» (cuatro grandes), el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Jose Luis Escrivá presento las líneas básicas de la reforma de los planes de pensiones de empleo que ahora se encuentra en tramitación parlamentaria.
La idea es que en 2050 el 80 % de la población activa este adscrito a alguno de ellos, frente al 10 % que existe en la actualidad.
A lo largo de esta jornada se puso de manifiesto como estos planes de empleo pueden ser un elemento idóneo, para fomentar el ahorro entre las familias de rentas medias y bajas.
Sin embargo, en un momento como el actual de crisis económica y recesión, parece claro que la futura normativa necesitará de incentivos fiscales y reducciones de cotizaciones para que las empresas hagan las aportaciones de forma periódica.
En este debate participaron Carlos Bravo, secretario general de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO y Andrés Herrero, técnico de planes de pensiones de empleo de UGT; Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA; Martín Godino, socio director de Sagardoy Abogados; y por parte de EY, Juan Pablo Riesgo, socio de People Advisory Services (PAS) y responsable de EY Insights; Jaime Sol, socio director de PAS y Olga Cecilia, socia responsable de Compensación y Beneficios de PAS, quienes aportaron su visión de la situación actual.
En su intervención Escrivá señalo que “el proyecto del Gobierno busca alcanzar a colectivos que hasta ahora no han tenido acceso a este tipo de mecanismos, como los trabajadores de las PYMES, los autónomos y los empleados públicos de entidades pequeñas o medianas”.
El ministro también destacó que la nueva norma “ya está teniendo efectos aún antes de estar aprobada”, como lo evidencia la reciente firma del VII Convenio General del Sector de la Construcción, por el que patronal y sindicatos se comprometen a desarrollar planes de pensiones de empleo al amparo de la futura ley”.
De la tramitación en el Congreso se sabe que esta iniciativa legislativa indica que tendrán la consideración de planes de pensiones de empleo simplificados cuatro modalidades: planes promovidos por las empresas incluidas en los acuerdos colectivos de carácter sectorial; planes de pensiones de empleo del sector público promovidos por las administraciones públicas; planes de trabajadores por cuenta propia o autónomos, promovidos por asociaciones, sindicatos, colegios profesionales o mutualidades de previsión social, y planes de pensiones de socios y socias trabajadores y de socios de trabajo de sociedades cooperativas.
El periodo de enmiendas ya se ha cerrado, y se espera que enseguida se constituya la ponencia de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para que después se debata en dicha comisión y, si se aprueba la propuesta, pase al Senado. La intención inicial del ministro Escrivá era que se apruebe antes del 30 de junio, como objetivo presentado a Bruselas en la recepción de Fondos Europeos.
EL GOBIERNO HA DESNUDADO UN SANTO PARA VESTIR A OTRO SANTO
Por su parte Pilar de Frutos, presidenta de la patronal aseguradora UNESPA, fue crítica con la idea de Escrivá. Señaló que la idea de un nuevo pilar de capitalización es apropiada y hay muchos ejemplos que seguir fuera de nuestras fronteras.
“A su juicio, El Gobierno ha cometido dos grandes errores en su diseño. El primero es desnudar un santo para vestir a otro santo. Es decir, apostar por el ahorro colectivo en las empresas retirando el apoyo a los fondos de pensiones privados, como si fueran vasos comunicantes, algo que la experiencia demuestra que no es así”.
Otro error que destacó es que “este proyecto del Gobierno lo fía todo el crecimiento o surgimiento de ahorro en el ámbito de las empresas a la ilusión por el proyecto de unos empresarios escasamente incentivados para ello y que al mismo tiempo deben sostener el incremento de cotizaciones derivado del mecanismo de equidad intergeneracional».
Martín Godino, socio director de Sagardoy Abogados, explicó en su intervención, como hecho relevante desde el punto de vista laboral, “que se haya encargado a la negociación colectiva que impulse los planes de pensiones en las empresas pequeñas de forma imperativa”.
Este es un gran salto y una medida de eficacia, desde su punto de vista, porque “hasta ahora cada empresa decidía si hacia el plan de pensiones para sus empleados. Ahora si hay un plan de pensiones para todo el sector como en el caso de la construcción, ese plan de pensiones será obligatorio para todas las empresas de dicha actividad”.
Para este experto “la negociación colectiva en esta materia debe tener suficiente imaginación El problema de estos sistemas a largo plazo es que pactes algo en el tiempo que no se pueda mantener. Es imprescindible que la negociación colectiva deje determinado los supuestos a los que está sujeta la aportación. Que diseñe un plan de pensione flexibles en cuanto a costes y aportaciones que deban hacer empresas y trabajadores”.
En declaraciones a Confilegal, Godino indica que es partidario “sobre todo lo que debe tener incentivos en vías de cotizaciones a la Seguridad Social. Las empresas no pueden seguir pagando las cotizaciones que abonan y al mismo tiempo tener que abonar estas aportaciones a los planes de pensiones. Eso lo hace inviable”.
Desde su punto de vista “lo que más efecto sería es que se transformarse parte de la renta salarial en la aportación al plan de pensiones es que hubiera beneficios de cotización a la Seguridad Social. Estas deducciones afectarían directamente a la empresa, los incentivos fiscales serían más para el trabajador. Ahí se podría hacer un mayor esfuerzo para que las empresas realicen sus aportaciones sin que sea un coste adicional”.
REFORZAR LOS INCENTIVOS PARA LAS EMPRESAS
Para Juan Pablo Riesgo, socio de People Advisory Services y responsable de EY Insights, tras concluir el evento señalaba a Confilegal que “el impulso del pilar 2 del sistema de pensiones puede ser un instrumento interesante para la mejora de la suficiencia de las pensiones de los trabajadores en el futuro y una oportunidad para que las empresas refuerzan su compromiso con los trabajadores de cara a que tengan un futuro mejor”:
Riesgo cree que para que se cumpla el objetivo del ministro Escrivá, que es pasar de una situación en la que hay un 10,% de la población activa cubierta con estos planes al 80% en el 2050,que es su plan, “además del impulso de la negociación colectiva que incorpore estos instrumentos como así viene promovido por la ley, habría que establecer diferentes incentivos fiscales”.
En un contexto actual de costes laborales, «tras haber aumentado el Salario Mínimo Interprofesional un 40 % en los últimos años, de haber incrementado las cotizaciones sociales de bases máxima por la vía del cliente intergeneracional, si eso unimos el resto de costes de las empresas de materias primas, energía y transporte y otro coste que sería la aportación a estos planes, habría que activar si se incorpora a la ley incentivos fiscales adicionales a las empresa, esencialmente sobre el impuesto de sociedades y la reducción adicional de cotizaciones a la Seguridad Social”.
Riesgo cree “las aportaciones habría que empezarlas a darlas en el corto plazo. Para ello hay que ayudarles a que no sea un coste más porque de lo contrario no la harán y que sea atractivo hacerlas. Y si la hacen será en detrimento de la retribución salarial de los empleados, lo que podría tener un impacto en la renta disponible de los trabajadores”.
En este contexto apuesta por “maximizar el uso de los Fondos Europeos para la implantación de determinadas reformas, esta podría ser una de ellas. Creo que se podría valorar que alguno de estos incentivos ficales pudiera estar total o parcialmente financiados con estos recursos europeos en el corto plazo, de esa manera podría echar andar el sistema”.
De forma complementaria, “si estamos en una situación de déficit presupuestario como la que estamos y se están aumentando los impuestos y las cotizaciones como se están incrementando, una alternativa que se debe abordar es un programa de consolidación fiscal. No es solo aumentar impuestos sino reducir gastos. A este sentido habría que ver algún proyecto donde se redujera el gasto para que las empresas hicieran estas aportaciones”.
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