"El Ministerio de Justicia se ha comprometido a la urgente elaboración de un nuevo arancel y en este momento nos encontramos trabajando codo con codo con el Ministerio a los efectos de acelerar su trámite", explica en esta entrevista Juan Carlos Estévez.
Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores: «Pronto tendremos un nuevo arancel»
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02/6/2022 14:52
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Actualizado: 02/6/2022 15:26
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El presidente del Consejo General de Procuradores de España (CGPE), Juan Carlos Estévez, confía firmemente en que se va a encontrar una solución a los aranceles. El CGPE está negociando con el Ministerio de Justicia. En esta entrevista lo explica todo.
¿Cuál es el tema que más le preocupa en estos momentos?
Pues, la entrada en vigor de la Ley 1521, trajo como consecuencia la necesidad de promulgar un Real Decreto en el plazo de un año para desarrollar las cuestiones arancelarias que la ley contiene, lo que implicaba la modificación del actual arancel, o la elaboración de uno nuevo.
Estas previsiones reglamentarias se vieron alteradas por la necesidad del actual Gobierno de promulgar con toda urgencia el Real Decreto, lo que permitiría cerrar el expediente Europilot abierto en Bruselas al Reino de España, según nos manifestó el propio Ministerio.
Esto produjo una gran distorsión de los planes previstos ya que los procuradores tuvimos que asimilar las disposiciones del Real Decreto relativas al arancel sin la creación de un nuevo texto arancelario, lo que produce una gran pérdida económica a todos los procuradores de España, imposible de asumir.
Para paliar esta situación, el Ministerio de Justicia se ha comprometido a la urgente elaboración de un nuevo arancel y en este momento nos encontramos trabajando codo con codo con el Ministerio a los efectos de acelerar su trámite.
Personalmente creo en la buena disposición del equipo del Ministerio, con su ministra al frente.
¿En qué otro frente están trabajando?
En la adquisición de mayores competencias para los procuradores en el ámbito de la ejecución de sentencias, también con el Ministerio de Justicia.
A tales efectos, tenemos una reunión de trabajo, dentro del Ministerio, con técnicos y cargos del mismo, así como con los letrados de la Administración de Justicia.
Este es un tema que venimos trabajando desde hace muchos años y sobre el que nos gustaría dar otro paso más adelante.
Confiamos en que esta vez, se cumplan nuestras expectativas. No me cabe la menor duda de que el informe elaborado por la empresa Sigma Dos a instancias de este Consejo General ha sido y puede ser determinante para mejorar la ejecución en España, y para ello, nada mejor que contar con nosotros, los procuradores.
¿Cómo es posible que siendo tan pocos procuradores tengan tanta presencia institucional y tanta penetración?
Creo que es una labor de muchos años de relaciones. Para ello hay que contar con credibilidad y apoyar al Gobierno de turno, colaborar con ellos, cumplir los pactos y los acuerdos.
Nosotros somos el máximo productor de enmiendas. No hay ley que vaya en beneficio de la Justicia a la que no le hagamos enmiendas de mejora.
Se las enviamos a todos los grupos parlamentarios. Alguna vez hemos conseguido dar la vuelta una ley con el apoyo de distintos grupos parlamentarios.
En un reciente encuentro con la prensa, usted afirmó que en España se dejan de ingresar más de 10.000 millones de euros por sentencias no ejecutadas. Algo falla en el sistema, ¿no le parece?
El informe, realizado por este Consejo, junto a Sigma 2, nos recuerda que uno de los grandes problemas de la justicia española es el trámite en la ejecución de sentencias.
Son muchos los casos en los que, tras obtener una sentencia favorable, esta ejecución sufre un gran retraso.
El plazo medio en ejecutar una sentencia en Hungría, Estonia, Lituania, Bélgica, Escocia, Francia y Luxemburgo va de los ocho días a los seis meses.
En España de seis a 12 meses. Solo Grecia supera este periodo: de 12 a 15 meses.
Es bueno recordar, que, según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial en España apuntan a que “en 2019 sólo se habían ejecutado una de cuatro sentencias civiles que estaban en trámite durante ese año”. Aproximadamente el 60% del total de sentencias civiles tramitadas son sentencias de ejecución dineraria, que tienen un importe medio de 10.000 euros.
España es el único país de su entorno en el que la ejecución de las resoluciones no depende del procurador. Esto sería una de las claves para explicar, a juicio de los procuradores, el problema que hay a la hora de ejecutar las sentencias.
De este modo, aseguran que la centralización de la última fase judicial en esa figura supondría más rapidez y eficiencia, sobre todo si esta medida se ve acompañada de la necesaria inversión en herramientas digitales.
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