El recurso de apelación de Eduardo Zaplana, interpuesto por su abogado Daniel Campos, exfiscal Anticorrupción, subraya que no se han podido encontrar indicios de culpabilidad contra el exministro Eduardo Zaplana y pide el archivo de la causa.
Zaplana solicita que se archive su causa por no existir pruebas de delitos y por las irregularidades en la instrucción
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14/6/2022 16:41
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Actualizado: 14/6/2022 16:44
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Después de una instrucción de siete años y tras estudiar el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado –con lo que se termina la fase de instrucción y se prepara la de juicio oral–, el abogado del exministro y expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, ha solicitado, mediante un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia, el archivo de la causa por no haberse demostrado que haya perpetrado los delitos que provocaron su apertura.
Daniel Campos, socio de Cortés Abogados y exfiscal Anticorrupción, afirma en un escrito muy trabajado de 32 páginas, que el auto de la magistrada María Isabel Rodríguez, titular del Juzgado de Instrucción 8 de Valencia no cumple con las condiciones del artículo 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Dicho artículo dice que hay constatar la existencia de «indicios fundados» y de una «base indiciaria sólida» en el supuesto pago de comisiones por las adjudicaciones del servicio de ITV y el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana (PECV). Y el auto en cuestión, de 2 de junio pasado, no lo hace, dice el abogado.
«Resulta sumamente difícil defenderse de un relato tan sumamente desordenado y falto de precisión. Si el relato no describe cuál es la resolución prevaricadora por parte de mi representado, ¿cómo podemos defendernos, negar su existencia o justificar su legalidad?», afirma Campos.
«No existe, ni en el sumario ni fuera de él ninguna resolución firmada por mi representado en relación a las ITV o al PECV. No nos resulta posible atisbar cómo pudo ser el señor Zaplana autor de dicho delito», añade.
El exfiscal Anticorrupción llama la atención sobre la decisión de la magistrada de desestrimar la petición de emitir una Orden Europea de Investigación a Holanda para conocer quiénes son los beneficiarios reales de la compañía Natland FinancieringmaatsChappi BV y el interrogatorio a tres testigos.
«Parece necesario saber quién está detrás de una entidad como Natland, que es citada hasta 16 veces en el auto de la magistrada», subraya Campos.
«El Juzgado no puede afirmar que Natland era una sociedad controlada por don Eduardo Zaplana –o por cualquier otra persona– sin haber hecho un mínimo intento de averiguar las personas que tenían poderes, daban las órdenes y eran los titulares de Natland», destaca el abogado.
Recuerda que Natland es una sociedad holandesa que coopera con España, que se encuentra en un país donde tiene sus cuarteles generales Eurojust y donde están desplazados magistrados y fiscales españoles para conseguir una respuesta rápida y eficaz a las peticiones de ayuda internacional. Como esta, si se realizara.
Campos también llama la atención sobre la negativa de la magistrada de instrucción a investigar elementos esenciales de las imputaciones, como la toma de declaración a los componentes de la mesa de adjudicación de las ITV y de la comisión de selección del PECV. «Lo cual no le impide considerar que las adjudicaciones a empresas relacionadas con el grupo SEDESA estuvieron amañadas».
«Se ha denegado que prestaran declaración los destinatarios de fondos procedentes de las compañías controladas por el señor [Washington Fernando] Belhot [Fierro], quienes podrían declarar si esos fondos fueron finalmente a manos de mi representado o no. Sin embargo, esto no ha imposibilitado que se diga que el señor Zaplana era el propietario de los fondos», aclara Campo.
RELATO PRECOCINADO
Así lo describe el exfiscal Anticorrupción, que ataca la presencia en la causa del mencionado ciudadano uruguayo, Belhot, del que dice que se le ha asegurado la inmunidad a cambio de su colaboración.
La exención de responsabilidad de un partícipe con la finalidad de obtener pruebas incriminatorias contra otro bajo la promesa, no amparada en la ley, de no formular imputación penal no es posible. Sería un «pacto ilegal con el representante del Ministerio Fiscal».
«El sometimiento de mi representado a un proceso en el cual la principal prueba incriminatoria se habría obtenido a través de un medio que en nuestro Derecho sería ilícito, por derivar de un acuerdo que garantiza la inmunidad a un presunto partícipe vulneraría el contenido esencial del derecho a un proceso público con todas las garantías y sin indefensión, derecho que reconocen el artículo 24 de la Constitución Española y el artículo 6 del Convenido Europeo de Derechos Humanos», dice Campos.
«El testimonio comprometido por Fernando Belhot tuvo como único objetivo evitar la propia imputación, prestando declaración en secreto, a presencia de su abogado y sin que una vez levantando dicho secreto se nos haya permitido su reiteración, evitando así que pudiera ser sometida a la lógica confrontación».
Su declaración «no merece una mínima credibilidad».
CRÍTICO CON LA GUARDIA CIVIL
Campos recuerda que Belhot dio dos explicaciones distintas sobre un mismo asunto. Y recuerda que en el marco de la Operación Lezo, ante el Juzgado Central de Instrucción dijo una cosa y en esta de Zaplana ha dicho otra.
«En su dudoso afán por alcanzar la verdad, el Juzgado se ha negado a aportar a estar causa dichas declaraciones», refiere el abogado.
«A pesar de todo lo anterior, cualquier dato y cualquier interpretación es admitida» por la instructora «si puede ser utilizado para mantener la historia de la Operación Erial», el nombre que tiene esta pieza.
Un ejemplo de lo anterior, afirma Campo es la transcripción que supuestamente tuvo lugar entre Zaplaza y Belhot en el Hotel Wellington.
Según la transcripción real, Zaplana dice: «yo tengo mi sueldo, que es un buen sueldo… yo puedo sacar… que no pasa nada pero no puede sacar cinco millones del primero porque no los tengo ahora porque me he metido en un problema, pero segundo, porque aunque los tuviera».
La transcripció obrante en el sumario, según la Guardia Civil, dice: «Yo tengo mi sueldo, que es un buen sueldo… yo puedo sacar (ininteligible), que no pasa nada, pero no puedo sacar cinco millones de… primero porque no los tengo ahora porque me he metido en un problema, pero segundo que es que aunque los tuviera…».
«Sin duda, la Sala podrá percatarse de que no es lo mismo decir ‘no puede sacar cinco millones del primero’ que decir ‘no puedo sacar cinco millones de… primero porque no los tengo», señala el abogado.
Es una conversación esencial porque según se desprende de la versión judicial, Zaplana tiene a buen recaudo más de 15 millones de euros. Lo que no se desprende de la transcripción primera.
El abogado también llama la atención sobre el inicio de la causa que, a su juicio, es un ejemplo de investigación prospectiva, fruto del registro al despacho de abogados Blasco Morales, llevado a cabo el 1 de junio de 2015, en el que se llevaron documentación de todo tipo. Documentación para la que no tenían cobertura y que validaron como un «hallazgo casual» 163 días después.
«Parece evidente que la Guardia Civil no cumplió con lo ordenado por el Juzgado de Instrucción 18 [el Juzgado que ordenó la actuación] y excediéndose claramente de lo límites marcados por el Auto que autorizaba el registro y debía limitarse a ‘documentos y archivos directamente relacionados con los hechos que se investigan como documentación de Imelsa, Berceo Mantenimientos o empresas relacionadas con las anteriores'».
La Guardia Civil, según Campos, accedió en ese proceso a los «protocolos notariales de la sociedad Servicios de Excavaciones, cuya denominación actual es Asedes Capital, S.L., donde se encuentran dos de gran importancia relacionados ocn las socieddes Imisón Internacilonal, S.A. y Fenix Investments,S.a., ambas domiciliadas en Luxemburgo».
El abogado recuerda el carácter secreto del protocolo notarial. «Sin embargo, no consta que la Guardia Civil dispusiera de mandamiento judicial o del Ministerio Fiscal para realizar ‘tales gestiones tendentes a comporbar la existencia real de dichas sociedades así como la finalidad a la que podría responder su constitución. Ni consta dicho mandamiento ni creemos que ningún juez o fiscal de este país estuciera dispuesto a acceder a una petición con semejante grado de indefinición».
Por ello, y por otras razones, Campos considera que no hay base para continuar con la causa y pide su archivo.
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