Fallece la vocal del CGPJ, y magistrada, Victoria Cinto, tenía 63 años
Victoria Cinto en una foto tomada poco después de tomar posesión como vocal del CGPJ, en 2013. Foto: Confilegal.

Fallece la vocal del CGPJ, y magistrada, Victoria Cinto, tenía 63 años

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30/6/2022 11:53
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Actualizado: 30/6/2022 11:57
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María Victoria Cinto Lapuente, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha fallecido esta mañana en San Sebastián víctima de un cáncer. Cuando fue nombrada, para formar parte del órgano de gobierno de los jueces, en 2013, había vencido exitosamente a esa enfermedad.

Su desaparición ha dejado en estado de «shock» a los miembros del CGPJ, que han suspendido la celebración del Pleno que tenían previsto para hoy.

Cinto tenía un carácter muy abierto y era muy apreciada entre sus compañeros. Había cumplido los 63 años el pasado 24 de marzo.

La vocal, y magistrada, llevaba de baja desde hacía varios meses. Era juez de carrera desde hacía 34 años y 7 meses y tenía el número 646 en el escalafón judicial.

Pertenecía al grupo de 13 vocales «part time», que compaginaba su servicio como magistrada en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Guipuzcoa con su participación en el CGPJ, en su Comisión Disciplinaria, formada por siete miembros.

Cinto estaba afiliada a la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia. Entre 1999 y 2010 presidió la mencionada Audiencia Provincial de Guipuzcoa. También fue decana de los Juzgados de San Sebastián.

Entre octubre de 2010 y diciembre de 2012 asumió la Viceconsejería de Justicia del Gobierno vasco, cuando el socialista Patxi López fue lehendakari.

Con su desaparición, el CGPJ, que está formado por 20 vocales y el presidente, Carlos Lesmes, se queda con 19 miembros. El pasado mes de marzo se jubiló, al cumplir 72 años, Rafael Fernández Valverde, con lo que tuvo que dejar su puesto.

El Consejo no ha fijado nueva fecha para abordar la propuesta que 9 vocales habían realizado para exhortar al Congreso de los Diputados para que recabe la opinión del CGPJ sobre la proposición de ley que impulsa el Grupo Socialista en el Congreso, modificando la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el fin de poder elegir a los dos magistrados del Tribunal Supremo cuya renovación hay que realizar y que le corresponden al Gobierno.

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