Además, recuerda la importancia de "visibilizar la separación de poderes y evitar confusiones" a la ciudadanía sobre las actividades que se desarrollan en el inmueble. Foto: TSXG
El TSXG se opone al traslado de la Diputación de Orense al edificio de la Audiencia
Destaca que este cambio, aunque fuese temporal, supondría "una intromisión de otras administraciones públicas en espacios destinados a la actividad judicial"
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01/7/2022 13:36
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Actualizado: 01/7/2022 13:46
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La Sala de Gobierno del ‘Tribunal Superior de Xustiza de Galicia’ (TSXG) se opone al traslado del personal y servicios de la Diputación Provincial de Orense a la sede del Palacio de Justicia de dicha capital, sede de la Audiencia Provincial.
El presidente de la Audiencia Provincial de Orense, Antonio Piña, ha dado hoy cuenta ante la Sala de Gobierno de la reunión técnica, de la que se hacen eco varios medios de comunicación, mantenida ayer entre distintas autoridades provinciales de Orense y autonómicas, en la que se habría planteado la posibilidad de trasladar la Diputación a la sede de la Audiencia.
Tras analizar la información, la Sala ha acordado dirigirse a la Xunta de Galicia, por medio de la ‘Dirección Xeral de Xustiza’, recordando que, de conformidad con el artículo 4 (apartado ñ) del Reglamento 1/2000, de los Órganos de Gobierno de Tribunales, “las actividades ajenas a la función judicial en edificios judiciales o sus dependencias no podrán llevarse a cabo sin el acuerdo de la Sala de Gobierno, siendo examinado el asunto por la Comisión Mixta en caso de discrepancia”.
Añade que lo mismo ocurre con los supuestos de desafectación a la función judicial, recogidos en el apartado n.
En todo caso, el órgano de gobierno de los jueces a nivel autonómico, reunido en comisión y por unanimidad, ha acordado también anticipar su criterio desfavorable a este posible traslado de la Diputación, aunque fuese temporal, porque supondría “una intromisión sobrevenida de otras administraciones públicas en espacios destinados a la actividad judicial”.
Indica, asimismo, que los inmuebles destinados a actividad judicial “deben preservarse a tal fin, con objeto de visibilizar la separación de poderes y evitar confusiones sobre las actividades y condiciones del ejercicio que corresponde a un poder del Estado, como es el judicial, y a otras administraciones que no se encuentran comprendidas dentro del mismo”.
Por otra parte, los jueces de instrucción de La Coruña y Vigo volvieron a reiterar el pasado 15 de junio a la Xunta su petición de guardias de 24 horas. Todavía no han recibido respuesta alguna, según ha podido saber Confilegal.
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