El magistrado del Juzgado de lo Mercantil 11 de la capital de España, Manuel Ruiz de Lara, tomó parte ayer al mediodía en el noveno, y penúltimo panel del Segundo Congreso Mercantil de Madrid, que tuvo lugar entre el jueves y el viernes en el Casino de Madrid, a una centena de metros de la Puerta del Sol, bajo el título «La nueva Ley Concursal».
Como director del Congreso, no lo había proyectado así. Pero ocurrió. El jueves, mientras arrancaba este Congreso, en el otro, en el Congreso de los Diputados, a apenas 500 metros de distancia, sus señorías aprobaban sin oposición dicha Ley Concural.
«Ha sido una coincidencia», confesaba ayer Ruiz de Lara a Confilegal. «Durante estos dos días hemos analizado de arriba a abajo este proyecto de reforma que, ahora, tiene que ir al Senado. Tengo que confesarle que la mayoría de los magistrados de lo Mercantil somos muy críticos con varios aspectos de la reforma, en especial con la Segunda Oportunidad».
Al magistrado le sorprende sobremanera esa ausencia de oposición a como ha quedado este asunto en la reforma de la ley, en especial por parte de los diputados progresistas.
«Me sorprende que no se haya tocado en enmiendas el tema del crédito público. Porque si excluyes el crédito público de la segunda oportunidad la gente que tiene menor capacidad económica va a tener que cargar con esa losa a sus espaldas. No van a poder iniciar una segunda acividad económica. No van a poder reciclarse», explica Ruiz de Lara.
«Y me sorprende que algunos grupos parlamentarios, que defienden precisamente la inclusión de los ciudadanos, de dar oportunidades a las clases más desfavorecidas, no solo no hayan presentado enmiendas en ese sentido sino que tampoco hayan votado en contra de esa parte del proyecto de reforma», añade.
El magistrado también es muy crítico con la redacción de algunos preceptos, porque no es particularmente clara. Y, en algunos puntos, hasta contradictoria. «Con lo cual va a haber mucha interpretación. Y mucha dispersión en esa interpretación», augura.
Los agujeros negros de esta reforma, opina, terminará resolviéndolos el de siempre: el Tribunal Supremo, «cuando toque. Lo que pasa es que hasta que llegue al Supremo va a pasar tiempo».
El tema del crédito público –todas las deudas son «perdonables» menos las que se hayan contraído con Hacienda y Seguridad Social– «es muy posible que llegue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea vía cuestión prejudicial para que diga la última palabra. Con la previsión de que, durante el tiempo que tarde en pronunciarse, todos los procedimientos se verán suspendidos hasta que el el tribunal de Luxemburgo se pronuncie».
