David Ruiz, CEO de Kuailian –en la foto–, y David Ruiz, fundador de la plataforma, temen por sus vidas de testitficar en persona ante el magistrado Joaquín Gadea, refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.
Los investigados del ‘caso Kuailian’ advierten de que tener que testificar en Madrid pone en riesgo sus vidas
También el funcionamiento de la plataforma
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03/7/2022 06:50
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Actualizado: 03/7/2022 00:47
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David Ruiz y Cristian Albeiro, investigados por el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid, Joaquín Gadea, por una supuesta estafa piramidal con criptomonedas, insisten al juez que se les permita declarar en la causa por videoconferencia desde Emiratos Árabes, donde tienen fijada su residencia y las de sus familias, y desde donde opera actualmente la citada plataforma de Kuailian.
La intención es “salvaguardar su integridad física, los activos de los usuarios y el cumplimiento de sus obligaciones”, señalan fuentes de Kuailian.
Estos medios aseguran que la plaforma está abonando a sus usuarios cerca de 1.000.000 de dólares mensuales solo en contratos de recompra de sus licencias.
Pero el principal obstáculo que aconseja prestar declaración a través de videoconferencia es, además, y entre otros, de índole familiar; es decir, Ruiz y Albeiro están amenazados de muerte en España (ellos y sus familias).
Ese fue el motivo, junto a la campaña mediática contra ellos, por el que ambos cogieron a sus hijos y demás familia y se instalaron con la compañía y los activos de esta en Emiratos.
El principal obstáculo que aconseja prestar declaración a través de videoconferencia es, además, y entre otros, de índole familiar; es decir, Ruiz y Albeiro están amenazados de muerte en España (ellos y sus familias)
Y es que llegó un momento en que no era viable tener que pagar seguridad personal a sus hijos, el mayor de 18 y el menor de 3, en el caso de Ruiz, para que fuesen al colegio o instituto, y de ahí que ambos optaran por cambiar de residencia. Entonces no había ningunas diligencias judiciales contra ellos.
Según fuentes del entorno de Ruiz y Albeiro, no entienden porque el magistrado no les permite, como ocurre con otras muchas personas a diario en la Audiencia Nacional, poder prestar declaración mediante medios telemáticos, “que precisamente existen para situaciones específicas de este tipo”.
Y más aún cuando tres de los principales querellantes iniciales, al ser preguntados por el juez, no se opusieron a que la declaración fuese por videoconferencia.
HAN SUFRIDO AMENAZAS DE MUERTE, DE ROBOS Y EXTORSIÓN
Ambos investigados abundan en que, fruto de la campaña y acusaciones realizadas contra Kuailian desde el anonimato, han sufrido amenazas de muerte, de robos y extorsión.
Y que, recientemente, justo en la fecha en la que fueron citados por el Juzgado para declarar, sufrieron un hackeo en la plataforma.
Los atacantes creyeron que Ruiz y Albeiro se habían desplazado a España para comparecer ante el juez. Ruiz y Albeiro lograron detectar el «hackeo», pero no pudieron evitar el robo de una importante suma de activos.
“Estaban esperando que nos fueramos para atacar la plataforma, y la cuestión es que hay miles de usuarios detrás de ella a los que hay que proteger”, señalan.
Las defensas de Ruiz y Albeiro afirman que “se dan los elementos necesarios para la práctica de la declaración por videoconferencia. Hay serios motivos que la justifica, los ya enunciados, y que la petición es acorde con el derecho de defensa y las garantías de confidencialidad, respeto del derecho de defensa, a las garantías procesales y demás protocolos técnicos que deban adoptarse”.
Y, todo ello, según la defensa, “en aras de agilizar la justicia, tal y como llegó a interesar ante el propio juez una de las acusaciones”.
De momento, “el juzgado instructor no ha acortado” esta medida telemática “pese a ser un derecho amparado por la normativa procesal y práctica habitual en otros supuestos similares”, sostiene la defensa.
UN CASO INICIADO SOLO POR TRES QUERELLANTES
El procedimiento contra Kuailian lo iniciaron solo tres tres querellantes. Los demás hasta los 200 actuales se adhirieron a los citados tres afectados, una mínima parte teniendo en cuenta que la compañía posee ahora unos 65.000 usuarios.
Solo 200 de ellos reclaman la devolución del ETH (ETHEREUM) invertido.
Y ello a pesar de que la propia Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Polícía Nacional indica en un informe que los usuarios no invertían en ETH, y sin tener en cuenta que alguno de los querellantes han obtenido ganancias de un 4.000 % sobre la inversión realizada en la plataforma.
Otro dato que esgrimen los investigados para que el juez acceda a tomarles declaración telemática es la enorme dificultad que conllevaría desmontar el sistema operativo de la plataforma, que está en Dubái.
Ruiz y Albeiro aseguran que desde el inicio del procedimiento “están colaborando con el procedimiento”, ya que han aportado a la causa “la documentación requerida por el Juzgado”
“Un nuevo traslado acarrearía unos costes inasumibles en el presente momento, y, además, no se sienten seguros en España. Sienten que se les está conminando a elegir entre prestar declaración o incumplir con las obligaciones asumidas con sus 65.000 usuarios, lo que les ha provocado un estado de ansiedad extremo que les ha llevado a necesitar asistencia médica.
“¿Quién se haría cargo de los daños y perjuicios sufridos si se impide a mis clientes operar en el tráfico comercial?”, se pregunta la defensa.
Ruiz y Albeiro aseguran que desde el inicio del procedimiento “están colaborando con el procedimiento”, ya que han aportado a la causa “la documentación requerida por el Juzgado”, la cual, por otro lado, “acredita la ausencia de pruebas incriminatorias y la existencia de los masternodos con los que han generado los rendimientos repartidos entre sus usuarios”.
A juicio de las defensas, antes de adoptar ninguna medida, el juzgado instructor “debería indicar y explicitar qué motivos o actividad probatoria tiene para afirmar la existencia de indicios delictivos de presunta estafa”.
“No hay ninguna prueba documental que acredite ilícito penal alguno “más allá de cábalas o conjeturas”, e instan al juzgado a que especifique qué indicios de irregularidad o presunta estafa hay”.
Las defensas de Ruiz y Albeiro invitan a la UDEF a solicitar cualquier aclaración que precise sobre “la ingente documentación ya aportada” a la causa y lamentan “la enorme dificultad y daño” que ha supuesto para “la actividad diaria de la firma” que se esté divulgando por los medios de comunicación información de las actuaciones judiciales.
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