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La doble cara de la SAREB tras su nacionalización: deuda pública y adjudicación comercial privada
Guillermo Rocafort es profesor de Economía Pública y Economía de la Empresa en la Universidad Carlos III de Madrid; licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciado en Derecho por la UNED, con diploma en Estudios Jurídicos Avanzados por la Universidad Autónoma de Madrid.
11/7/2022 06:47
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Actualizado: 10/7/2022 23:20
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Ya lo apunté con mi último artículo sobre la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) publicado en Confilegal y titulado “El Ministerio de Nadia Calviño y el FROB ante la gestión de la ruina de la SAREB: dudas, elusiones y responsabilidades”.
El Real Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero, estableció normativamente la vía para su nacionalización por la vía de que el FROB adquiriera más del 50% de su capital social, como consecuencia de que la Comisión Europea ordenara un año antes que el Estado Español considerara al Banco Malo (la SAREB) como un ente público a los efectos de contabilidad y estadística, lo que supuso la consideración de su deuda privada como deuda pública (endose de 35.000 millones de euros a los españoles) y sus pérdidas acumuladas, como mayor déficit presupuestario de las cuentas públicas del Estado.
El artículo primero, punto 5 de dicho Real Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero, fijó claramente que la SAREB se someterá al régimen de contratación que le corresponda de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, es decir, que la contratación de la SAREB que contempla el Real Decreto de su nacionalización debe someterse a las normas aplicables para el Sector Público.
Sin embargo, en dicho Real Decreto de nacionalización existe igualmente una Disposición transitoria única que establecía lo siguiente: la «SAREB deberá adaptarse a las especialidades del presente real decreto-ley con la entrada en vigor del mismo y en todo caso en el plazo máximo de 3 meses desde el momento en que la participación del FROB [Autoridad de Resolución Ejecutiva, con anterioridad, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria] ,en la sociedad sea mayoritaria”.
Por lo tanto, se establece un plazo de exención legal de tres meses para someterse a las normas de contratos del Sector Público desde que el FROB adquiera la mayoría de su accionario, periodo que como veremos ha servido para que la asignación de la política comercial de la SAREB se haya adjudicado según normas que no son las de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
En otras palabras, la Sareb ha adjudicado a Hipoges y a Anticipa-Aliseda, entidades pertenecientes a Fondos Buitre, la gestión de préstamos e inmuebles por casi 25.300 millones de euros tras su Nacionalización al margen de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Es decir, todo cambia en la SAREB en lo relacionado con su naturaleza y deuda, que pasan de ser privadas a ser públicas, para que su política comercial privada siga igual que antes.
Las fechas de la nacionalización, su materialización y la adjudicación de la gestión comercial del SAREB no cuadran
El FROB anunció el 5 de Abril de 2022 que tras la adquisición adicional del 4,24% del capital social de la SAREB, había alcanzado una participación mayoritaria del 50,14%, lo cual se había notificado formalmente a la Sociedad, como se puede advertir en esta nota de prensa (pinchad aquí).
Y ha sido menos de una semana después de su completa nacionalización, el 11 de Abril de 2022 cuando la página web oficial del SAREB informa de la adjudicación analizada (pinchad aquí).
“El Consejo de Administración de [la] SAREB ha aprobado la adjudicación a Hipoges y a Anticipa-Aliseda de los servicios de gestión y comercialización de su cartera de inmuebles y préstamos por un valor cercano a los 25.300 millones de euros.
«Las dos firmas habían sido preseleccionadas a finales de febrero para convertirse en los servicers de [la] SAREB a partir de julio de 2022, momento en el que entrarán en vigor los contratos tras la migración de las carteras a cada uno de los operadores”.
Consultada esta cuestión en base a La Ley de Transparencia a la propia SAREB para conocer qué normas se han aplicado en cuanto lo que es el principal y más estratégico contrato de dicha entidad nacionalizada, como es la adjudicación de la gestión comercial de su cartera de activos, el Banco Malo reconoce implícitamente que no se han aplicado las normas de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público cuando afirma con su carta de 7 de julio de 2022 que:
“El proceso ha seguido la normativa aplicable a [la] SAREB a la fecha (recordemos que la compañía tenía mayoría de capital privado tanto en el momento de arranque del proceso como en el momento de la decisión de adjudicación)”.
No parece claro que la SAREB tuviera la mayoría de capital privado en el momento de la decisión de adjudicación, pues el ente público FROB tenía la mayoría de su capital desde el 4 de Abril de 2022 y la adjudicación fue anunciada el 11 del mismo mes y año, pero aún más grave que lo anterior es que los hitos más relevantes del largo proceso de adjudicación analizado, incluida la preselección en Febrero de 2022, se haya llevado tras el Decreto de su Nacionalización, y queda muy feo y sospechoso que se haya aprovechado el plazo de adaptación de tres meses para este fin.
Una futura y necesaria auditoría sobre la SAREB
En el FROB y en la SAREB deben pensar que los españoles somos tontos y aunque a una gran mayoría estas cuestiones les resbalan, aunque sean los que tengan que pagar la fiesta, todavía quedamos españoles a los que todo esto no nos hace ninguna gracia.
Convendría hacer una comparativa de la fracasada y ruinosa política comercial que ha seguido la SAREB con respecto a la exitosa del Banco Malo irlandés (NAMA – The National Asset Management Agency), cuya deuda privada fue cancelada antes de lo previsto y que, además, está dando abultados beneficios al Estado Irlandés, pero eso ya lo dejo para otro artículo porque cada vez que abordo un nuevo asunto sobre el Banco Malo español o SAREB, cosa que llevo haciendo desde su creación en el 2012, me sobresalto aún más que la última vez, excediéndose toda capacidad de asombro y estupor financiero ante esta ruina que nos han asignado a los españoles con la complicidad del espectro parlamentario.
El día que se proceda a una verdadera e independiente auditoría de la estafa de la SAREB a los españoles, quien la ordene tendrá que nombrarme a mí por méritos acreditados como su máximo coordinador, y ya adelanto que no cobraré ni uno solo euro de los españoles en este nuevo servicio a mi expoliada Nación.
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