Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, ha abierto juicio oral al ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y al exsenador ‘popular’ David Erguido, junto a otras doce personas, por las presuntas irregularidades en los contratos adjudicados a la empresa Waiter Music para la celebración de las fiestas populares en distintos municipios de la Comunidad de Madrid (CAM).
Los delitos que García Castellón les imputa son los de prevaricación administrativa, fraude en la contratación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil, en el marco de la pieza separada 7 de ‘Púnica’.
El instructor también ha enviado a juicio a los ex alcaldes de Valdemoro José Carlos Boza y José Miguel Moreno; a los ex ediles de Móstoles Esteban Parro y Daniel Ortiz; a los ex regidores María Ángeles Herrera (Ciempozuelos); y Carlos Alberto Estrada (Moraleja de Enmedio).
Completan la lista la ex directora general de la empresa pública Arpegio Carmen Plata; los exjefes de Gabinete del Ayuntamiento de Valdemoro María del Carmen Benito y Alfredo Ovejero; y los exconcejales Rafael Marín (Ciempozuelos), Ricardo Godino (Moraleja de Enmedio) y Lorenzo del Triunfo (Algete).
Además, García Castellón acuerda «fijar prudencialmente» como responsabilidad civil las cantidades de 300.000 euros para Granados y de 50.000 euros para los otros trece encausados.
El magistrado ordena asimismo «realizar una investigación de la capacidad económica de los acusados, a los efectos de la posible multa interesada y/o de la
indemnización solicitada, en su caso».
LA CAM RECLAMA PARA GRANADOS 7 AÑOS DE PRISIÓN
García Castellón recoge las acusaciones formuladas por las distintas partes, entre las que destaca la de la Fiscalía Anticorrupción, que interesa que Granados sea condenado a 6 años de cárcel y 46 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por dos delitos continuados de fraude en la contratación, dos delitos continuados de prevaricación administrativa y un delito continuado de prevaricación.
Para Erguido, el Ministerio Fiscal reclama que sea sentenciado a 2 años y 8 meses de cárcel y 19 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación administrativa y un delito continuado de fraude en la contratación.
En cuanto a la responsabilidad civil, propone que se determine durante la fase de ejecución de la sentencia que se dicte en su día en base a «los sobrecostes que se declaren probados», pero sí señala como responsables civiles subsidiarios a las empresas Waiter Music y Saranais.
Por su parte, la Comunidad de Madrid, personada en calidad de perjudicada, reclama para Granados una condena a 7 años de cárcel, 28 de inhabilitación y una multa de 364.200 euros por delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, fraude a las administraciones públicas y malversación de caudales públicos.
La CAM solo formula acusación contra otra persona más: Carmen Plata Esteban. Para ella, pide 4 años de cárcel y 16 años de inhabilitación por malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa.
El Ayuntamiento de Valdemoro, que también ejerce la acusación particular, se ha adherido al escrito de Anticorrupción, que para los ex alcaldes José Carlos Boza y José Miguel Moreno plantea 4 años y 10 meses de cárcel y 38 años de inhabilitación y 2 años y 8 meses de prisión y 19 de inhabilitación, respectivamente.
El Ejecutivo de Móstoles pide para los ex ediles Esteban Parro y Daniel Ortiz 14 años de cárcel y 37 de inhabilitación por falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y fraude en la contratación.
RECHAZA INCLUIR AL PP COMO PARTÍCIPE A TÍTULO LUCRATIVO
A ellos se suma la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), bajo cuya coordinación actúa el PSOE, que solicita que Granados sea condenado a 38 años de cárcel y una multa que asciende a los 15,5 millones de euros por los contratos con Waiter Music.
Además, el PSOE pedía incluir al PP como partícipe a título lucrativo, algo que García Castellón rechaza por su «extemporaneidad».
Y es que, razona, «estas pretensiones de responsabilidad civil se introducen ‘ex novo’ por la acusación popular», dado que hasta ahora no lo había planteado.
De acceder a ello, explica el magistrado, podría ser necesario realizar nuevas indagaciones o requerir nuevos datos, lo que supondría retrotraer el procedimiento «en un momento procesal en el que ello resulta imposible».
Afea asimismo que «la petición de responsabilidad directa y solidaria se realiza sin concretar la cuantía ni los hechos o acciones concretas de los que emana», «limitándose a una genérica pretensión nacida de su ‘intervención'».
VERBENAS Y FESTEJOS VARIOS
En su auto de procesamiento, dictado hace casi un año, García Castellón describía una dinámica de presunta adjudicación irregular de contratos públicos a Waiter Music y otras sociedades propiedad de José Luis Huerta para la organización de verbenas y festejos populares en cinco Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid como son Valdemoro –donde Granados fue alcalde– Algete, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio y Móstoles.
En muchos casos, según el relato judicial, tal relación comercial fue posible debido a que los diferentes expedientes administrativos, cuando los había, estaban predeterminados para que fuesen adjudicados a Waiter o a empresas controladas directa o indirectamente por Huerta.
Así, se podía contar con una empresa que, por una parte, realizaba los festejos de conformidad y, por otra y muy importante, «proporcionaba unos servicios extras a requerimiento de los políticos, bien en extras decididos al momento de las fiestas, bien prestando servicios privados para actos del PP municipal, bien para alguno de sus miembros que no eran nunca facturados».
Huerta habría realizado dichos encargos para seguir contando con el favor de los diferentes políticos municipales en la adjudicación de festejos, asumiendo el coste de algunos directamente y, en otros casos, presentando facturas por un importe mayor al propio del beneficio mercantil del coste de los actos.
El instructor destacaba el ‘Night of the proms’, un evento que se viene organizando en distintos países europeos y del que se encaprichó el ex dirigente madrileño. Se destinaron 225.000 euros de subvención pública y 80.000 euros que provenían de Arpegio. El empresario aseguró al juez que perdió 75.000 euros en esta operación.
