La juez de la Sección de instrucción especializada 2 de la Batllia d’Andorra (Alcaldía de Andorra), Stéphanie Garcia, ha designado a la unidad de investigación económica y financiera de la policía judicial de su país –un grupo de élite– para que investiguen la rama andorrana de la ‘Operación Cataluña’, ideada para frenar el separatismo catalán, en la que están imputados el expresidente Mariano Rajoy y los exministros Jorge Fernández, de Interior, y Cristóbal Montoro, de Hacienda.
García ha ordenado a los agentes de esa unidad que «lleven a cabo todas las investigaciones oportunas para esclarecer la verdad».
La «Operación Cataluña» fue el nombre que recibió la trama de la Policía española, de la que formaba parte el comisario José Manuel Villarejo, y por la que se provocó la intervención del la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) –Red de Ejecución de Delitos Financieros– del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a la que engañaron haciendola creer que la Banca Privada de Andorra (BPA) y su filial, el Banco Madrid, estaban facilitando el blanqueo de sus capitales a organizaciones criminales internacionales.
Una simple nota de la FinCEN provocó, el 12 de marzo de 2015, que en 48 horas tanto la BPA como el Banco Madrid fueran intervenidos en Andorra y España.
Lo que buscaba la «Operación Cataluña» con ello era forzar a los dueños de la BPA a colaborar para que les entregaran toda la información sobre el dinero que Jordi Pujol y su familia tenían en esa entidad financiera del Principado.
La campaña de «Fake News» de la policía «patriótica», según los audios de Villarejo, fue construida con informaciones, que no tenían base ni en pruebas ni en evidencias acreditadas.
Los hechos denunciados en las querellas están relacionados con supuetas extorsiones, coacciones y chantage desde 2014 por parte de agentes de la Policía Nacional a responsables de la BPA para conocer «mediante vías ilegales» una información bancaria secreta protegida por la legislación andorrana» de varios gobernantes de la Comunidad Autónoma de Cataluña, principalmente Artur Mas y Oriol Junqueras, además de Pujol.
La juez de instrucción García ha encargado la investigación a estos agentes «porque los hechos guardan una cierta relación con la entidad –Banca Privada de Andorra–. Es necesario, por ello, nombrar a los agentes de policía judicial que han tenido conocimiento de las diferentes causas judiciales que afectan a la entidad BPA y que forman parte de la unidad de investigación económica y financiera del servicio de policía para que, en funciones de auxilio judicial, lleven a cabo todas las investigaciones oportunas para el esclarecimiento de la verdad, entregándoles copia íntegra de la causa, y autorizándolos. a intercambiar información con los cuerpos judiciales extranjeros en particulares a los españoles«, dice la providencia.
La instructora quiere saber también qué elementos incriminatorios utilizó la policía patriótica para proceder contra el antiguo CEO de la BPA, Joan Pau Miquel. El antiguo gerente de la BPA pasó 23 meses en la cárcel, acusado de delitos que después se han revelado falsos.
Entre los querellados se encuentran también Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Interior, Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policía Nacional, y algunos miembros de la «brigada patriótica» que también se habrían personado en el procedimiento judicial.
La querella contiene acusaciones de delitos de amenazas, extorsión, chantaje, coacciones y falsedad documental.
Las presiones maquinadas contra la BPA desencadenaron su intervención y, tras siete años de gestión pública, su ruina. Los principales accionistas exigen ahora a los Gobiernos de España y Andorra un total de 642 millones de euros en concepto de indemnización.
