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Rajoy, Montoro, Fernández, la justicia andorrana comienza a moverse en los casos BPA y Banco de Madrid

Carlos Berbell
Rajoy, Montoro, Fernández, la justicia andorrana comienza a moverse en los casos BPA y Banco de Madrid
Los audios de Villarejo han terminado por convencer a la juez de instrucción andorrana que hay serios indicios de que el anterior presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, dos exministros, un exsecretario de Estado y la excúpula de la Policía urdieron una conjura que terminó con el cierre de dos bancos solventes por negarse a entregarles datos privados de las cuentas de Pujol y Mas en Andorra.
16/6/2022 06:48
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Actualizado: 16/6/2022 03:01
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Los audios publicados por el nuevo diario de investigación Fuentes Informadas y por El País finalmente han conseguido hacer mover las pesadas ruedas del engranaje de la justicia andorrana sobre los casos Banca Privada de Andorra (BPA) y Banco de Madrid. Dos bancos que vieron su fin en 2015 por medio de lo que parece habe sido una trama urdida por la llamada «policía patriótica», de la que el comisario jubilado, José Manuel Villarejo era su cabeza más visible.

Las afirmaciones del policía, explicando que la Policía Española engañó a la Financial Crime Enforcement Network (FinCen) –Red de Ejecución de Delitos Financieros– del Departamento del Tesoro de Estados Undios, haciéndole creer que desde BPA y su filial, Banco de Madrid, estaban lavando dinero negro procedente de rusos, chinos, venezolanos y el cártel mexicano de Sinaloa, provocó que la FinCen enviara una «Notice» (aviso) al regulador andorrano, el Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF).

En solo 24 horas –sin más, porque el «primo de Zumosol» lo dijo– la BPA fue intervenida, y su CEO, Joan Pau Miquel, arrestado; 48 horas más tarde le sucedió lo mismo en España al Banco de Madrid, una entidad financiera bien gestionada y de solvencia demostrada.

En cuestión de días, una «Fake News» elaborada por lo que parece ser que era la cúpula de la Policía Nacional española se cargó un grupo bancario internacional con fines claramente espúreos: conseguir la colaboración de esas autoridades bancarias para que les entregaran toda la información sobre las fortunas ocultas de Jordi Pujol y su familia y Artur Mas, quien meses antes había provocado la organización del primer referéndum proindependentista del 9 de noviembre de 2014.

La idea detrás de esta operación, con claros visos de ilegalidad, era acumular suficiente información económica sobre estos personajes para descarrilar el movimiento secesionista en ciernes en aquellos momentos.

Ahora, la juez de instrucción 2 de Andorra, Stéphanie García García, tras escuchar con detenimiento dichos audios, ha reactivado la causa tirando a lo más alto y para abajo: imputando nada menos que al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al exsecretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, al exdirector general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, al exdirector adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino –el jefe de Villarejo–, y al inspector jefe Bonifacio Díez.

La causa fue iniciada en 2015 por Juristes Drets y L’Institut de Drets Humans d’Andorra (Idha) a la que después se unieron el presidente de BPA, Higini Cierco i Noguer, y el CEO de BPA, Joan Pau Miquel, semanas después de las incautaciones de ambos bancos.

Por los supuestos delitos de coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y creación de documentos falsos.

Fue dirigida, en un principio, contra Celestino Barroso, inspector jefe de la Policía Nacional agregado en la Embajada española en Andorra, y Marcelino Martín Blas, exjefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía.

En 2020 se hizo una segunda ampliación de querella contra el exDAO, Eugenio Pino y Bonifacio Díez supuestos delitos de falsedad de documentos, por remitir información falsa a las autoridades estadoundienses para perjudicar a BPA.

Ahora la cosa va, además, contra Rajoy y Montoro por un supuesto delito contra los órganos constitucionales por presuntamente intimidar al jefe del Gobierno andorrano y a sus ministros para que liquidasen la entidad financiera.

Lo que tiene ante sí la juez andorrana es una investigación sobre una conjura que, de ser cierto, parece más propia de la imaginación calenturienta de un guionista de series de televisión

A Fernández Díaz, a Martínez y a Cosidó les imputan los supuestos delitos de amenazas, extorsiones y chantaje.

Todo parece indicar que los audios de Villarejo han terminado por convencer definitivamente a la juez García García de que todo lo que los afectados denunciaraon en 2015 tiene serios visos de ser verdad. La verdad.

Si uno se fija bien, es toda la cadena de mando. De abajo hasta arriba, hasta el que entonces era el presidente de Gobierno.

Lo que tiene ante sí la juez andorrana es una investigación sobre una conjura que, de ser cierto, parece más propia de la imaginación calenturienta de un guionista de series de televisión.

Una conspiración que sin tener naturaleza judeo-masónico-comunista –como se solía decir en los tiempos de Francico– si tiene toda la apariencia de estar en contubernio con la subversión contra el mismo estado de derecho de España en el que dos entidades financieras respetables y muy solventes fueron sus víctimas.

En este caso el periodismo ha cumplido su función: ser el «perro guardian» de la democracia, según la definición de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Ahora le corresponde a la juez andorrana aclarar las responsabilidades de cada uno de los imputados y hacer justicia. Lo que debe pasar obligatoriamente por resarcir a los dueños de BPA y Banco Madrid y restituirles el honor que la «policía patriótica» les robó de un modo nada «patriótico».

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