El cierre del Banco Madrid fue provocado por la negativa de su matriz, la Banca Privada de Andorra, a colaborar con la policía española en la entrega de información sobre el dinero de Jordi Pujol y familia y de Junqueras. Foto: Confilegal.
El 10 de octubre la AN decidirá cómo compensar a los propietarios del Banco Madrid por su cierre «político»
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08/10/2023 00:45
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Actualizado: 08/10/2023 07:56
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Son 141,6 millones de euros lo que hay en juego. Es la indemnización solicitada por los daños y perjuicios sufridos, según sus accionsitas. El valor de las pérdidas sufridas por el cierre del Banco Madrid decretado por el Banco de España en 2015. Cuando el Gobierno estaba presidido por Mariano Rajoy Brey..
Ese 10 de octubre, el martes próximo, los magistrados José Luis Gil Ibáñez, Margarita Pazos Pita y Fátima de la Cruz Mera, de la Sección Sexta de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, tienen que dar salida a este procedimiento, el número 1871/2021, cuya vista se celebró en la primera parte de este año.
El Banco de España ordenó la intervención del Banco Madrid en marzo de ese 2015 después de que su homónimo de Andorra, el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF), dispusiera la intervención de la Banca Privada de Andorra, entidad matriz del Banco Madrid.
El Banco de Madrid fue la víctima inocente de la llamada “Operación Cataluña”. La consecuencia de una campaña de «Fake News». Urdida por la llamada «policía patriótica» –el comisario José Manuel Villarejo y otros elementos– para forzar a sus dueños a que les entregaran todos los datos sobre el dinero que tenía Jordi Pujol y familia y Oriol Junqueras en la BPA. Fue en el comienzo de lo que dos años más tarde se conocería como el «procés». El intento de secesión de Cataluña de España.
ACUSACIONES INFUNDADAS
Investigaciones posteriores demostraron que estas acusaciones eran infundadas. Audios del comisario emérito José Manuel Villarejo, publicados por el periódico fuentesinformadas.com, indican que la verdadera razón detrás de estas acciones fue una venganza de la ‘policía patriótica’ española contra la BPA, porque sus dueños se negaron a proporcionarles ninguna información. .
Incluso se registró una amenaza previa, que quedó documentada, en la que un funcionario de Interior en la Embajada de España en Andorra advirtió al CEO de la BPA que debía proporcionar la información requerida sobre los independentistas, o de lo contrario, el Banco de Madrid sería intervenido.
En el momento de su intervención por el Banco de España, el Banco Madrid contaba con 14.800 depositantes y 74.000 partícipes en fondos de inversión. Su coeficiente de solvencia era del 38,40 % frente al 12,10 % de la banca española.
Y su índice de morosidad era del 1,92% frente al 13,61 % de la media del sector.
Gestionaba 6.000 millones de euros en activos y custodiaba 695 millones de euros en depósitos. Dos tercios del negocio del BPA procedían del Banco de Madrid.
Era una de las entidades financieras españolas más solventes; empleaba a 300 trabajadores.
Todos los procedimientos que se abrieron contra el Banco Madrid desde 2014 hasta ahora han sido archivados, tanto en la jurisdicción mercantil como en la penal. El SEPBLAC archivo el 24 de agosto de 2021 el expediente sancionador abierto por ausencia de pruebas.
Santiago Roselló, exdirector de BPA, fue absuelto del delito de blanqueo de capitales en 2018.
SEGÚN EL BANCO DE ESPAÑA, LA RECLAMACIÓN “HA PRESCRITO”
Los accionistas del Banco Madrid, Roser Noguer Enríquez, Ramón Cierco Noguer y las «personas jurídicas» Cierco Martínez 2 2003, S.L., y Succesors d’Higini Cierco García, S.A., han proporcionado al tribunal de la Audiencia Nacional informes y valoraciones que detallan los daños económicos sufridos.
Esta suma debe ser compensada por el Estado español, ya que fue su Gobierno el que intervino en el Banco de Madrid sin una base justificada, según lo han confirmado con sus sentencias los tribunales.
El Consejo de Gobierno del Banco de España desestimó la reclamación patrimonial presentada por los accionistas del Banco Madrid. En una resolución de 28 de mayo de 2021 argumentó que la reclamación había prescrito y, por lo tanto, no había que pagar un euro.
Algo de lo que disienten los abogados del Banco Madrid. De prescrito nada. Reclamaron dentro de plazo –el 25 de septiembre de 2020– porque hasta ese momento había imperado la prejudicialidad penal. Cuando ese frente quedó despejado, como mandan los cánones.
Ante este panorama, este tribunal de la Audiencia Nacional tiene que optar, en su sentencia, por una de tres soluciones: La primera, el caso está prescrito, abrazando así la tesis del Banco de España; la segunda, no está prescrito y envían el asunto al abogado de Estado para que dictamine si tienen derecho a indemnización; y la tercera, está prescrito y se condena al Banco de España a indemnizar a los antiguos dueños del Banco Madrid.
La primera de las opciones tendría consecuencias claras: un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
En esencia, esta decisión plantea una pregunta fundamental sobre el estado de derecho en España y si se respaldará o se corregirá una acción injusta que ha infligido un daño significativo a los accionistas, quienes se han visto atrapados en las consecuencias negativas de un proceso político como el «procés», en sus orígenes.
EL CONTEXTO, VITAL PARA ENTENDER LO OCURRIDO
El contexto es vital para entender la historia. Hay que recordar que el 9 de noviembre de 2014, cinco meses antes, el sucesor de Pujol en la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, se había liado la manta a la cabeza y había celebrado un simulacro de consulta sobre la independencia de Cataluña.
No tenía valor jurídico alguno –como la del 1 de octubre de 2017–, es cierto, pero sirvió para que el separatismo catalán mostrar su fuerza en la calle con concentraciones como la cadena humana de 400 kilómetros que unió los dos extremos del movimiento.
Había que «pinchar el globo». Lo que se hizo creando una «Fake News» de libro. Creando un relato con informaciones que no tenían base ni prueba alguna.
La «policía patriótica» hizo creer a la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) –Red de Ejecución de Delitos Financieros– del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que, desde BPA, estaban facilitando el blanqueo de sus capitales a organizaciones criminales internacionales.
Lo cual no era verdad.
Lo que no hizo la “policía patriótica” fue investigar al AndBank, banca rival de la BPA, donde estaban las cuentas que buscaban, según ha desvelado Villarejo, quien afirma que recibieron órdenes de no hacerlo porque había la sospecha de que el Rey Emérito tenía allí una cuenta secreta. De haberlo realizado posiblemente habría salido a la luz.
La consecuencia fue que el Banco de España intervino el Banco de Madrid a la par que el Gobierno de Andorra había intervenido a su matriz, la BPA, lo que llevó a la caída de la que en ese momento era la segunda entidad más solvente de Europa.
Hoy, bajo el control del Gobierno del Principado, la BPA enfrenta una deuda de casi 500 millones de euros.
En total, los daños sufridos por BPA y Banco Madrid ascienden a unos 650 millones de euros.
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