El presidente de CSIF prisiones, Jorge Vilas, y el de ACAIP-UGT, José Ramón López, han anunciado la retirada de la firma de ambas organizaciones del Protocolo Específico de Actuación frente a las Agresiones en los Centros Penitenciarios (Peafa) «por los constantes incumplimientos de Interior».
Ya se lo han comunicado, por escrito, tanto al Ministerio del Interior como a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Función Pública, y a la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.
Vilas y López denuncian que tras más de cinco años del Peafa «no se ha avanzado en la consecución de los objetivos que se plateaban». Así lo manifestaron el pasado viernes en una rueda de prensa en la que desgranaron los motivos que les han llevado a tomar esta decisión y en la que reiteraron las reivindicaciones que les llevaron en julio a movilizarse frente a las delegaciones de Gobierno de todas las comunidades autónomas con centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Según han explicado, tras denunciar el pasado 12 de julio en una rueda de prensa las «deficiencias» del sistema penitenciario español y cómo afecta a sus trabajadores, «con un déficit de personal de cerca de 3.000 plazas y una agresión cada 36 horas a un trabajador penitenciario», y las movilizaciones del día 14 frente a las «graves agresiones» registradas en las últimas semanas, el día 18 se celebró una reunión extraordinaria del Peafa solicitada por ambas organizaciones sindicales, por el aumento de las agresiones a los trabajadores penitenciarios, que se saldó «sin avances significativos».
Estos sindicatos critican que «no se ha reforzado» el papel de participación de los Delegados de Prevención en el conocimiento y análisis de las agresiones a los empleados públicos penitenciarios; no se ha facilitado a todos los trabajadores penitenciarios el Plan de Formación de prevención y respuesta ante conductas agresivas; y que no se han tomado «medidas de protección jurídica», como reconocer la condición de autoridad y una nueva catalogación de las infracciones disciplinarias.
Además, destacan que no existe «apoyo psicológico» al trabajador agredido ni se ha elaborado una Guía de asesoramiento jurídico al personal afectado, y afirman que el proceso de investigación de la agresión «no solo debe quedar en manos del subdirector de Seguridad».
CSIF y ACAIP-UGT hacen hincapié en que los datos que manejan muestran que todas estas agresiones no son incidentes aislados, ya que en 2021 se registraron una media de 456 incidentes regimentales graves o muy graves, mientras que este año se situaba en 280 a fecha de 31 de mayo, y sólo en el mes de julio, al menos 18 funcionarios han resultado lesionados en distintos incidentes en las prisiones dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, algunas de ellas «de extrema gravedad», que han puesto en serio riesgo la integridad física de los funcionarios de prisiones, como la ocurrida el pasado 1 de julio, cuando un interno del centro penitenciario Murcia II atacó a un trabajador con la tapa de una lata de conservas causándole un corte en el cuello, «a milímetros de seccionarle la yugular».
En su comparecencia han vuelto a poner de manifiesto la «falta de respeto que la administración penitenciaria tiene a sus trabajadores».
Según señalan, «una prueba de ello es la revista publicada en el Centro Penitenciario de Estremera, donde se ha insertado un artículo firmado por un interno en el que acusa sin ningún pudor a los empleados públicos, sin pruebas y sin que medie denuncia oficial ante ningún órgano ni judicial ni administrativo de hechos tan graves como asesinato». Motivo por el que ambos sindicatos estudian presentar una querella contra el autor del artículo y contra el editor de la revista, la administración penitenciaria.
«Es inconcebible que desde la administración se permita la publicación de un artículo de esta naturaleza en el interior de un centro penitenciario, degradando la imagen pública de los trabajadores y acusándolos de posibles delitos sin justificación más allá que las declaraciones de un interno», manifiestan indignados.
Y advierten que desde CSIF y ACAIP-UGT no van a tolerar ni una humillación más del colectivo.
Por último, subrayan que la retirada de la firma del Peafa es un acto muy relevante dentro del conflicto colectivo que ambas organizaciones mantienen con la administración desde septiembre de 2021, y que «continuará con nuevas acciones hasta que sean atendidas las reivindicaciones del colectivo, como la reclasificación de centros y el ajuste de las remuneraciones a las funciones realizadas, así como la declaración de agente de autoridad o la cobertura de las cerca de 3.000 vacantes que existen en las prisiones españolas».
