Los sindicatos CSIF, CCOO, UGT, Acaip y CIG han convocado una nueva huelga general del 17 al 20 de noviembre; la tercera, tras las celebradas el pasado 24 y 26 de octubre.
¿Por qué hacen huelga los funcionarios de prisiones?
José Manuel Couso, portavoz de CSIF, explica en Confilegal qué reivindica el colectivo, así como los “mazazos” y “desplantes” que han recibido del Gobierno ante sus demandas
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12/11/2018 07:00
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Actualizado: 15/11/2018 17:33
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Los funcionarios de prisiones, que vigilan y custodian a más de 59.400 presos en España, están “hartos de su precaria situación laboral”: un sueldo que consideran escaso, plantillas mermadas, envejecidas y poco formadas, aumento de las agresiones, empeoramiento de sus condiciones laborales… Así lo manifiesta a Confilegal José Manuel Couso, portavoz de prisiones de CSIF.
Couso, de 57 años, trabaja en la cárcel de Alcalá Meco. Empezó en 1985 en esta profesión y 33 años ha sufrido un sinfín de sustos, como por ejemplo cuando le rodearon 20 etarras en el patio protestando porque que habían llevado a aislamiento a un compañero suyo.
Ha recibido más de un guantazo de los internos y un mordisco, de un recluso al que iba a cachear. “Cuando fui a echarle mano, me mordió en el brazo y tuve que hacerme pruebas de todo”, relata el portavoz de CSIF.
José Manuel Couso (a la izquierda) en la movilización que hicieron el pasado 17 de octubre frente al Ministerio de Interior./ CSIF
Explica que “es fácil” que se revuelvan contra los funcionarios y les peguen cuando tienen que separarlos de una reyerta, cuando no quieren abandonar la celda o cuando saben que un interno tiene droga y van a cachearle para decomisarla.
Dice que “gracias a Dios” él no ha sido de los más agredidos y no ha tenido agresiones muy graves”. Recuerda que hace unos meses un preso le arrancó un trozo de oreja a un funcionario y que “los intentos de acuchillamiento son frecuentes”.
El colectivo asegura vivir un “calvario” desde que empezaron los recortes como consecuencia la crisis, y encima se siente “abandonado” por el Ejecutivo, tanto por el Gobierno actual de Pedro Sánchez como por el anterior de Mariano Rajoy, algo que llevan año y medio denunciándolo con movilizaciones.
Protesta en Valdemoro en junio de 2017 en el marco de unas movilizaciones a nivel nacional para exigir «un sueldo digno y un aumento de plantilla»./ CISF
Los sindicatos demandan “retribuciones dignas”, y un aumento de personal de unos 3.500 funcionarios “para poder incrementar así la seguridad en las prisiones y paliar el aumento de las agresiones que sufren por parte de la población reclusa”.
Además, piden el paso del grupo C al B, una subida de los niveles a todas las plantillas, la aplicación del protocolo para evitar las agresiones, así como la dignificación del trabajo del colectivo, que se les valore y no sólo se escuche hablar de ellos porque sean agredidos, haya alguna fuga o porque hagan movilizaciones de protesta.
Hasta que el Ejecutivo no atienda a sus reivindicaciones, CSIF, CCOO, UGT, Acaip y CIG han decidido hacer huelgas generales.
La próxima será del 17 al 20 de noviembre en todas las cárceles dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIIPP). No afectará a las prisiones de Cataluña, ya que en esta región española están transferidas las competencias en materia penitenciaria, en donde, por cierto, los funcionarios cobran unos 400 euros más de media que los del resto del país.
INTERIOR LES PLANTEÓ UNA SUBIDA SALARIAL EL PASADO SEPTIEMBRE, PERO A LOS TRES DÍAS LA RETIRÓ
El portavoz de CSIF informa que el pasado 24 de septiembre el Ministerio del Interior ofreció un subida salarial al conjunto de la plantilla de prisiones, pero tres días después retiró la propuesta.
“Fue el propio secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, quien nos propuso este aumento de 123 millones de euros en tres años para solucionar el problema que tenemos de la adecuación de los salarios a la carga de trabajo”, relata el portavoz de CSIF, y señala que esto suponía un incremento de unos 125 euros mensuales en las nóminas de los funcionarios.
Ángel Luis Ortiz González, ex asesor jurídico de Carmena, durante su toma de posesión como secretario general de Instituciones Penitenciarias. Miguel Berrocal/ Interior
En aquel encuentro estaban los líderes de los cuatro principales sindicatos de funcionarios de prisiones CC OO, UGT, Acaip y CSIF. Del otro lado, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, acompañado por el responsable de RR HH y varios jefes de área y de sección.
“Nosotros pedíamos algo más, pero como inicio de la negociación nos pareció más que correcto lo que ofreció, claro”, apunta Couso, y explica que la alegría les duró poco en el cuerpo. “A los tres días nos llamó Ángel Luis Ortiz para decirnos que esa propuesta no podía ser y nos convocó para otra reunión el 28 de septiembre”, relata.
Según explica, en esa segunda cita alegó que “no la podía mantener porque es inviable y que tendría que haber hablado con Hacienda y haber seguido el procedimiento adecuado”.
Tras aquello decidieron organizar una plataforma, a la que también se ha sumado la Confederación Intersindical Galega (CIG), y convocar diferentes paros.
Lo “terrible”, según denuncian los sindicatos, es que se les retiró aquella propuesta y ahora “no se les ofrece absolutamente nada”. Aseguran que “el Gobierno ya no atiende a ninguna” de sus reivindicaciones.
Más aún, el portavoz de CSIF denuncia que además del estacazo que llevaron cuando les retiraron el aumento de sueldo ofertado, no han parado de sufrir “desplantes” por parte de diferentes miembros del Ejecutivo.
Cuenta que el pasado 10 de octubre tenían una reunión con la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea Aranguren, para explicarle los motivos de la huelga y que cuando estaban ya en las dependencias del Ministerio esperando a ser recibidos, les suspendieron la cita.
“La secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Botella, dijo que no se hiciera esa reunión. Que la única interlocutora era ella, pero ella tampoco nos recibía”, relata Couso.
Los sindicalistas cogieron tal “cabreo” ante aquella “falta de seriedad”que decidieron encerrarse en el Ministerio hasta que les recibieran. Estuvieron desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la madrugada, y sin comer.
Representantes de CSIF, CCOO, UGT y Acaip durante el encierro. / CSIF
En otra ocasión llegaron a estar más de 20 días en la sede de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, tras el fracaso de una mesa negociadora con el Ministerio del Interior en la que pedían lo mismo. Aquello fue en mayo. Abandonaron el encierro cuando Ortiz se comprometió a recibirlos y se desbloquearon las negociaciones.
Miembros de CSIF y Ángel Ortiz cuando el pasado junio acordaron retomar las negociaciones y los sindicatos abandonaron su encierro./ CSIF
En octubre abandonaron la movilización en dependencias ministeriales porque se les prometió que al día siguiente se reuniría con ellos la secretaria de Estado de Seguridad. “Aquella noche salimos tan contentos del Ministerio, pero al día siguiente, una vez allí nos dicen que no hay reunión que valga. Que si nos queremos hablar tiene que ser con el secretario general de Instituciones Penitenciarias”, informa el portavoz de CSIF.
Los sindicatos contestaron que con él ya habían hablado, y ha quedado «deslegitimado para negociar con los sindicatos después de lo que hizo”, y que ahora con quien quieren reunirse era con la secretaria de Estado de Seguridad o con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para intentar desbloquear la negociación que empezaron con Ortiz y que no llegó a buen puerto.
Según informa Couso, la respuesta fue un “no” y por ello decidieron convocar las jornadas de huelga. La primera tuvo lugar el pasado 17 de octubre. Unos 400 funcionarios de prisiones, entre ellos los líderes sindicales, se encadenaron frente a la sede del Ministerio de Interior. Estuvieron desde las 10 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero Marlaska tampoco aceptó reunirse con ellos, indica el portavoz de CSIF.
Entonces decidieron convocar jornadas de huelga. Las hicieron los pasados 24 y 26 de octubre. Esta última en Sevilla, aprovechando que el Consejo de Ministros se celebraba allí.
Manifestación en Sevilla, coincidiendo con la celebración de Consejo de Ministros en dicha ciudad./ CSIF
Con ellas tampoco lograron que se retomase la negociación. Su siguiente paso será la huelga general convocada del próximo sábado al miércoles.
LA VERSIÓN DE MARLASKA
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, mostró el pasado 25 de octubre su respeto a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias que han convocado huelga para exigir que se desbloquee el conflicto laboral que sufre el colectivo.
Aseguró que su Departamento ha tenido «la mano tendida» a los funcionarios de prisiones «desde el principio», ofreciendo y aprobando medidas para mejorar su situación y «con la voluntad cierta y real de seguir dialogando».
Marlaska, sobre la huelga de funcionarios de prisiones: «Me llama la atención que sea ahora y no al anterior Gobierno»./ EP
«Hemos hecho en poco tiempo bastantes actuaciones que no se habían hecho antes», insistió enumerando la oferta de empleo público de 1.000 plazas, el amparo por la Abogacía del Estado a los funcionarios que sufran agresiones o el reconocimiento del periodo de prácticas para que sea computado para el pase a segunda actividad.
En cualquier caso, el ministro del Interior dijo que «el ejercicio legítimo del derecho de huelga» es algo que su Departamento «respeta» porque forma parte de un Gobierno «progresista» y lo tiene incorporado a su «ADN».
«Pero forma también parte de nuestro ADN la colaboración, cooperación y reconocimiento de sus derechos que ya hemos empezado desde el primer momento», terminó diciendo.
«Mucho te quiero perrito, pero pan poquito», expresa Couso sobre lo dicho por el ministro.
SUS REIVINDICACIONES, AL DETALLE
Los sindicatos alertan de la necesidad de “un incremento de plantilla de unos 3.500 trabajadores aproximadamente” porque «sólo se cubren las bajas de los funcionarios que se jubilan y se están abriendo prisiones nuevas».
“Como faltan funcionarios, se controla peor a los internos y hay más agresiones. Además, más de la mitad somos cincuentones. Imagínate lo que supone estar trabajando con jóvenes y en situaciones de mucho riesgo, que hay muchas”, argumenta José Manuel Couso.
Indica que en las cárceles de Madrid 2 Alcalá Meco, Navalcarnero, las prisiones del Sur y las gallegas “hay muchos problemas” y es precisamente porque hay “pocos funcionarios y mayores”.
Por otra parte, señala que carecen de formación porque no se hacen cursos de reciclaje. El portavoz de CSIF dice que lo ideal sería que la Secretaría General hiciera uno todos los años, pero “no los hace”.
También critica que tienen un protocolo específico antiagresiones, pero no se aplica. Además, denuncia que no se traten las agresiones como una cuestión de riesgos laborales, sino como un incidente aislado.
Protesta de trabajadores de prisiones el pasado 8 de noviembre en Valencia, con una pancarta con pinchos intervenidos a los presos./ EP
Los sindicatos reclaman, asimismo, que se haga un estudio estadístico para saber los momentos donde se producen más ataques, las situaciones que son más complicadas, si es en el momento del reparto de la comida, cuando suben o bajan los internos de las celdas.
También piden que se dignifique el trabajo de los funcionarios de prisiones y se les valore. El colectivo denuncia que es “totalmente invisible”, y lamenta no tener siquiera una cuenta oficial de Twitter”.
“Cuando detienen a un individuo peligrosísimo, los siguientes 20 años va a estar en una cárcel, y nos encargamos de su reinserción, sufriendo en el desempeño de nuestro trabajo todo tipo de ataques. ¿De verdad no merecemos lo que estamos reclamando? No es solo cuestión de sueldo, estamos pidiendo al Gobierno que nos ampare, que nos proteja”, concluye Couso.
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