Los agentes de la Policía Nacional destinados en Seguridad Ciudadana podrán utilizar desde el próximo lunes Dispositivos de Grabación Unipersonal (DGU) en sus intervenciones.
En un oficio fechado a 2 de agosto, al que ha tenido acceso Confilegal, se informa de que la Subdirección General de Logística e Innovación del Ministerio del Interior adquirió Dispositivos de Grabación Unipersonal Modelo AB3 para la Dirección General de la Policía (DGP) y que el protocolo de estos dispositivos producirá efectos a partir del 8 de agosto.
La asignación de los mismos «se realizará de forma colectiva a las diversas unidades y servicios, principalmente uniformados y estará restringida al personal de la Policía Nacional destinado en áreas de seguridad ciudadana» -que son los agentes que ejercen sus labores en la calle- y tendrán la consideración de «elemento de dotación policial, de carácter colectivo y de empleo unipersonal».
Seguridad Ciudadana integra diferentes unidades, como las de Intervención Policial (U.I.P.), las de Prevención y Reacción (UPR), la Brigada Móvil, los ‘Zetas’ (G.A.C. y G.O.R.) y guías caninos.
La activación de los DGU se realizará de forma manual por el personal de seguridad ciudadana que requiera su empleo, o bien de forma automática cuando estos dispositivos estén vinculados con otros dispositivos de dotación policial como, por ejemplo, los dispositivos electrónicos de control, que ya están adquiridos, se está formando a los agentes en su uso y serán entregados en breve espacio de tiempo.
El oficio señala que «se dará la oportuna publicidad» para difundir a la ciudadanía la implantación del uso de estos dispositivos como nueva herramienta de uso policial, «destinada a las funciones orientadas a garantizar la seguridad ciudadana», así como para informar de la posibilidad de ejercer el «derecho de acceso, rectificación, supresión y limitación de tratamiento».
El sindicato Justicia Policial (Jupol), mayoritario en el Consejo de la Policía Nacional, celebra que «de una vez por todas, la Dirección General de la Policía haya decidido dotar de cámaras personales a los agentes destinados en áreas de Seguridad Ciudadana», según ha declarado a Confilegal su secretario de comunicación, Pablo Pérez.
Recuerda que esta era una reivindicación que venía realizando Jupol desde hace varios años en el Consejo de Policía, pero critica que «había sido pospuesta por parte de la Dirección General, demostrando, una vez más, la escasa capacidad de diálogo que tiene con las organizaciones sindicales, uno de los motivos que ha llevado a Jupol a presentar el Conflicto Colectivo ante el Ministerio del Interior».
Para Jupol, es «motivo de satisfacción que ahora se pongan a disposición de los agentes estos dispositivos de grabación», y destaca que van a dar «más seguridad, tanto física como jurídica a los policías en sus intervenciones».
Según informa Pablo Pérez, «hasta ahora, varios agentes ya portaban este tipo de cámaras, adquiridas por ellos mismos, pero sin tener un respaldo legal, que les permitían grabar sus actuaciones en las calles y poder valerse de las imágenes recogidas en caso de que existiera alguna complicación durante el servicio».
La asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil), la mayoritaria en el Consejo de la Benemérita, también ha reclamado a la directora general de esta Institución, María Gámez, que se autorice a los guardias civiles a portar dispositivos de toma de imágenes y sonido en sus actuaciones policiales, sobre todo los que prestan servicio en el área de Seguridad Ciudadana, pero también los que desarrollan tareas de control y lucha contra determinados tipos de delincuencia, además de aquellos que intervienen en zonas de especial nivel delicuencial.
Jucil ha solicitado a la Dirección General a través de un escrito que los dispositivos de toma de imagen y sonido pasen a ser elementos de dotación del agente, “sin perjuicio de que puedan ser adquiridos por el propio guardia civil interesado en contar con ello”.
Considera que disponer de un sistema de grabación de toda la intervención policial «beneficia a los ciudadanos, que contarán con un mejor elemento de prueba de cómo han ocurrido los hechos».
