Ni las cartas enviadas por las asociaciones de abogados de víctimas de tráfico a la ministra Nadia Calviño y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, a primeros de julio, ni la última pregunta efectuada por el senador del PP, Fernando de Rosa, en el Senado a la ministra de Justicia sobre si este Ministerio apoya las reivindicaciones de actualizar las bases actuariales, han tenido efecto.
Como ya adelantaba Confilegal hace un mes, dichas bases técnicas que configuran el baremo de accidentes de tráfico siguen sin actualizarse desde diciembre del pasado año y están generando problemas especialmente a los grandes lesionados.
«El no haber entrado en vigor desde el 1 de enero de 2022 les ha supuesto un ahorro a las compañías aseguradoras de unos 45 millones y cada mes de retraso otros 7´5 millones que lo están dejando de cobrar los lesionados con graves secuelas», asegura Manuel Castellanos, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (ANAVA-RC).
Esta asociación en colaboración con otras entidades como Abogados de Víctimas (ADEVI), la Associació d’Advocats de Víctimes d’Accidents de Catalunya (ADAVIAC), enviaban el pasado 1 de julio del 2022 sendas cartas a la vicepresidenta segunda y ministra de Economía Nadia Calviño y a la propia Dirección General de Seguros mostrando su preocupación por que no se hubiera publicado las mencionadas bases actuariales.
Para Alberto J. Salas, presidente de ADEVI desde noviembre del 2021, “el malestar es claro tanto de las distintas asociaciones implicadas en esta reclamación y sus letrados porque este retraso está perjudicando el cobro de muchas indemnizaciones, algunas de las cuales son mucho dinero”.
Salas muestra su sorpresa “porque el Ministerio ha incumplido reiteradamente sus promesas de que se iban a publicar, primero el 1 de enero; luego se habló de julio, y ahora estamos en agosto y no sabemos nada del futuro de dicha actualización porque este es un mes que las cuestiones administrativas se paralizan”.
Desde la aprobación de este baremo indemnizatorio de accidentes de tráfico da la sensación que los operadores implicados se han dividido en dos bandos. Uno en el que están las aseguradoras a las que les interesa pagar rápido y que les cueste poco este trámite y, de otro los intereses de las victimas de accidentes de tráfico donde en muchas ocasiones hay suspicacias por las indemnizaciones que reciben de aquellas.
Castellanos subraya que esta situación es más que indignante y «urgimos al Gobierno a actualizar las bases técnicas que se debían haber realizado a los 3 años de la publicación de la Ley del 2015 y no se hizo. No hay ninguna justificación para ese retraso que beneficia a las aseguradoras y perjudica a los granes lesionados con secuelas”.
“Después aseguraron que tendrían lugar a los 5 años como máximo y han pasado 6 y tampoco se han actualizado. Finalmente se terminaron en la Comisión de seguimiento en 2021 con acuerdo de todas las partes para entrar en vigor el 1 de enero y seguimos sin publicar nada”, comenta.
A continuación, la Dirección General de Seguros comunicó que sufriría un retraso de 6 meses con entrada en vigor el 1 de julio y aquí seguimos esperando”, indica Castellanos.
LOS RETRASOS NO SON FRUTO DE LA MALA VOLUNTAD DE NADIE
Para Miquel Martí Casals, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Granada, hasta hace poco presidente de la Comisión de Seguimiento del Baremo, los retrasos no son fruto de la mala voluntad por parte de nadie porque, al parecer, estos retrasos se sabía que podrían producirse.
“En marzo de este año se habló de una mejora en la actualización de dichas bases porque habían cambiado algunos parámetros. En ese momento la parte más técnica de dicha Comisión de Seguimiento apostó por su actualización. Otros miembros señalamos que dicha actualización podría retrasar su entrada en vigor, como así ha pasado”.
“Se habló del 1 de julio como fecha de salida, pero al final no se ha llegado porque la actualización es compleja y requiere también consultas del Ministerio de Economía con otros organismos. Ha sido la primera vez que se han actualizado dichas bases técnicas y eso también ha influido en la demora”, añade.
Al final la propuesta siguió adelante con esa actualización. “se daba por hecho que iba a entrar en vigor el 1 de julio, pero hay trámites más complejos que otros. Al final faltan documentos, entre ellos un dictamen del Consejo de Estado que no se tiene y que demorará la entrada en vigor de las bases actuariales”.
Martí Casals no cree que haya ninguna negligencia en la gestión de este asunto pese a la demora que se plantea. “No debería haberse politizado como se ha hecho. Ahora la fecha seria que las bases técnicas entrarían en vigor a finales de septiembre del 2022, un día después de su publicación en el BOE, pero no hay nada cerrado”.
Nuestro interlocutor anticipa que una vez que se apruebe la reforma de la Ley del Baremo, de la que ya existe un documento con 50 propuestas de mejora de dicha norma para incorporar, “que previsiblemente se haga con la trasposición de la Directiva de Autos que se implementará antes de finales del año próximo, habrá que aprobar unas bases técnicas nuevas a medio plazo”.
