Aunque la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha tratado de apaciguar a la banca, tanto este sector como el de las empresas energéticas, están convencidos de que van a tener que vérselas con el Gobierno ante los tribunales de justicia, que tendrán la última palabra.
Los tribunales serán el campo de batalla en el que bancos y empresas energéticas dirimirán su conflicto con el Gobierno
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31/7/2022 01:30
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Actualizado: 31/7/2022 01:54
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La idea de los bancos y las empresas energéticas es formar un frente común para defender sus intereses ante los tribunales para combatir el impuesto que el Gobierno quiere aplicarles los dos próximos años. Una tasa «pionera» en la Unión Europea.
Nadia Calviño, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, se reunió el viernes con representantes de los bancos. Pero sus palabras, de que el nuevo impuesto tiene que pasar el trámite parlamentario para incorporar «las mejoras más adecuadas» con el fin de conseguir el objetivo de recaudación, sin afectar de forma negativa al crédito ni a los ciudadanos, no les han convencido.
Los tambores de guerra comienzan a escucharse. El campo de batalla, lo tienen claro, serán los tribunales de Justicia.
Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, adelantó el jueves, durante la presentación de resultados, que la compañía hará “todo lo que esté en nuestra mano para evitar que cualquier medida arbitraria impacte en nuestra compañía”.
Igualmente explícita fue María Dolores Dancausa, consejera delegada en Bankinter, que calificó de injusticia el tributo y avanzó que su entidad va a valorar todas las opciones antes tener que asumirlo.
“Si tenemos resquicios para no hacerlo porque nos asiste el derecho, lo pelearemos”, aseguró.
Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, manifestó públicamente que este impuesto es una medida equivocada y errónea, además de injusta, distorsionadora y contraproducente.
La previsión del Ejecutivo es que la tasa a las empresas energéticas recaude en torno a 2.000 millones de euros anuales, mientras que la que se aplicará al sector bancario haga ingresar al Estado otros 1.500 millones al año. Esto supondría un total de 7000 millones de euros en dos años
La Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas (CECA) afirmaron en un comunicado que este nuevo impuesto “es una medida que no logrará su objetivo de combatir la inflación. Y, además, entorpecerá la recuperación económica y la creación de empleo en un contexto de incremento de los precios y de tensiones geopolíticas”.
Añadieron que “es necesario destacar que el sector bancario español viene realizando una contribución relevante a la economía y a la sociedad española, así como a la sostenibilidad del gasto público a través también de tributos específicos. Una medida de este tipo afecta a las decisiones de crédito y riesgo de las entidades, y también a su capacidad competitiva en el mercado único europeo”.
LA TRAMITACIÓN EN EL CONGRESO, LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD
Desde estos colectivos se insiste en que las asociaciones bancarias “estamos analizando analizando los detalles técnicos y mantenemos nuestra disposición a dialogar con el Gobierno y con los grupos parlamentarios en su tramitación, sobre la base de un adecuado encaje con los principios básicos de nuestro sistema tributario como son los de igualdad, no discriminación y capacidad económica”.
Para el sector bancario, la nueva figura impositiva genera una doble imposición. Prohibida directamente por la Constitución, ya que consideran que ya pagan por esos ingresos en el Impuesto de Sociedades, ya que forman parte del beneficio, que es lo que grava este impuesto.
Por tanto, entienden que se está tributando dos veces por el mismo concepto (doble imposición), que es lo que prohíbe la Carta Magna.
Además, la banca ya sufre un recargo en Sociedades, puesto que se le aplica un tipo del 30 % frente al 25 % del resto de empresas.
Ahora PSOE y Unidas Podemos tienen por delante la tramitación en el Congreso de los Diputados tras el verano de esta proposición de ley, que será susceptible de enmiendas por parte de los diferentes grupos.
La banca ya sufre un recargo en Sociedades, puesto que se le aplica un tipo del 30 % frente al 25 % del resto de empresas
La previsión del Ejecutivo es que la tasa a las empresas energéticas recaude en torno a 2.000 millones de euros anuales, mientras que la que se aplicará al sector bancario haga ingresar al Estado otros 1.500 millones al año. Esto supondría un total de 7000 millones de euros en dos años.
Este impuesto «excepcional y temporal» dirigido a «las grandes entidades financieras que ya han empezado a beneficiarse de la subida de tipos de interés», según argumentan desde el Gobierno, tendrá una duración de dos años.
Según se señala desde el Banco de Santander, esta medida tendrá un efecto restrictivo para la economía, de tal forma que las entidades podrían estar dispuestas a reducir la concesión de créditos por importe de 50.000 millones de euros.
Un varapalo importante a nuestra economía y a las inversiones que necesita nuestro país para salir de la crisis.
DOS AÑOS DE IMPUESTOS
La propuesta pretende gravar temporalmente con un tipo del 4,8 % el margen de intereses y las comisiones netas de las entidades financieras con ingresos superiores a los 800 millones de euros, y con un tipo del 1,2 % las ventas totales de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros al año, así como una sanción para aquellas compañías que trasladen el impuesto a los usuarios.
Será tras el verano cuando se tramite estos nuevos impuestos temporales y extraordinarios que afectarán a las grandes entidades financieras y las grandes empresas energéticas, tanto eléctricas como gasistas y petroleras.
En principio, el nuevo impuesto a las eléctricas recaudaría el 1,2% de los ingresos brutos de los grupos que ganen más de 1.000 millones.
Además, sobre la posibilidad de que las empresas trasladen el coste del impuesto a los clientes, el Gobierno ha establecido en la proposición una sanción del 150 % del importe que se traslade al usuario.
LA CNMC VIGILARÁ QUE NO AFECTE AL CONSUMIDOR
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) sería el órgano encargado de velar de que no se repercuta el gravamen sobre los clientes en el caso de las energéticas; para los bancos, la CNMC deberá colaborar con el Banco de España.
Esta es una cuestión que muchos expertos polemizan porque creen que el impuestazo tendrá el efecto de repercutir al finan en los consumidores y no será fácil no repercutirlo a terceros.
La obligación de pago comenzará el 1 de enero del año siguiente (2023 y 2024), se abonará en septiembre, aunque se exigirá un pago a cuenta del 50 % del importe total en el mes de febrero
También es destacable que los tributos se exigen exclusivamente a los grandes operadores, a partir de un umbral que se considera significativo, tomándose como referencia las cifras de 2019, año anterior a la pandemia. Se evitan así las distorsiones que podrían producirse si se consideraran los años 2020 o 2021, muy marcados por el impacto económico de la Covid-19.
IMPUESTO A ELÉCTRICAS
Respecto al sector eléctrico, el impuesto afectará a las empresas eléctricas, gasistas y petroleras que facturaron más de 1.000 millones de euros en 2019 tendrán que abonar por este impuesto un 1,2% del importe neto de la cifra de negocios anual correspondiente a 2022 y 2023.
Ya en Confilegal un experto como Ignacio Grangel, socio responsable de sectores regulados y publico de CMS Albiñana & Suárez de Lezo, explicaba que dicho impuesto podría generar la huida de los inversores.
La obligación de pago comenzará el 1 de enero del año siguiente (2023 y 2024), se abonará en septiembre, aunque se exigirá un pago a cuenta del 50 % del importe total en el mes de febrero.
Quedarán excluidos del pago de la prestación los grupos cuya parte energética supone menos de la mitad del importe neto de su cifra de negocios. Es decir, que solo abonarán la prestación los operadores energéticos considerados principales a efectos de la CNMC: cifra neta de negocios de más de 1.000 millones en 2019 y que la parte energética sea su actividad principal.
Por lo que respecta a la prestación bancaria, gravará el margen de intermediación, es decir, los intereses netos -diferencia entre los que cobra y los que paga- y las comisiones netas -diferencia entre las cobradas y pagadas- con un tipo del 4,8 %.
Al igual que en el tributo energético, la obligación de pago nace el 1 de enero del año siguiente (2023 y 2024), que se abonará en septiembre, aunque se exigirá un pago a cuenta del 50 % del importe total en el mes de febrero. La prestación será obligatoria para las entidades financieras cuyos intereses y comisiones brutas cobradas a los clientes superaran los 800 millones de euros en 2019.
También en este caso la prestación se limitará en esencia a grupos fiscales, lo que implica que quedan fuera las operaciones intragrupo y no se gravarán las comisiones e intereses obtenidos mediante filiales en el exterior.
En ambos casos se trata de prestaciones finalistas, que afectan a los sectores que más beneficios están obteniendo y van a obtener como resultado de la inflación, lo que permitirá al sector público adoptar medidas paliativas.
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