El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la asociacion mayoritaria de este cuerpo funcionarial, y la Unión Progresista de Letrados Judiciales (UPSJ) abandonaron ayer el grupo de trabajo sobre ejecución de las sentencias firmes creado por el Ministerio de Justicia, del que también formaban parte los procuradores.
Las razones que ambas asociaciones han aducido son «las desconsideradas manifestaciones realizadas en los últimos días por algunos operadores jurídicos hacia nuestro colectivo, la injustificada crítica sobre la forma en la que desempeñamos nuestras funciones procesales, haciendo afirmaciones que se alejan totalmente de la realidad y faltando seriamente al respeto que merecemos, tanto nuestra profesión, como cada uno de nosotros».
Por eso, «hemos decidido abandonar el grupo de trabajo constituido en el Ministerio de Justicia entre Letrados de la Administración de Justicia y Procuradores de los Tribunales, que se está utilizando como justificación de una serie de reformas que no compartimos».
Los procuradores, que celebraron entre el jueves y el sábado pasado en Huesca sus XII Jornadas Nacionales de Juntas de Gobierno, pusieron sobre la mesa un dato muy relevante: De los 14.000 millones de euros concedidos a una de las partes en sentencias firmes dictadas por los jueces en España solo se recuperaba el 25 %, 3.500 millones. Quedando así 10.500 millones de euros sin ejecutarse.
Luis Ortega Alcubierre, procurador español y vicepresidente de la «Union Internationale des Huissiers de Justice», organización de la que forma parte el Consejo General de Producradores de España, identificó el problema en el «exceso de burocracia en la ejecución».
Lo que impide «una acción directa sobre los bienes de los ejecutados. El impulso que se hace sobre los embargos no es un impulso directo del agente de ejecución contra el ejecutado, sino que es un impulso que va del agente de ejecución, o procurador en nuestro caso, al juzgado. Y del juzgado, con todas las ramificaciones que tiene de secretarios, funcionarios, etcétara, hasta que consigues que se haga la medida», declaró en una entrevista a Confilegal.
En esa Comisión Mixta se estaba tratando de encontrar una acuerdo de colaboración entre letrados judiciales y procuradores, y una solución legal, para permitir que estos últimos actúen como agentes de ejecución, al estilo de cómo se hace en Francia, Bélgica y Portugal, países donde existe esta figura, para que puedan recuperar para sus clientes el dinero que los tribunales les han concedido.
«Existe una prevención por parte de los letrados judiciales. Piensan que se pierden poderes. No entiendo por qué. Dale al procurador poder y medios suficientes para acceder a datos de bienes, para gravar embargos directamente e impedir que cada cosa deje de ser un peloteo entre uno y otro», afirmó Ortega Alcubierre.
En las conclusiones de las XII Jornadas Nacionales también se hizo un llamamiento al Gobierno de España para que reconociera la «plena y exigida equiparación a los sistemas europeos» en todo lo relativo a la «ejecución de las resoluciones judiciales, de acuerdo con las recomendaciones de la Comision Europea para la eficacia de la Justicia».
Por ello, instaron al Gobierno a las «modificaciones legislativas pertinentes a tal fin».
Actualmente, las ejecuciones en España son responsabilidad solo de los letrados de la Administración de Justicia. Los procuradores reclaman esa modificación legislativa que les atribuya esta competencia, de la misma forma que se hizo en Portugal, permitiendo una recuperación «brutal» de dichas cantidades que, como en España ahora, dejaban de pagarse a sus legítimos dueños.
