El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha mejorado su propuesta salarial en 1,5 puntos vinculados a objetivos variables. La última oferta plantea una subida global del 6% en 2022, 2023 y 2024, a la que se sumaría un 1,5% adicional vinculado a la evolución del PIB y del IPC.
UGT ratificará hoy la propuesta, CCOO la someterá a sus órganos de dirección y CSIF la considera insuficiente y seguirá negociando, según ha trascendido.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, considera que esta oferta «es insuficiente», teniendo en cuenta los datos de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo del colectivo de empleadas públicos. «Sólo en los últimos dos años se ha reducido más de un 10% el poder de compra y más de un 20 desde 2010, cuando el Gobierno socialista recortó el sueldo de los empleados públicos», alega.
En concreto, la última oferta del Gobierno es un 1,5% para 2022 con efectos retroactivos a 1 de enero; un 2,5% fijo para 2023 (al que se le sumaría un 0,5% adicional vinculado a la evolución del IPC más otro 0,5 vinculado al PIB); y un 2% fijo para 2024 con una variable adicional del 0,5% vinculada a la evolución de los precios.
La propuesta de acuerdo contempla una serie de medidas adicionales reivindicadas por CSIF en la negociación, pero el Gobierno no las ha concretado. Se trata de medias relativas a jornada laboral, clasificación profesional, igualdad de género, digitalización y diálogo social, atracción y retención del talento, extensión de dichas medidas a al sector público institucional en todo aquellos que les sea de aplicación y derogación de las medidas de ajuste vigentes del Real Decreto-ley 20/2012 y un compromiso para poner en marcha el teletrabajo, tramitar la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado, revisión de gastos de desplazamiento, personal laboral del exterior y la revisión del modelo organizativo de los centros penitenciarios.
Además de lo anterior, CSIF también propuso en la negociación otra serie de «medidas prioritarias, que el Gobierno ha rechazado», tales como la derogación del Real Decreto-ley 8/2010 para recuperar la estructura salarial de las pagas extras; la supresión de las reglas de contención de gasto a los efectos de que las comunidades autónomas puedan proceder a la devolución a sus empleados públicos de las pagas extras de ejercicios anteriores pendientes de su reintegro; o habilitación de fondos para corregir las «desigualdades» retributivas entre los empleados públicos, actualización de dietas, incremento de la indemnización por residencia.
También reclama un incremento de los haberes reguladores de las pensiones de clases pasivas, así como el inicio de tramitación de la jubilación anticipada para grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente; la supresión de la tasa de reposición; la modificación de la promoción interna flexibilizando la misma y la regulación con carácter excepcional del concurso de méritos así como la movilidad voluntaria como mecanismo prioritario de provisión de puestos de trabajo, y el incremento de financiación a las Mutualidades para la prestación de una asistencia sanitaria adecuada.
CSIF declara que en su firme voluntad de mejorar las condiciones, tanto económicas como laborales para el conjunto de empleados públicos, ha pedido «un esfuerzo» al Gobierno y destaca que desde su organización están dispuestos a seguir negociando. «Es momento de reconocer el trabajo realizado por nuestros empleados públicos durante la crisis y la pandemia», reivindica.
Las negociaciones continuarán el próximo lunes.
