La Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, ha dictado una instrucción para que los fiscales retomen “sin demora” las visitas presenciales a las residencias. Y es que, durante la pandemia se suspendieron para garantizar la salud de los trabajadores y residentes.
La orden de la Fiscalía llega un día después de que Enrique Ossorio, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, rechazara apoyar la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre los más de 7.000 fallecidos en residencias de ancianos durante la primera ola de la pandemia: «Las familias ya lo han superado» manifestó Ossorio.
Para ello, las jefaturas de las distintas áreas de la Comunidad de Madrid dispondrán de las órdenes “oportunas” para garantizar las visitas de forma presencial de los fiscales encargados.
Según la instrucción, si se detectan irregularidades, se trasladarán en el menor tiempo posible a la autoridad administrativa. Para ello, se tendrá que remitir una copia del escrito dirigido a la Comunidad y del acta de lavisita a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, que asumirá las labores de coordinación de todas las fiscalíasmadrileñas en esta materia”.
Lastra ha recordado que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal relata que los fiscales deben intervenir en los procesos civiles que determine la ley “cuando esté comprometido el interés social o cuando puedan afectar a personas menores, incapaces o desvalidas en tanto se provee de los mecanismos ordinarios de representación”.
Del mismo modo, ha subrayado que, para el cumplimiento de sus funciones, “los fiscales podrán visitar en cualquier momento los centros o establecimientos de detención, penitenciarios o de internamiento de cualquier clase de su respectivo territorio, así como examinar los expedientes de los internos y recabar cuanta información estime conveniente”.
A raíz del covid, “se comprobó la especial vulnerabilidad” de personas mayores
En su instrucción, la Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid ha destacado que a raíz de la crisis sanitaria del coronavirus se comprobó la situación de “especial vulnerabilidad” de las personas mayores y con discapacidad residentes en este tipo de centros.
Lo que justifica, continúa la instrucción, “la necesidad de extremar el celo de nuestra actuación de control, seguimiento y supervisión de la labor inspectora de la administración autonómica competente, como garantes del respeto de los derechos de las personas ingresadas en los mismos”.
Dado el “elevado” número de centros, residencias y pisos tutelados que hay en el territorio de la Comunidad de Madrid, la Fiscalía ha elaborado un modelo de acta para facilitar la recogida de datos a los fiscales que lleven a cabo este servicio, que no siempre realizan esta tarea los integrantes de las secciones especializadas.
La utilización generalizada de este modelo dará cumplimiento, además, al principio de unidad de actuación del Ministerio Fiscal en todas las fiscalías de Madrid, en la Fiscalía Provincial y en sus tres Secciones Territoriales (Alcobendas, Villalba-El Escorial y Majadahonda-Pozuelo) y en las tres Fiscalías de Área (Alcalá de Henares, Getafe-Leganés y Móstoles-Fuenlabrada) desde la publicación de esta Instrucción.
