La Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) ha denunciado que la subida del 3,6 % del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) es demasiado escasa como para garantizar que las personas más necesitadas puedan acceder a servicios jurídicos gratuitos por tener ingresos superiores a los umbrales impuestos con este índice como referencia.
En el comunicado emitido por la asociación, se reclama que existe «una barrera de acceso a la Justicia que empobrece la tutela judicial efectiva de nuestro país» al impedir que las ayudas prestadas por abogados de oficio, que solo son gratuitas para quienes acrediten que carecen de recursos económicos, no estén disponibles para el sector «que precisa de mayor apoyo de este servicio público».
Al quedar el IPREM en 600 euros mensuales, el máximo para poder acceder a la asistencia jurídica gratuita será de 1200 euros mensuales para personas no integradas en ninguna unidad familiar, de 1500 euros mensuales para personas de una unidad familiar con menos de cuatro miembros y de 1800 unidades familiares de cuatro o más miembros o que tengan reconocida la condición de familia numerosa, según el artículo 3 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
«En los procedimientos penales y de violencia de género no suelen computar los ingresos de los clientes, así que se asignan independientemente de ellos, pero esto no es obligatorio en los procedimientos civiles, por lo que mucha gente se puede quedar afuera de esta ayuda», explica Juan Manuel Mayllo Martínez, presidente de ALTODO.
Así, ALTODO explica que el incremento anunciado del IPREM «tan solo beneficiará a personas no integradas en ninguna unidad familiar dejando fuera, como hasta ahora, a parejas y familias con hijos menores a su cargo». «Si formas parte de una pareja en la que ambos trabajan, no van a poder recibir la atención jurídica gratuita que podría hacerles falta», dice Mayllo Martínez.
La asociación señala a la diferencia entre el IPREM, que se convirtió en el baremo para la concesión del servicio gratuito por la Exposición de Motivos del Real Decreto-ley 3/2013, y el SMI, que se encuentra en los 1.000 euros mensuales y solía ser la antigua medida, como fuente del conflicto por el que el derecho a esta asistencia se vuelva «indisponible».
El abogado señala que la asociación de abogados ha estado reclamando «desde que empezó a actualizarse el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)». «Presentamos una queja al Defensor del Pueblo y nos dijeron que iban a subir el IPREM, pero no ha sido lo suficiente para solapar la brecha», apunta. «Lo que pasa es que aumentar el IPREM tendría un impacto presupuestario muy fuerte por ser con lo que mide los umbrales de otras ayudas estatales»
Por este motivo, la asociación urge el retorno al módulo del SMI «como módulo de referencia para la consideración del umbral del derecho a la asistencia jurídica gratuita», de manera que se guarde el artículo 119 de la constitución española, que reza que la justicia será gratuita «respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar».
En estos casos, «supone un problema» que una gran parte de la población no pueda ejercer su derecho a la justicia gratuita, según Mayllo Martínez, ya que «si no cuentas con ingresos con los que puedas costear los servicios de un abogado, no puedes realizar reclamos administrativos y laborales». «La gente prefiere no defenderse si no tienen dinero».
