«La situación pandémica que aconsejaba la adopción de medidas restrictivas hoy prácticamente ha desaparecido», dice el texto del acuerdo firmado por la juez decana de los Juzgados de María Jesús del Barco que, aunque tiene fecha de 18 de octubre, se conoció ampliamente ayer.
Por ello, dice, primero, «se suprime el control del aforo máximo de las sedes judiciales que se ha venido realizando hasta la fecha, sin perjuicio de las medidas y controles de seguridad que se estimen precisos y que se vienen realizando con carácter general».
Y añade: «El acceso a los edificiois judiciales del público en general se realizará de forma ordinaria, sin necesidad de cita previa y, con sujeción, únicamente a las medidas y controles de seguridad precisso en cada momento».
Con esta decisión se vuelve a la normalidad de antes de la pandemia, que quedó hecha trizas con la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020.
Del Barco, recuerda, sin embargo, que cada juez es la máxima autoridad en las salas de vistas donde rige la capacidad de «policía de vistas». A ellos les corresponde «decidir si permite, y en qué términos, el acceso a la sala de vistas o el modo en que, en cada juzgado, se establezca la forma de acceder por quien es competente.
Las restricciones que ahora han quedado finalmente eliminadas fueron impuestas el 12 de marzo de 2020 mediante un acuerdo gubernativo, al que le siguió otro, el 18 de marzo de ese mismo año, por el que permitieron el acceso a particulares que estuvieran citados.
A estos acuerdos le siguieron otros, relajando aún más los accesos, pero jamás como ahora, con esta vuelta a la normalidad prepandemia.
