La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha señalado hoy que el PP no tiene «legitimación democrática suficiente» para acusar al Gobierno de traidor por la eliminación del delito de sedición, que pasará a llamarse «desórdenes públicos agravados» y reducirá las penas de cárcel de 15 a 5 años y de inhabilitación de 15 a 8.
«Para mí, el PP no tiene legitimación democrática suficiente para hacer esas acusaciones contrarias al Gobierno legítimo de España, que es el Gobierno de Pedro Sánchez», ha declarado la ministra a los medios al ser preguntada por las críticas de los partidos de la oposición tras anunciarse la propuesta de PSOE y Unidas Podemos para reformar el Código Penal y derogar este delito.
La titular de Justicia sostiene que como el PP de Alberto Núñez Feijóo, como «anteriormente» con Pablo Casado, ha «bloqueado» la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no está, por tanto, legitimado para criticar al Gobierno por la sedición.
Para Llop, el PP está generando un «daño institucional sin precedentes» al instalarse en una «actitud de obstruccionismo democrático» que «ha forzado» la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces.
Desde el Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) también se han pronunciado al respecto en un comunicado.
Edmundo Rodríguez Achútegui, integrante del Secretariado de la asociación, y magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya, considera que la propuesta del Gobierno de derogar el actual delito de sedición es «consecuencia de la necesidad de modernizar los delitos contra el orden público, cuya regulación data del siglo XIX y está completamente anticuada».
Este magistrado destaca que las modernas democracias europeas actualizaron la regulación decimonónica de estas infracciones penales durante la segunda mitad del siglo XX, lo que en España no pudo tener lugar “porque el régimen franquista mantuvo unas previsiones decimonónicas que no se acomodaban a los estándares que exigen los convenios internacionales que ha suscrito España a partir de la transición”.
La regulación actual en estas materias, según Rodríguez Achútegui, no es semejante a la del resto de los países de la Europa, y afirma que así lo acreditan «las grandes dificultades que encuentran los tribunales alemanes o belgas para atender los requerimientos de nuestro Tribunal Supremo para detener a Puigdemont».
Además, afirma que “aunque el tema está sub iudice en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es necesario actualizar un grupo de delitos que tienen una regulación anticuada, y que no responden a los actuales parámetros de garantías de nuestro Estado de Derecho”.
