La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), la Asociación Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) y la Asociación Foro Judicial Independiente (FJI) han firmado un comunicado en el que recuerdan al Tribunal Constitucional que el problema de la justicia tardía es imputable al Gobierno y a las Comunidades Autónomas ante la falta de medios.
Y aunque es muy poco común que la firma de las cuatro asociaciones de jueces aparezca plasmada en un papel, han querido transmitir cuatro puntos clave sobre la situación que actualmente está viviendo la Justicia en España.
Ha recordado, en primer lugar, que, mediante sentencia de 10 de octubre de 2022, el Tribunal Constitucional ha concedido el amparo a una ciudadana por vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y que afecta a los juzgados de lo social de Sevilla.
A ello han añadido que dicha sentencia señaló que “es exigible que jueces y tribunales cumplan su función jurisdiccional, garantizando la libertad, la justicia y la seguridad con la rapidez que permita la duración normal de los procesos, lo que lleva implícita la necesidad de que el Estado provea la dotación a los órganos judiciales de los medios personales y materiales precisos para el correcto desarrollo de las funciones que el ordenamiento le encomienda”.
3.121 asuntos de media por juez en Sevilla al año
Pero han explicado en el comunicado que en el año 2021, según los datos publicados en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número medio de asuntos por juez, tanto pendientes como nuevos, ascendía en la jurisdicción social de Sevilla a 3.121 asuntos.
“La media andaluza es de 2.473 y la nacional, alrededor de 2.000”, han concretado. Por lo que “el porcentaje de productividad de los jueces de Sevilla, en relación con los módulos fijados por el CGPJ, supera, en la mayoría de los casos, el 150%”. Asimismo, han informado que, a fecha de 15 de noviembre de 2022, el número de demandas por juzgado está en torno a 1.300 y el promedio de señalamientos es de 90 mensuales.
Por tanto, han destacado que, ante la imposibilidad de aumentar más la carga de trabajo de los Juzgados de lo Social de Sevilla sin incumplir las normas de seguridad y salud, han considerado “imprescindible” recordar tanto a la Junta de Andalucía como al Ministerio de Justicia, la creación de nuevas unidades judiciales. De esta forma, se podría proporcionar la adecuada tutela a la ciudadanía.
Pues el empleo de planes temporales de refuerzo o autorrefuerzo sirven para dar respuesta puntual a coyunturas específicas pero no a resolver, en palabras del Tribunal Supremo, un problema estructural de jurisdicción.
