Jesús María Ruiz de Arriaga, socio-director de la firma, señala que la reciente sentencia del TC no es la única que da la razón a las quejas ante la falta de recursos judiciales, y que ya el Defensor del Pueblo se había interesado por el Juzgado 101 bis de Madrid.
Arriaga Asociados recurre los señalamientos tardíos de los casos que lleva
Los que están paralizados más de dos años, que ascienden a 60.000 procedimientos
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24/10/2022 17:04
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Actualizado: 22/11/2022 14:16
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Arriaga Asociados, que representa a más de 60.000 consumidores en procedimientos sobre la nulidad de cláusulas abusivas, denuncia «la vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones y a la tutela judicial efectiva» en algunos de los litigios de los clientes a los que representa.
Según ha informado hoy, ha empezado recurrir los procedimientos que se encuentran paralizados por más de dos años y también está dirigiendo a los juzgados peticiones de impulso.
Actualmente tiene «muchos clientes» perjudicados por la «excesiva» duración de los procedimientos. Según sus datos estadísticos, el plazo de resolución medio de los Juzgados especializados para emitir un fallo es de 31,8 meses, con un rango máximo de 60 meses.
«Un lapso que supera en algo menos de cuatro veces la duración media en la jurisdicción civil (8,2 meses)», apunta.
También señala que hay consumidores que después de cuatro años no tienen su demanda admitida a trámite. «Y hay consumidores que tienen señalado su juicio para el 2026, a siete años vista respecto a la presentación de la demanda», agrega.
En concreto, tiene más de 20.600 asuntos pendientes de ser admitidos a trámite, de los cuales el 89% en el partido judicial de Madrid; más de 8.000 litigios pendientes de señalamiento y más de 7.000 pendientes de que se celebre la vista.
Un total de más de 60.000 asuntos a la espera de una resolución, y cuya tramitación «supera y superará los dos años y medio de tramitación».
«El RETRASO ES POR LA FALTA DE MEDIOS»
Jesús María Ruiz de Arriaga, socio-director de la firma, destaca que se constata que la principal causa de este retraso es la falta de medios por parte de la Justicia. «De hecho, el volumen de la plantilla judicial se ha mantenido estable a lo largo del tiempo», añade.
Igual que insistió en la necesidad de destinar más recursos técnicos y humanos al Juzgado especializado 101 Bis de Madrid, este bufete ha puesto en marcha una serie de acciones procesales para denunciar la vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones y a la tutela judicial efectiva en los litigios que superan los tiempos medios de resolución y va a exigir que el acceso a una Justicia eficiente sea un derecho de los consumidores.
«Desde Arriaga Asociados queremos destacar la gran dedicación y profesionalidad de los jueces españoles y funcionarios de los juzgados, que no tiene nada que ver con la dilación crónica de la justicia española, sino con su lamentable sobrecarga de trabajo a consecuencia de la falta de medios materiales y personales», señala Ruiz de Arriaga, y recuerda que el artículo 24.2 de la Constitución proclama el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
Por ello, reclama a las administraciones implicadas, Ministerio Justicia, Consejo General del Poder Judicial y Consejerías de Justicia autonómicas, que «remedien esta situación que afecta dramáticamente a todos los profesionales de la justicia y a todos los consumidores».
El socio-director de Arriaga Asociados critica que no vale decir que cada una de las administraciones no tiene la competencia completa para solucionar el colapso de juzgados como el 101 Bis de Madrid, porque «se reúnen periódicamente y se ponen de acuerdo en la no necesidad de dedicar más medios».
«El problema es que llegan a la conclusión de que todo funciona bien basándose en que se resuelven tantos casos como los que entran, pero no incluyen los casos que llevan años sin admitirse a trámite que es donde se produce el colapso», subraya.
DESTACA LA SENTENCIA DEL TC SOBRE LOS JUICIOS TARDÍOS
Ruiz Arriaga asevera que el Tribunal Constitucional con su decisión sobre los juicios tardíos «reconoce que un sistema judicial eficiente tiene que gestionar su carga de trabajo y los retrasos, aunque no sean imputables al órgano judicial».
«Los consumidores se merecen obtener la resolución de su litigio en tiempos razonables o se incurrirá en una vulneración de derechos», resalta.
La firma celebra esta sentencia del Tribunal Constitucional, de 10 de octubre, que se pronuncia sobre un caso en materia laboral en el que el recurrente tuvo que esperar más de tres años para un juicio.
Además, Jesús María Ruiz Arriaga recuerda que esta sentencia va en la línea de la queja presentada por Arriaga el pasado 11 de mayo ante el Consejo General del Poder Judicial y la solicitud de amparo presentada ante el Defensor del Pueblo «para señalar la ineficiencia del Juzgado 101 Bis de Madrid debido a su falta de recursos».
Situación sobre la que el propio Defensor del Pueblo emitió recomendaciones tanto a la Comunidad de Madrid como al Estado tras la denuncia de Arriaga Asociados sobre el ‘colapso crónico’ del 101: Crear un nuevo juzgado de Primera Instancia en Madrid.
PROBLEMAS DE ACCESO A LA JUSTICIA
Arriaga Asociados sostiene que «está en riesgo el acceso a la Justicia y la calidad de los procedimientos judiciales, porque los ciudadanos esperan decisiones ágiles y un sistema judicial eficaz».
Asimismo, advierte que las normas procesales que pretende adoptar el actual Gobierno, a su juicio, «no son la solución, ni el Proyecto de ley de Eficiencia Procesal del servicio público de Justicia, ni tampoco el Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del servicio público de Justicia».
Este abogado hace hincapié en que la solución a la lentitud de la Justicia es la contratación de más personal judicial, más jueces y la apertura de más tribunales, y subraya que «la Justicia, cuando llega tarde, es menos justa y es un derecho conculcado para todos los ciudadanos y empresas».
Recuerda que el problema es generalizado, no únicamente en el ámbito civil, sino en muchos otros. Por ejemplo, en lo laboral, «la media suele estar en unos dos años».
«En muchas ocasiones esto genera ansiedad y preocupación a los litigantes que deben estar en una situación de incertidumbre sobre su vida, su renta o su situación. Muchas veces, por ejemplo, se producen retrasos en cuestiones que implican una pensión de supervivencia para el demandante o, en el ámbito penal, que conlleva una prisión preventiva excesiva para personas que más adelante son declaradas inocentes», indica.
ESPAÑA, ENTRE LOS PAÍSES EUROPEOS CON LA JUSTICIA MÁS LENTA
Ruiz de Arriaga manifiesta, asimismo, que aunque se suele escuchar que la Justicia en España tiene una lentitud similar a la de las grandes economías de Europa, «no es cierto: El informe The 2022 EU Justice Scoreboard revela que la duración de los procedimientos judiciales civiles en España está por encima de la media europea».
«Los datos publicados en el informe señalan que la tasa de resolución de los órganos jurisdiccionales es algo inferior al 100%. Es decir, no es capaz de hacer frente a lo que reciben. Además, los tribunales civiles tienen un stock de litigios que aún deben tramitarse superior a la mayoría de los Estados Miembros, que ha aumentado respecto al 2019», expone.
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