Arriaga Asociados y el fondo británico Pemberton han formalizado un acuerdo definitivo que regulariza la deuda pendiente de aproximadamente 35 millones de euros, marcando así un hito clave en la recuperación financiera del despacho.
Este pacto culmina el principio de acuerdo previamente anunciado entre ambas partes y permitirá la inminente salida del procedimiento concursal voluntario en el que se encontraba la firma.
El acuerdo contempla el pago íntegro a los acreedores restantes, lo que refuerza la estabilidad y viabilidad futura de Arriaga Asociados. La firma continuará prestando sus servicios de representación a consumidores en litigios relacionados con cláusulas bancarias abusivas y otras reclamaciones, garantizando la continuidad de su labor y la calidad del servicio jurídico.
Confianza renovada y crecimiento proyectado
La decisión de Pemberton de apoyar la reestructuración refleja la confianza en la capacidad operativa y de recuperación del despacho. En 2024, Arriaga Asociados superó los 26 millones de euros en facturación, y prevé un crecimiento del 25 % para 2025.
Contexto del concurso de acreedores
La entrada en concurso respondió a un entorno excepcionalmente adverso para el sector legal: la paralización de los tribunales durante la pandemia, la escasez de medios materiales y humanos, y las posteriores huelgas de funcionarios de justicia. Estos factores provocaron un colapso generalizado que impactó a cientos de despachos.
Además, el bloqueo de la cuenta de consignación judicial impidió el acceso a los fondos destinados a clientes y al propio despacho, que opera bajo un modelo de honorarios a éxito. Esta situación afectó directamente a la liquidez de la firma y al cumplimiento de sus compromisos económicos.
Refuerzo judicial y expectativas futuras
El despacho valora muy positivamente la implementación de nuevas medidas y el refuerzo del personal judicial en el Juzgado 101 Bis de Madrid, con el objetivo de agilizar los pagos a los consumidores.
En palabras de Jesús Arriaga: “Nos satisface y agradecemos enormemente a las instituciones competentes que la situación de colapso en la cuenta de consignación judicial parezca estar en vías de solución».”».
No obstante, el fundador insiste en la necesidad de seguir reforzando los recursos disponibles: “La demora en la obtención de una sentencia supone una vulneración del derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva.
El nivel de retrasos acumulados de hasta seis años está generando situaciones completamente insostenibles. En muchos casos, los clientes, al no recibir novedades debido a la parálisis de sus expedientes, tienden a culpar injustamente a los despachos.
Sin embargo, esta falta de información no se debe a una ausencia de compromiso, sino a una situación estructural que escapa al control de los propios despachos de abogados.
