El Palacio de Liria en Madrid, residencia oficial de la Casa de Alba, de la que forma parte el conde de Siruela, como hermano del duque de Alba.
La Casa de Alba pacta una indemnización adicional con un trabajador al que despidió tras un accidente
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05/12/2022 06:50
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Actualizado: 05/12/2022 10:58
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Un trabajador agropecuario había sido empleado durante cuatro meses en los terrenos salmantinos cuya propiedad pertenecía a Jacobo Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, conde de Siruela –hermano del duque de Alba– cuando sufrió un accidente, de desprendimiento de cornea.
El día después de que A.D. comunicara su baja médica, a finales de marzo de 2022, recibió una carta en la que lo despedían de su puesto.
Ahora, A.D. ha logrado acordar una indemnización de 7.000 euros con el conde de la Casa de Alba y la empresa que preside, Agralsa SA.
La demanda, a la que ha tenido acceso Confilegal, acusaba de despido nulo y subsidiario improcedente y de vulneración de derechos fundamentales tanto al conde de Siruela como a Agralsa, que es dueña de más de 12.000 hectáreas de terreno repartidas entre Salamanca, Córdoba, Sevilla y Ávila. Ante las solicitudes de una entrevista de este medio, el conde prefirió no hacer una declaración.
En el escrito se señala que el «verdadero motivo» del despido fue el plazo de 240 días que le suponía la baja médica que solicitó A.D., lo cual hizo que la empresa lo considerara «un trabajador molesto, y realizara un despido totalmente infundado e injustificado, basado únicamente en la salud y el padecimiento de mi mandante».
Por ello, pedía la nulidad del despido y una indemnización por daños morales, apoyándose el la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, cuyo artículo 8 indica como infracciones muy graves «las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad».
En un principio, A.D exigía una indemnización adicional de 25.001 euros para resarcir el despido, categorizado como un despido disciplinario individual después del accidente que le supuso una intervención quirúrgica urgente.
Esta suma se contaba al margen de la legalmente prevista en el despido y con una intención disuasoria para que no se repitieran las instancias de este comportamiento en el futuro.
«El motivo del despido que aparecía en la carta era inexplicable y dejaba en completa indefensión al trabajador», explica el director de Servilegal Abogados, Ignacio Palomar Ruiz, que califica la carta que recibió A.D. como «una vergüenza».
Dice que se trataba de un claro caso de discriminación que atentaba contra el derecho a la dignidad del trabajador al extinguir la relación laboral con motivo de su baja médica.
Palomar Ruiz dijo que los representantes del conde y Agralsa «estaban cerrados a un acuerdo» antes de que se aplazara la fecha del juicio, luego de lo cual «se les indujo desde el juzgado que revisaran su postura, porque una sentencia podía resultarles más perjudicial».
El día previo al juicio entraron en un proceso de conciliación en el que alcanzaron un acuerdo.
Palomar Ruiz también comenta que este tipo de despidos son «una práctica común en el sector agrario».
«Se aprovechan de los trabajadores que están entre hectáreas y hectáreas de cultivo y no tienen asesoría legal accesible como la tendrían en una ciudad, donde se publicita mucho más», dice. En este sentido, se refiere al caso como un «tirón de orejas» para «la aristocracia que mira a otros por encima del hombro».
Agralsa forma parte del conglomerado con el que la Casa de Alba gestiona aproximadamente 45.000 hectáreas de terreno dedicados a la producción agrícola, repartidos a lo largo de todo el país, que incluye a Actividades Agrotécnicas, Castrofresno SL, Eurotécnica Agraria SA y Euroexplotaciones Agrarias SA, todas empresas administradas por el apellido Fitz-James Stuart y y Martínez de Irujo, con un total de 142 empleados, según datos del Registro Mercantil.
De acuerdo con información del Fondo Español de Garantía Agraria, las cinco empresas recibieron ayudas de la Política Agraria Común valoradas en un total de 3.025.324,89 euros en el ejercicio 2021 como beneficiarios de los fondos FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria) y FEADER (Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural). Agralsa fue la que más fondos recibió, con un total de 1.049.947,63 euros, equivalente a 2.876,56 euros diarios.
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