La portavoz del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia, Ascensión Martín, ha reclamado “que las declaraciones públicas de los responsables de los partidos bajen el tono y se viertan de forma contenida”.
La representante de la asociación judicial progresista considera que en España “ni hay un golpe de Estado por reformar una ley” ni “ruido de togas porque el Tribunal Constitucional resuelva un recurso”.
También ha pedido que se respeten “las decisiones del Parlamento para tratar de superar el boicot al que un grupo de vocales del CGPJ someten la renovación del Tribunal Constitucional”.
En opinión de la portavoz de JJpD, hay que afrontar “con menos dramatismo” una decisión cuya única razón es la posición de “franca desobediencia a la ley” que un grupo de vocales del CGPJ mantiene al no designar dos plazas al Tribunal Constitucional.
Además ha llamado a la responsabilidad a los vocales del CGPJ que están impidiendo la designación de dos juristas “para evitar que su mandato caducado y el incumplimiento de su obligación legal de renovar parte del Tribunal Constitucional, siga contribuyendo a crispar la actualidad”.
Según JJpD si estos vocales no impidieran la designación “se nombrarían dos juristas, de tendencias conservadora y progresista para completar el Tribunal Constitucional”.
La reforma no es un golpe de Estado, según Ascensión Martín, porque “simplemente soluciona el bloqueo” y concluye que el cambio legal permite “llegar a la misma decisión, que es designar dos personas, de sensibilidad conservadora y progresista, que representen a la sociedad”.
La portavoz de JJpD ha añadido que “el Estado de Derecho no padece si el lunes el Tribunal Constitucional no resuelve porque alguno de sus magistrados ha sido recusado”. Entiende que el tribunal “adoptará, cuando corresponda, su decisión”.
El problema fundamental, en opinión de la magistrada, “es que el CGPJ lleva cuatro en funciones, y un grupo de vocales se niega a cumplir la exigencia legal de que designen dos magistraturas en el Tribunal Constitucional”, lo que ha desencadenado la reforma legal.
El gobierno “ha designado los que le correspondían”, afirmó, y ahora corresponde otro tanto al CGPJ. Pero “un grupo de vocales se niega”, dice la portavoz de la asociación progresista, lo que se ha tratado de solucionar con “una reforma legal que pretende defender el Estado de Derecho”, pues entiende que “la renovación del Tribunal Constitucional constituye una prioridad para los demócratas, frente a quienes han sucumbido a las presiones partidistas para que no tenga lugar”.
