Llegan las primeras reacciones sobre el proyecto de Ley Enjuiciamiento Criminal. El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, ha defendido esta reforma que se aprobará el Consejo de Ministros este martes.
Según opinión de la portavoz de la asociación judicial, el proyecto supondrá un cambio de modelo de enjuiciamiento que, de aprobarse, modernizará el proceso penal y permitirá que la fiscalía investigadora, auxiliada por la policía judicial, sustituya a la figura del juez de instrucción que ha de pasar a ser «un juez de las garantías de los derechos de las partes».
Cambio en el modelo de investigación: la Fiscalía asumirá nuevas competencias
Rodríguez considera que el proyecto presentado «refuerza el papel de la fiscalía investigadora», que deberá recabar evidencias suficientes para convencer al juez de garantías.
Con este cambio, se abandonará los resabios inquisitivos del actual sistema: «El juez instructor al tiempo que investiga es quien decide si hay justificación para ir a juicio, mientras que con el proyecto de LECRIM el juez de garantías no participa en la investigación y no toma partido, resolviendo con independencia si el proceso penal debe continuar o no», comenta el portavoz de JJPD. De este modo «no se contamina por su propio trabajo previo para resolver sobre la suficiencia de una imputación».
En su opinión: «La diferencia esencial es que la tarea indagatoria de la fiscalía tendrá que someterse a los límites que disponga el juez de garantías, cuando en la actualidad la decisión de mantener una instrucción, ampliarla, dirigirla en una u otra dirección o con respecto de ciertas personas, sólo tiene el control de los recursos frente a las decisiones del juez de instrucción».
La garantía de la independencia, asegurada
Sobre la independencia del fiscal este portavoz de JJpD sostiene que las reformas que se proyectan «garantizan su independencia». Por un lado, ya no coincidirá el mandato del gobierno de turno con el del fiscal general del Estado, prohibiéndose al ejecutivo que le haga indicaciones sobre asuntos concretos.
Por otro lado, el Estatuto Orgánica del Ministerio Fiscal «permitirá que se discuta en juntas de fiscales las decisiones de más relevancia, y que se puedan confrontar las decisiones que puedan adoptarse», manifestó.
