Plantación de marihuana bajo techo. Este tipo de cultivo requiere cantidades ingentes de energía. Foto: Guardia Civil.
España es el «granero de marihuana de Europa» por la falta de castigo de los enganches eléctricos ilegales
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23/12/2022 06:50
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Actualizado: 24/12/2022 08:59
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Al analizar el aumento de tráfico de cannabis, la memoria anual del Fiscal General del Estado comenta como detalles de interés «las defraudaciones de fluido eléctrico y el correspondiente desabastecimiento de suministro en determinadas poblaciones, como consecuencia del importante consumo de las plantaciones ‘indoor'» y «la implantación en España de organizaciones extranjeras violentas, dedicadas a la producción y exportación al resto de Europa».
En el documento, presentado en septiembre del 2022, se menciona una correlación entre los enganches eléctricos ilegales y el cultivo de cannabis, y Enric Carrera, abogado de la empresa eléctrica Endesa, apunta a una legislación más laxa, tanto en las penas por delito contra la salud pública por el cultivo de marihuana como en la persecución del fraude eléctrico, como elementos que explican, en parte, la proliferación de plantaciones en nuestro país.
«Estoy convencido de que existe un efecto llamada», afirma, señalando que las penas leves: «España es el único país donde el fraude eléctrico no tiene pena de prisión», recuerda, se suman al clima y el ambiente seco y soleado del litoral mediterráneo como puntos atractivos para las bandas criminales.
«En derecho comparado, España, donde se considera que la marihuana está clasificada como una substancia que no causa grave daño a la salud, el delito contra la salud pública conlleva de uno a tres años de pena de privación de libertad, y a partir de cuatro años si se confirma que el investigado pertenece a una organización criminal, pero en otros países de nuestro entorno, Alemania, Francia o Italia, la pena mínima es de cuatro años de privación de libertad», explica Carrera, añadiendo que «con menos de dos años de condena, puedes no entrar en prisión, a menos que existan antecedentes computables».
Hace mención a un informe jurídico elaborado por el despacho Garrigues en el que se propone, como mínimo, equiparar el reproche penal del fraude eléctrico al del hurto previsto en el Código Penal, estableciendo, a tal efecto, pena de privación de libertad de 6 a 18 meses y una pena atenuada de multa cuando el importe defraudado no supere los 400 euros.
A su vez, se propone la agravación de la pena de 1 a 3 años de privación de libertad en lo supuestos en que el fraude se cometa con la finalidad de facilitar o favorecer delitos contra la salud pública, cuando se cometa en el marco de una organización o grupo crimina o cuando revista especial gravedad, ya sea por el importe defraudado o por cuestiones asociadas a la seguridad.
«La peligrosidad de las instalaciones manipuladas y los daños que tal circunstancia podría causar no se ven trasladados en la norma penal”, indica Carrera, añadiendo que «desde la Guardia Civil comentan que tras la detección y eliminación de los enganches ilegales, las mismas personas que lo hicieron vuelven a engancharse».
DELITO CONTRA EL PATRIMONIO
La recomendación del abogado es equiparar la penalidad del fraude eléctrico con el resto de los países europeos. «Es un delito contra el patrimonio de las personas físicas y jurídicas, como el robo y la estafa, y una pena de privación de libertada podría provocar un efecto disuasorio, porque ahora, además de una pena de multa, los condenados tan sólo deberán asumir el pago de lo estrictamente defraudado, lo que contrasta con el delito de hurto, en el que si se prevé pena de privación de libertad”
En 2021, Endesa cerró 1.636 expedientes por fraudes eléctricos dedicados a cultivos de marihuana.
«Calculamos que en ese año se hizo uso de 159 GWh para este fin, el equivalente al consumo de más de 48.000 hogares», aclara Carrera, sentenciando que España se ha vuelto «el granero de marihuana de Europa».
Las plantaciones ‘indoor’ (bajo techo) se han vuelto las más populares por ser más difíciles de detectar que las que se encuentran en exteriores.
Consumen electricidad durante todo el día, una carga que generaría sospechas si se contratara legalmente en una vivienda (que suele usar alrededor de 9,2 kilovatios), donde suelen desarrollarse estas actividades, y no sería tan rentable si se hiciera en un complejo industrial contratando, a tal efecto, toda la potencia necesaria dado que incurrirían en los gastos propios del consumo efectuado.
LAS PLANTACIONES «INDOOR» REPRESENTAN UN RIESGO
Igual que con todas las conexiones irregulares al suministro eléctrico, representan un riesgo para la persona que las realiza como para quienes lo rodean y viven en el edificio, ya que se pierden los elementos de protección propios del sistema, pero también puede afectar a los operarios y técnicos de las empresas eléctricas que deben comprobar dichas instalaciones.
Además, es probable que los enganches ilegales provoquen daños en las instalaciones titularidad de las empresas distribuidoras de energía (Centros de Transformación), lo que puede provocar interrupciones de suministro por sobrecarga en la red de todos aquellos enganches que no tienen contrato de suministro asociado y en vigor.
Otro ámbito en el que se observan enganches eléctricos ilegales, es el de ciertas empresas que requieren grandes cantidades de energía y no siempre están dispuestas a pagarla.
«A toda empresa cuyo proceso productivo tenga un gran consumo de energía le puede llegar a compensar hacer un fraude eléctrico, como se ha observado en algunas compañías de hielo o textiles, que, además, pueden incurrir en competencia desleal al ser más competitivas que el resto al disminuir estos costes ordinarios de electricidad” indica Carrera.
Además, aunque muchos consideran que con estas prácticas las únicas perjudicadas son las eléctricas, El impacto de la defraudación de energía eléctrica, si bien inicialmente afecta a estas compañías, revierte y acaba afectando a todo el Sistema Eléctrico, de tal forma que se puede afirmar, insiste Carrera, que «El fraude lo pagamos todos; a quien roban no es a la empresa, es a cada uno».
«La empresa tiene un perjuicio inicial, pero es un búmeran que incide en los que pagan», concluye.
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