Desde 'Universitaris per la Convivència' confían en que en el debate del Senado se elimine de la LOSU cualquier referencia que pueda dar a entender que estas actuaciones son acordes con nuestro ordenamiento jurídico, declara a Confilegal Isabel Fernández Alonso, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro de este colectivo. En la imagen, el ministro Subirats. Foto: Eduardo Parra/EP.
Más de un millar de profesores piden a los parlamentarios que la Ley de Universidades proteja la neutralidad política de los claustros
Los promotores, 'Universitaris per la Convivència', esperan ser recibidos por el ministro de Universidades, Joan Subirats
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11/1/2023 12:57
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Actualizado: 11/1/2023 13:11
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La plataforma de profesores catalanes ‘Universitaris per la Convivència’ ha impulsado una carta abierta a senadores y diputados de las Cortes Generales en la que alerta sobre la incorporación al texto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), pendiente de debate en el Senado, de una enmienda promovida por ERC y Bildu «orientada a favorecer los pronunciamientos partidistas de los claustros».
En la misiva recuerda que estos pronunciamientos, «especialmente polémicos en Cataluña por cuanto se centran en cuestiones que generan una fuerte controversia social (alineándose siempre con los posicionamientos políticos de la Generalitat), ya han sido declarados contrarios a la libertad ideológica y de expresión por diversos tribunales, incluido, recientemente, el Tribunal Supremo».
‘Universitaris per la Convivència’ destaca que en el debate de totalidad del texto de la LOSU en el Congreso ha quedado patente que la referida enmienda (incorporada como letra “g” al artículo 45.2) «busca corregir las resoluciones de estos tribunales, por más que se apoyan en derechos fundamentales y principios constitucionales que en modo alguno pueden ser contrariados por una ley orgánica».
Los 1.046 profesores que han suscrito la carta, hasta el momento, reclaman que se suprima la citada letra “g” y que se incorpore al texto de la LOSU una referencia clara a la neutralidad ideológica de los órganos académicos de gobierno y representación, que «no es más que la aplicación a la Universidad del más genérico principio de neutralidad de las administraciones públicas”.
Entre los firmantes se encuentran profesores de la práctica totalidad de las universidades públicas españolas y de gran parte de las privadas, y figuran más de 350 catedráticos de universidad y otros tantos titulares de las más variadas disciplinas académicas.
La lista incluye a profesores del máximo prestigio en sus áreas de conocimiento, a exmagistrados del Tribunal Constitucional, a un buen número de altos cargos en gobiernos españoles conservadores y progresistas y a algunos de nuestros intelectuales más reconocidos.
Entre ellos están Fernando Savater, filósofo y catedrático de Universidad jubilado; Félix de Azúa Comella, catedrático de Universidad jubilado y miembro de la Real Academia Española; Félix Ovejero, doctor en Ciencias Económicas y profesor de Filosofía Política y Ciencias Sociales en la Universidad de Barcelona; los magistrados eméritos del Tribunal Constitucional Manuel Aragón y Alfredo Montoya.
También Mikel Buesa Blanco, catedrático de Universidad emérito; Francisco Sosa Wagner, catedrático de Universidad; Teresa Freixes Sanjuán, catedrática de Derecho Constitucional, vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores y presidenta de Citizens Pro Europe; María José Magaldi Paternostro, profesora titular (excedente) de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona y Araceli Mangas Martín, catedrática de Universidad.
Junto a ellos también se encuentran Joan Botella Corral, catedrático de Universidad emérito; Carlos Rodríguez Braun, catedrático de Universidad; Mariano Fernández Enguita, catedrático de Universidad emérito; Julio Carabaña Morales, profesor honorífico de la Universidad Complutense de Madrid y catedrático jubilado; Jon Juaristi Linacero, catedrático de Universidad; María José Villaverde Rico, catedrática de Universidad jubilada, Marta Martín Llaguna, catedrática de Universidad; Emilio Lamo de Espinosa, catedrático de Universidad emérito y Víctor Pérez- Díaz, profesor universitario, entre otros.
Pinchando aquí puede acceder a la carta y al listado completo de quienes la suscriben hasta el momento.
A la misiva se pueden sumar cuantos profesores consideren, como los hasta ahora firmantes, que las universidades no han de tener un pensamiento oficial, sino constituir un foro abierto para el debate libre de ideas.
RECLAMAN A SUBIRATS QUE PROTEJA EL PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD EN LAS UNIVERSIDADES
‘Universitaris per la Convivència’ ha pedido una reunión urgente al ministro de Universidades, Joan Subirats -exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona con Ada Colau-, en la que le harían entrega de todas las firmas recogidas hasta ese momento.
«Le pediremos que reconsidere esta enmienda y que, como máxima autoridad en política universitaria proteja el principio constitucional de neutralidad en las universidades», señala a Confilegal Isabel Fernández Alonso, profesora titular de Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro de ‘Universitaris per la Convivència’, colectivo que promovió junto a dos profesores de la Universidad de Barcelona, Jorge Calero y Chantal Moll de Alba.
Isabel Fernández hace hincapié en que «autorizar por ley que los claustros se pronuncien políticamente en nombre de todos los miembros de la comunidad universitaria sería contravenir los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la libertad ideológica, así como al principio constitucional de la neutralidad institucional».
Desde ‘Universitaris per la Convivència’ confían en que en el debate del Senado se elimine de la LOSU cualquier referencia que pueda dar a entender que estas actuaciones son acordes con nuestro ordenamiento jurídico.
«¡Ya está bien de tratar de maniatar a nuestras universidades!», subraya Fernández, y advierte que no dejarán de dar la batalla «por una verdadera autonomía universitaria».
Esta docente denuncia que es «inaceptable» que «desde la tribuna del Congreso se haya dicho que los profesores que han llevado manifiestos y declaraciones en defensa del ‘procés’ a los tribunales, obteniendo siempre su amparo, tratan de impedir el debate libre de ideas».
«Sucede exactamente lo contrario. Tratamos de protegerlo porque este se pone realmente en peligro cuando los órganos de gobierno de las universidades fijan una especie de pensamiento oficial que puede implicar que quienes sientan que sus posiciones son contrarias a la institución en la que estudian o trabajan teman expresarlas», concluye.
‘Universitaris per la Convivència’ se gestó en septiembre de 2018 con el objetivo de defender el principio de neutralidad institucional y también los derechos fundamentales que se ejercen en el ámbito universitario, con atención especial a la libertad ideológica, la libertad de expresión, la autonomía universitaria, el derecho a la educación y el derecho a usar la lengua que cada uno elija.
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