PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

‘Universitaris per la Convivència’ pide amparo al Defensor del Pueblo ante la ‘instrumentalización nacionalista’ de las universidades públicas catalanas

Una delegación de este colectivo, formado por cerca de 200 profesores de las universidades catalanas, ha denunciado hoy ante Marugán que existe una "vulneración sistemática de los derechos fundamentales a la libertad ideológica y a la educación" por parte de esos 7 centrosDe izquierda a derecha: los profesores Ricardo García Manrique y Chantal Moll de Alba, el Defensor del Pueblo en funciones, Fernando Marugán, la profesora Isabel Fernández, y José Manuel Sánchez, secretario general de la institución.
|

Una delegación del colectivo ‘Universitaris per la Convivència’ (UpC), formado por cerca de 200 profesores de las universidades catalanas, se ha reunido hoy con el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, y le han pedido que actúe contra la «instrumentalización nacionalista que hay en las universidades públicas catalanas», que deja a estos centros «al margen de la ley» y del «orden constitucional».

Le han pedido amparo.

PUBLICIDAD

En representanción de este colectivo han asistido Chantal Moll de Alba, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona; Ricardo García Manrique, profesor de Filosofía del derecho de ese misma universidad; e Isabel Fernández, profesora de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

PUBLICIDAD
Isabel Fernández, Ricardo García Manrique y Chantal Moll de Alba, a las puertas de la sede del Defensor del Pueblo, ubicada en el número 31 de la calle Eduardo Dato, en Madrid.

Estos profesores han trasladado a Marugán, en nombre de ‘Universitaris per la Convivència’, una queja en la que se denuncia «vulneración sistemática de derechos fundamentales a la libertad ideológica y a la educación por parte de las universidades públicas catalanas».

Según ha informado a Confilegal la profesora Chantal Moll de Alba, el detonante de ella son los manifiestos aprobados por los claustros de todas las universidades públicas catalanas -la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad de Lérida, la Universidad de Gerona, la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y la Universidad Politécnica de Cataluña- tras dictar el Tribunal Supremo la sentencia del ‘caso procés’.

PUBLICIDAD

Señala que esos manifiestos, casi uniformes, «tienen un evidente contenido político, absolutamente alineado con las tesis de los partidos separatistas».

Como publicó Confilegal el pasado 31 de octubre, más de 1.000 profesores de toda España, también de Cataluña, habían reclamado entonces en una carta abierta a los rectores de esas siete universidades públicas catalanas la retirada de esos manifiestos «aberrantes».

‘Universitaris per la convivència’ y Foro de Profesores prepararon esta «carta abierta a los rectores de las universidades públicas de Cataluña: en defensa de la libertad ideológica», que denuncia que el contenido de estos textos es de «extraordinaria gravedad».

PUBLICIDAD

En apenas tres días, había sido suscrita por más de 800 docentes.

Ya la han firmado más de 1.200 profesores, según ha informado Moll de Alba.

PUBLICIDAD

‘Universitaris per la convivència’ ha puesto en concimiento de Marugán el contenido de dichos manifiestos y de la denuncia de los profesores ante estos hechos.

Destacan que esos manifiestos vulneran los principios básicos del orden constitucional, ya que piden al Tribunal Constitucional «la libertad de presos convictos» y llaman a la «ruptura de la ciudadanía» defendiendo el ejercicio unilateral del derecho a la autodeterminación; «medidas contrarias a la ley y a la separación de poderes».

EL LLAMAMIENTO DE ‘UNIVERSITARIS PER LA CONVIVENCIA’ A MARUGÁN

Esta representación de ‘Universitaris per la Convivència’ ha pedido al Defensor del Pueblo que requiera a las universidades públicas catalanas para que efectivamente retiren esos manifiestos, «que tanto dañan la imagen de nuestras universidades y tan lesivos resultan con el derecho fundamental a la libertad ideológica de los discrepantes».

Destacan que la Universidad es una institución pública que debe carecer de ideología propia y que «para garantizar la libertad académica y la expresión y debate libres de todas las ideas, ha de permanecer neutral».

En la carta abierta subrayaban que «el hecho de que una administración se exprese en nombre de todos sus miembros implica una evidente agresión a otro derecho fundamental, la libertad ideológica, protegida por el artículo 16 de la Constitución».

Esta delegación también ha denunciado ante el Defensor del Pueblo que «el derecho a la educación de nuestros estudiantes, tal como lo configura el artículo 27.2 de la Constitución, resulta vulnerado cuando la Universidad asume institucionalmente una posición ideológica contraria a los principios democráticos de convivencia y a los demás derechos fundamentales».

Y le han hecho saber que «este es el caso del manifiesto unitario suscrito por las universidades públicas catalanas, que desprecia los ideales del estado de derecho, el imperio de la ley, la unidad de la ciudadanía y el derecho fundamental a la libertad ideológica».

Esta delegación de Universitaris per la Convivència’ también ha denunciado ante el Defensor del Pueblo que el pasado 7 de noviembre «un grupo de claustrales de las universidades públicas catalanas, arrogándose indebidamente la representación de los claustros», entregó esos manifiestos contra la sentencia del ‘procés’ al presidente catalán, Quim Torra, en un acto público en el Palacio de la Generalitat.

Por estos hechos también alzaron la voz en su momento desde ‘Universitaris per la Convivencia’, al entender que «de este modo se ahondaba aún más, y en pleno periodo electoral, en la instrumentalización de las universidades por parte del nacionalismo».

UpC ha informado que esta noche «participará activamente» en el acto ‘Tú, que crees en unas universidades de todos’, organizado por la asociación estudiantil ‘S’ha Acabat‘ en Barcelona.

Un acto en el que «varios profesores del colectivo incidirán en la vulneración de derechos que implica la aprobación de estos manifiestos, y mostrarán su rotunda condena a cualquier forma de violencia en los campus universitarios, así como a la modificación de los criterios de evaluación por motivos políticos».

«El hecho de que los rectores catalanes fuesen requeridos en este sentido por el Defensor del Pueblo creo que es importante y que visibilizaría el problema a nivel nacional. Con eso nos sentiríamos satisfechos», ha señalado el profesor García Manrique.

Tampoco están de acuerdo con la decisión de realizar evaluaciones únicas, tras las jornadas de huelga convocadas tras la sentencia, siempre que se conviertan en «un privilegio» para una de las partes.

«Como en algunas universidades se está haciendo», han apuntado.

«Continuaremos denunciando esta apropiación de nuestras universidades por el nacionalismo en diferentes ámbitos», ha señalado a Confilegal Isabel Fernández.

Ha subrayado que «las universidades han de ser foros de debate riguroso y respetuoso con todas las sensibilidades» y que «manifiestos como el de la Universidad de Lérida, que declara persona non grata al Rey, a Marchena y a la Delegada del Gobierno en Cataluña, por motivos ideológicos, son incompatibles con la misión de una universidad que se precie».

Ninguno de estos tres profesores dice haber sentido coacciones en su entorno laboral, pero sí se consideran «excluidos» del centro cuando se emiten estos mensajes y reconocen que «hay muchos profesores que guardan silencio por miedo a discrepar a la opinión de quien ostenta el poder en Cataluña».

Noticias relacionadas:

Francisco Oya pide al nuevo Gobierno que ‘no consienta que el separatismo siga utilizando la enseñanza como instrumento de odio’