El Defensor del Pueblo, encabezado por Ángel Gabilondo, ha advertido de que “no es posible, a corto plazo, evitar los problemas que necesariamente se derivan” de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, en vigor desde el pasado año, y ha reclamado un refuerzo de medios ante la magnitud de la reforma.
Así lo recoge el informe anual de 2025 de la institución, en el que Gabilondo subraya que se trata de “una reforma tan profunda ejecutada en un plazo de tiempo relativamente corto, con las consiguientes dilaciones”.
La norma, orientada a mejorar la gestión de recursos y aliviar la carga de juzgados y tribunales, “supone un cambio profundo en la organización judicial”.
No obstante, el Defensor del Pueblo recalca que, en el momento de elaboración del informe, aún no había transcurrido “un tiempo suficiente” que permitiera evaluar el impacto real de la reforma en términos de racionalización y eficiencia.
El informe también pone de relieve que la entrada en vigor de la ley ha motivado un elevado número de quejas, principalmente por “la falta de cobertura de las necesidades de personal detectadas en distintas partes del territorio”, especialmente en las jurisdicciones civil, social y de violencia contra la mujer.
Ante esta situación, Ángel Gabilondo insiste en la necesidad de incrementar la plantilla de jueces, fiscales y personal al servicio de la Administración de Justicia en toda España. De no producirse este refuerzo, advierte, “la carga de trabajo de los magistrados seguirá siendo la misma”.
Asimismo, cuestiona que la implantación generalizada de los tribunales de instancia pueda solucionar a corto plazo los retrasos en la celebración de juicios, ya que “la creación del tribunal de instancia no supone ninguna alteración del reparto ya asignado a los hasta entonces juzgados”.
Los retrasos, una de las grandes preocupaciones del Defensor del Pueblo
El informe identifica los retrasos como “el problema principal del Servicio Público de Justicia” y el más recurrente a lo largo de los años. Según el Defensor del Pueblo, estas demoras responden a “causas estructurales”, entre ellas la insuficiencia de medios personales y materiales, la falta de cobertura de vacantes en la oficina judicial y la sobrecarga de trabajo derivada del incremento sostenido de la litigiosidad.
Estas dilaciones resultan especialmente graves en ámbitos donde el tiempo es determinante, como los derechos de visita, la guarda y custodia de menores o los procesos de tutela de personas mayores o con discapacidad. Por ello, la institución solicita que dichas secciones sean “correctamente dotadas”.
Además, el informe apunta que la falta estructural de medios y el aumento de pleitos también repercuten en los retrasos de la actividad pericial.
El Defensor del Pueblo también alerta de situaciones que perjudican al ciudadano cuando el juez que ha presidido una vista o el magistrado ponente en órganos colegiados cae enfermo y su baja prolongada retrasa la emisión de la sentencia.
En la misma línea, señala que la suspensión de juicios por la imposibilidad de asistencia del juez o su sustituto provoca aplazamientos en las citaciones, por lo que reclama que las vistas suspendidas se reagenden “en la mayor brevedad posible”.
Por otro lado, Ángel Gabilondo denuncia la falta de estabilidad del personal en los juzgados centrales de instrucción y recuerda que la Audiencia Nacional investiga delitos de especial relevancia y complejidad, como terrorismo, narcotráfico a gran escala o delitos económicos con grave impacto nacional, lo que exige “un personal altamente especializado y estable”.
Finalmente, el informe recoge un “número relevante de quejas” relativas a la actuación de los abogados de oficio. En este sentido, el Defensor del Pueblo insiste en la necesidad de dotar adecuadamente al turno de oficio para garantizar “un servicio de calidad”.
