Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) siguen sin teletrabajo. Una medida que estaba incluida dentro de la Ley Orgánica 1/2025, más conocida como Ley de Eficiencia, pero que, pese a la entrada en vigor de la normativa, sigue sin regularse, provocando un creciente malestar en el colectivo.
Con el avance de las nuevas tecnologías, y especialmente tras la pandemia del Covid-19, el teletrabajo se ha convertido en una realidad para muchos empleados y compañías.
No sólo por el ahorro que supone para las empresas, sino también como método de conciliación.
Una posibilidad que la Ley Orgánica 1/2025 contemplaba para los LAJ en su disposición adicional octava.
Así pues, la norma establecía la posibilidad de implantación del teletrabajo en el ámbito de la Justicia, reconociendo la necesidad de adaptarse a un modelo de funcionamiento más flexible y coherente con la transformación digital del servicio público.
Algo que, sin embargo, no ha llegado a convertirse en una realidad. Y es que, casi un año más tarde, los LAJ siguen sin una regulación específica sobre el trabajo por parte del Ministerio de Justicia de Félix Bolaños.
Enfado de los LAJ ante la falta de teletrabajo
Así pues, tal y como han recordado los LAJ, la Ley de Eficiencia establecía un marco general, a desarrollar posteriormente su aplicación concreta en cada cuerpo administrativo.
Algo que, en el caso de los letrados de Justicia, suponía la valoración de sus funciones directivas, organizativas y de fe pública judicial.
Sin embargo, 348 días después de la entrada en vigor de la norma, aún no se ha realizado por parte del departamento ministerial de Bolaños norma específica alguna para poder materializar el teletrabajo para estos trabajadores.
Casi un año que ha provocado un creciente malestar en el colectivo.
«La falta de regulación mantiene en una situación de incertidumbre a un cuerpo superior de la Administración de Justicia cuya función es esencial para el funcionamiento de los juzgados y tribunales», lamentan.
Una incertidumbre que, según los LAJ, genera, no sólo un retraso en las necesarias mejoras organizativas, sino que también frena la prometida transformación digital de la Justicia prometida por el ministro.
