El pasado 3 de abril se cumplió un año de vigencia de la Ley 1/2025, conocida como Ley de Eficiencia. Una reforma estructural de la Justicia que, pese a sus dificultades, tiene un balance positivo, según destacan fuentes del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
La mayor transformación de la Justicia en décadas.
Así se presentaba, hace casi un año, desde el departamento de Félix Bolaños, esta Ley. Una nueva normativa que buscaba agilizar y modernizar la Justicia, no estando exenta en momento alguno de críticas y dudas, también por parte de los operadores jurídicos, ante este cambio.
Una ley que, en este mes de abril, cumple un año en vigor. Y que está teniendo una implantación «sin incidencias estructurales», tal y como aseguran fuentes ministeriales ante este primer aniversario.
Bajada de pendencia en la Justicia
«La Ley tiene como principal objetivo reducir la pendencia y lograr una Justicia más ágil gracias a la nueva organización con los tribunales de instancia, la bajada de la litigiosidad por la obligación de recurrir a los MASC y la ampliación histórica de la plantilla de jueces y fiscales», explican desde Justicia.
Un objetivo que, tal y como aseguran estas fuentes ministeriales a Confilegal, se está cumpliendo, según los datos que se han podido obtener en estos primeros meses de andadura.
Así pues, en este año de aplicación de la Ley de Eficiencia, los asuntos pendientes se han reducido en un 4,5% en Civil, y un 0,67% en global.
Algo que valoran de forma positiva desde Justicia, afirmando que, gracias a la nueva normativa, se ha conseguido «invertir la curva», bajando la litigiosidad, y especialmente la pendencia presente en el sector judicial.
Algo que no sólo se ha conseguido gracias a la reforma judicial, sino también a la cooperación continua con las Comunidades Autónomas, así como, según fuentes ministeriales, gracias a la obligatoriedad de los procedimientos prejudiciales en formato MASC.
Una inversión de más de 1.000 millones de euros
La aplicación de la Ley de Eficiencia que no ha salido precisamente «gratis» a las arcas públicas. Y es que, desde el departamento de Bolaños, se calcula que la aplicación de esta norma ha supuesto una inversión de más de 1.000 millones de euros en la actual legislatura.
Una inversión que se habría producido en tres bloques: personal, digitalización e infraestructuras.
En concreto, 192,4 millones de euros han sido invertidos en personal, «la espina dorsal» de la Justicia.
Algo especialmente relevante tras la aplicación de la Ley de Eficiencia, con la aparición de cargos como los nuevos directores de servicios comunes de los tribunales de instancia.
Y es que, con la reforma normativa, la Justicia ha adquirido la «capacidad de invertir con conocimiento de causa, donde realmente hace falta. Por ejemplo, en las unidades judiciales, donde se genera un fuerte cuello de botella».
Sin embargo, es en la digitalización donde se ha realizado un mayor esfuerzo económico por parte de la administración de Justicia. Un esfuerzo que alcanza los 850 millones de euros.
«La digitalización es un proceso. Y todas las comunidades autónomas, así como el Ministerio, estamos comprometidas con él», exponen desde el departamento de Bolaños.
Un proceso que, además, supone una nueva responsabilidad ministerial. La de proteger que la Justicia sea igual para todos, durante este proceso de digitalización de las comunidades autónomas, tanto aquellas con competencias transferidas, como las que no.
Por último, cerca de 80 millones de euros han sido invertidos en esta legislatura en edificios, ya pensados para la estructura de los tribunales de instancia.
«El discurso que se escucha es que hay que invertir más. Pero hay que saber dónde invertir», defienden desde Justicia, defendiendo el diseño de la Ley de Eficiencia, y recordando que la inversión española en Justicia se encuentra por encima de la media europea, según el Justice Scoreboard de la Comisión Europea.
