El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) acogerán la tarde el miércoles un debate institucional sobre la futura Ley de Justicia Gratuita, actualmente en elaboración, en la que participarán representantes de varios gobiernos autonómicos con competencias transferidas, del Ministerio de Justicia y del Partido Popular en el Congreso.
El acto se celebra en la sede del ICAB, en la calle Mallorca de Barcelona, a partir de las 19 horas.
La sesión arrancará con la bienvenida de Cristina Vallejo Ros, decana del ICAB y vicepresidenta del CGAE, y la intervención del presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González Martín, quien fijará los objetivos de la reforma y la necesidad de incorporar la visión de las comunidades autónomas y de los operadores jurídicos.
A continuación, moderado por Carlos Berbell, director de Confilegal, arrancará el debate entre las autoridades confirmadas: Maite Arenaza Sarasola, directora general de Justicia del Gobierno de Navarra; Cesáreo Rodríguez Santos, viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias; Alfonso Gómez Fernández, viceconsejero de Justicia del Gobierno Vasco; María Jesús Moro Almaraz, representante del Partido Popular en el Congreso; y Maite Casado Cadarso, secretaria general del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya.
Está pendiente de confirmación la presencia de un representante del Ministerio de Justicia.
El acto será clausurado por Ramon Espadaler Parcerisas, «conseller» de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat de Cataluña.
Treinta años de una ley que aguanta, pero no puede aguantar mucho más
La norma vigente —la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita— lleva tres décadas garantizando defensa jurídica gratuita a quienes no pueden costeársela: familias con ingresos inferiores al doble del IPREM, víctimas de violencia de género, terrorismo o trata, menores y personas con discapacidad.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha comprometido con el presidente del CGAE, Salvador González, a aprobar una nueva ley durante esta legislatura.
Pero el texto aún no existe. Y las Comunidades Autónomas —que financian y gestionan buena parte del sistema— tienen mucho que decir sobre cómo debe quedar redactado.
El servicio lo sostienen miles de abogados del turno de oficio: comisarías de madrugada, juzgados de guardia, vistas urgentes. Las 24 horas del día, los 365 días del año.
Con una reivindicación histórica que sobrevuela cualquier debate serio sobre la materia: la dignificación de sus condiciones de trabajo y la homogeneización de los baremos retributivos entre Comunidades Autónomas, hoy muy desiguales.
