El nuevo sistema de reparación para víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial ha generado, en su primera jornada de contacto directo con los afectados, una reacción radicalmente dividida: confianza institucional en el mecanismo diseñado, desconfianza profunda en quien debe aplicarlo.
Fue ayer. Los colectivos de víctimas se reunieron con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras la firma del protocolo suscrito entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y el Defensor del Pueblo.
El resultado del encuentro, según los propios asistentes, no fue un punto de llegada. Fue, más bien, el inicio de una vigilancia.
«Los colectivos de víctimas han compartido su profunda desconfianza de que la jerarquía de la Iglesia cumpla con lo pactado», declaró a Europa Press Miguel Hurtado, primer denunciante del caso de abusos en la Abadía de Montserrat y figura de referencia en el activismo por los derechos de las víctimas en España. Su advertencia no fue retórica.
El protocolo, tal y como está redactado, carece de mecanismos coercitivos que obliguen a su cumplimiento. No hay palanca legal que fuerce a la institución eclesiástica si decide retroceder.
Hurtado teme, concretamente, que la Iglesia «se eche para atrás en el futuro si el costo de las indemnizaciones resulta demasiado elevado».
El riesgo que describe es conocido en el derecho de daños: el cumplimiento voluntario de obligaciones reparatorias tiende a erosionarse cuando la magnitud económica supera las previsiones iniciales.
Y en este caso, la magnitud es todavía una incógnita.
El ministro Bolaños, según trasladó Hurtado, confía en la buena fe de la Iglesia.
Pero el propio ministro habría dejado abierta una puerta: si el acuerdo no se cumpliera, el Ejecutivo no descartaría «aplicar la vía unilateral para garantizar que todas las víctimas sean indemnizadas».
Una declaración de intenciones que, sin concreción normativa, permanece en el territorio de lo político antes que en el del derecho exigible.
Uno de los puntos más debatidos en el protocolo es la ausencia de un baremo indemnizatorio.
Sin escala de valoración del daño, la reparación queda expuesta a la arbitrariedad. Hurtado lo conoce y matiza: aunque el instrumento no figura en el texto firmado, considera «factible» que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, decida diseñarlo si lo estima necesario «para reparar de forma integral el daño, garantizando la igualdad y el trato no discriminatorio entre las víctimas».
Una facultad discrecional que, de ejercerse, podría colmar la principal laguna técnica del acuerdo.
Distinta fue la lectura de Juan Cuatrecasas, portavoz de la Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR).
Salió de la reunión con una «sensación positiva». Había leído el protocolo «con calma» antes del encuentro, y lo que encontró le convenció.
En particular, el contraste con el Plan PRIVA, el sistema de reparación interno de la Iglesia que, según denunció, impedía a las víctimas presentar alegaciones o revisar el expediente de su caso una vez fijada la indemnización por la diócesis o congregación correspondiente.
Opacidad institucionalizada, en la práctica.
El nuevo mecanismo cambia esa lógica. Las víctimas dispondrán de 15 días para formular alegaciones.
Y la última palabra, en cualquier caso, corresponderá al Defensor del Pueblo.
Cuatrecasas valoró también que dos representantes del colectivo de víctimas formen parte de la comisión mixta prevista para los supuestos de disconformidad, aunque expresó su esperanza de que sea un órgano de uso excepcional.
La designación de esos representantes recaerá en las propias asociaciones; si no logran ponerse de acuerdo, será el Ministerio quien los nombre.
El protocolo existe. Lo que aún está por ver es si la institución que lo firmó tiene voluntad real de cumplirlo. Esa pregunta, por ahora, no tiene respuesta jurídica. Solo política.
