Este profesor catalán ha sido suspendido 10 meses de empleo y sueldo por “oponerse al adoctrinamiento independentista en las aulas”, el expediente se le abrió en plena aplicación del 155; Oya lamenta que desde el Gobierno "no fueran capaces de archivarlo", y subraya que “desde el Ministerio se ha estado dejando a los funcionarios del Estado desamparados”.

Francisco Oya pide al nuevo Gobierno que ‘no consienta que el separatismo siga utilizando la enseñanza como instrumento de odio’

También reclama al Ejecutivo que ampare a los “funcionarios perseguidos y represaliados en Cataluña”

Rosalina Moreno

11/11/2019 07:00

Actualizado: 10/11/2019 14:01

El profesor catalán Francisco Oya, que ha sido sancionado con 10 meses de inhabilitación y suspensión de empleo y sueldo, por, según ha informado a Confilegal, “oponerse al adoctrinamiento independentista en las aulas y a la manipulación y al falseamiento de la historia”, pide al nuevo Gobierno que “no consienta que el separatismo siga utilizando la enseñanza como instrumento de odio”.

Le reclama que “vele por los intereses nacionales, termine con la dinámica separatista que tenemos, y evite que nuestro país salte por los aires”.

Subraya que «en Cataluña se utilizan la Educación, los ‘Mossos’ y los medios públicos como armas para destruir el Estado” y que “la única solución es recuperarlos».

Además, Oya reclama al nuevo Ejecutivo que «ampare a los funcionarios perseguidos y represaliados en Cataluña”.

Denuncia que hasta el momento ha habido “pasividad” por parte de los sucesivos Ejecutivos de la nación frente al “acoso generalizado” que sufren “los funcionarios constitucionalistas”.

Este profesor se siente víctima de una “persecución, un acoso, por motivaciones políticas, a manos del departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña”, por “impartir clases en castellano” y porque es “muy crítico con el adoctrinamiento sistemático que se hace y con los materiales de los libros de texto, que son absolutamente infumables”.

Señala que él en el aula no ha dicho nada especial a los alumnos sobre la calidad de los manuales, pero que les presenta materiales alternativos.

Oya ha promovido la ‘Plataforma Las Termópilas’ -en alusión a los 300 espartanos que hicieron frente al poderoso ejército persa-, que fue gestada el pasado mayo y está integrada por profesores, ‘mossos d’esquadra’, policías locales y personal administrativo, todos ellos funcionarios no independentistas que se han unido para luchar contra el “acoso laboral” que sufren en sus puestos de trabajo.

Acusan al gobierno catalán de “sumir al funcionario disidente con el separatismo en una situación de acoso laboral y social, a ser posible empujándolo a la depresión y destruyéndolo como persona con el fin de neutralizarlo completamente”.

SU CALVARIO

Francisco Oya Cámara (Barcelona, 1957) es profesor de Historia del Instituto Joan Boscà, de Barcelona, y miembro de Profesores por el Bilingüismo.

En abril de 2018, en plena aplicación del 155, el Consorcio de Educación, integrado por la Generalitat y el Ayuntamiento, le abrió un expediente por presuntos “incumplimientos en su actividad docente”.

El Consorcio de Educación lo resolvió el pasado enero acusándole de tres faltas graves: “Desatender el ejercicio de sus funciones docentes”, “desobedecer una orden de un superior” y “desacato a la autoridad, haciéndolo de forma ostentosa”, así como haber ocasionado “un daño moral” al director del centro y una “perturbación significativa en el servicio público de educación generada por su actitud y conducta”.

Y sancionó a este profesor con 10 meses de suspensión de empleo y sueldo.

“No sé hasta qué punto tiene el Consorcio competencias para eso”, apunta Oya.

Según informa, el Consorcio de Educación le acusa de emprender “una campaña de difamación” contra el director del instituto, de “incumplimientos de temario”, de haber hecho comentarios homófobos, machistas y xenófobos “que han herido la sensibilidad del alumnado”, y de “haber alterado la buena convivencia del instituto, comunicando su posicionamiento político”.

«Sin especificar la resolución del expediente, en ningún momento, cuál es ese supuesto posicionamiento» político del profesor «ni qué comentarios concretos hizo», relata Oya.

Este profesor lamenta que desde el Gobierno «no fueran capaces de archivar un expediente, arbitrario y sin ninguna base, en unos momentos en que se podía hacer sin ningún obstáculo legal».

Destaca que “desde el Ministerio se ha estado dejando a los funcionarios del Estado desamparados”.

El pasado 1 de abril, Francisco Oya presentó un recurso contencioso-administrativo, en el que argumenta que hay “cuestiones formales y de fondo”, y alega “indefensión, entre otras cosas».

Informa que el 18 de junio interpuso otro contra el Consorcio por «aplicar la sanción de forma irregular, al estar notoriamente fuera de plazo. En concreto, cinco meses».

Según Francisco Oya, hasta el 31 de mayo no se le comunicó oficialmente la aplicación de la misma, y ésta finalmente se hizo efectiva en julio.

Este profesor sospecha que fue “para que la noticia no saliera en época electoral y no pudiera ser utilizada en campaña para criticar a los partidos que dan apoyo a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona”. «Y también por ver si decidía jubilarme», agrega.

Los profesores tienen la posibilidad de retirarse con el sueldo completo con 60 años cumplidos siempre que tengan 32 años de servicio.

Francisco Oya tiene 62 años y lleva 35 años como docente, con lo cual podría jubilarse si lo deseara.

“Imagino que para la Administración lo más fácil hubiera sido que me hubiera asustado y me hubiera jubilado inmediatamente, entonces no me aplicaban la sanción y ellos tan contentos porque se quitaban un problema de encima, por no hablar del desgaste que supone ante la opinión pública aplicar una sanción tan desmesurada por cuestiones de mera disidencia”, señala el profesor Oya.

Reconoce que jubilarse también sería la salida fácil para él, pero dice que “sería de alguna manera como abandonar el campo de batalla” y eso tampoco lo quiere, aunque ya lleva 4 meses y medio de sanción, y la situación ya se le está haciendo “insostenible”.

Y como sabe que no podrá “resistir 10 meses seguidos sin cobrar”, porque tiene una familia que mantener -dos hijos-, ha solicitado la jubilación.

“La Justicia es lenta y las necesidades materiales de una familia no pueden esperar tanto, pero resistiré lo que pueda”, señala Oya.

Dispone de un plazo de tres meses, desde la solicitud, para confirmar si se jubila o no.

Su decisión dependerá de si la compañía de seguros con la que tiene una póliza a través del sindicato CSIF, que es el tomador del seguro, le «compensa económicamente en los términos acordados».

«Si lo hace antes de que expire el plazo para rectificar la solicitud de jubilación», continuará como docente.

De cualquier modo, sea cual sea el camino que tome, Francisco Oya piensa “continuar esta guerra contra el adoctrinamiento”.

Según ha publicado ABC, desde el Consorcio de Educación “niegan las irregularidades” a las que alude Oya, y dicen que “al no recibir acuse de recibo de la sanción que se emitió a finales de enero, su aplicación se demoró”, que “en marzo se recibió el acuse, fue publicada en el Diario Oficial de la Generalitat, aunque no se aplicó hasta agosto porque estaba de baja y después vino el período vacacional”.

Preguntado al respecto, Oya Cámara contesta que le “parece una excusa trivial” porque a la Generalitat y al Consorcio cuando tienen que enviarle notificaciones “no les importa que sea vacaciones”.

“Durante el mes de agosto me han enviado cosas en muchas ocasiones tanto la Generalitat como el Consorcio, con lo cual me parece bastante infantil decir que porque yo estaba de vacaciones o de baja el procedimiento se paraba. No me parece una justificación válida legalmente. De todos modos, era muy fácil para el Consorcio comunicar conmigo porque disponía de mi correo electrónico y de mi número de teléfono móvil personal. En cualquier caso, tendrá que ser un juez quien decida”, argumenta.

EL FORO DE PROFESORES PUBLICÓ UNA CARTA DE APOYO A OYA, FIRMADA POR MÁS DE 130 DOCENTES UNIVERSITARIOS

Francisco Oya informa que en este tiempo ha recibido numerosas muestras de apoyo por su lucha contra el separatismo y la situación en la que se encuentra.

Cuenta que ha recibido incluso pequeñas ayudas solidarias a través de una campaña de micromecenazgo que organizó una compañera suya, Berta Romera.

Oya está “muy agradecido a todas las personas” que le han mostrado su apoyo.

Informa que cuando se le abrió el expediente disciplinario, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) le propuso encabezar una lista electoral en las elecciones sindicales de marzo de 2019 por el Consorcio de Educación de Barcelona, donde nunca se habían presentado, proporcionarle una liberación sindical, y que la póliza de seguro establecida con la compañía ARAG para afiliados de CSIF le protegiera de las consecuencias económicas de una eventual sanción.

Destaca que «era una oportunidad para ofrecer un paraguas sindical a otros compañeros en situaciones parecidas, perseguidos por el secesionismo”, pero que finalmente CSIF prefirió no presentarse.

Considera que este paraguas sindical ha de materializarse, con CSIF u otro sindicato, estando él u otra persona al frente del mismo.

El Foro de Profesores publicó el pasado agosto una carta en apoyo al profesor Francisco Oya y por la neutralidad política de las Administraciones ante el “acoso” de la Generalitat, firmada por más de 130 docentes universitarios.

En ella se hace un análisis de la situación y se pide una investigación por parte de la Alta Inspección, “por si se hubieran producido actos de prevaricación por parte de los funcionarios intervinientes en la sanción impuesta al profesor Oya”.

Cabe destacar también que “la comunidad académica se está rebelando contra la sumisión al poder nacionalista catalán”, como ha manifestado recientemente a Confilegal Chantal Moll de Alba, profesora de Derecho Civil de la Universitat de Barcelona, y miembro de ‘Universitaris per la convivència’, del grupo de juristas ‘Llibertats’, del Foro de Profesores y de ‘Aixeca’t/Levántate’.

Prueba de ello es que es más de 1.000 profesores de toda España, también catalanes, han pedido a las universidades públicas de Cataluña la retirada de unos manifiestos “aberrantes” contra la sentencia del ‘procés’.

LAS MEDIDAS QUE OYA ACONSEJA APLICAR AL NUEVO GOBIERNO

Francisco Oya señala que “la enseñanza es un punto crucial para solucionar el problema del separatismo”, que “la Educación en Cataluña se ha convertido desde hace tiempo, pero últimamente a calzón quitado, en un “arma para el adoctrinamiento a las nuevas generaciones en el odio a España” y que “es un hecho que ha servido a los independentistas catalanes para la agitación, la propaganda e ir avanzando hacia la secesión”.

Apunta que “como se ha podido ver con más claridad estos días que ha ardido Barcelona, quienes han organizado estas protestas eran en un porcentaje altísimo estudiantes”, “incluso alumnos de secundaria”, como ha podido comprobar él personalmente.

“En algunos casos he visto grupos con su profesor y todo”, apunta.

Francisco Oya llama a los partidos constitucionalistas a ir dando pasos como autorización previa y control de calidad de los contenidos de los libros de texto; recuperar la red de centros públicos de titularidad estatal cedida a la Generalitat en la época de Aznar; que se hagan pruebas de nivel a finales de cada etapa educativa, establecidas por el Gobierno e iguales para toda España; y que la selectividad sea una prueba única en toda España.

También aconseja promover la rotación por todo el territorio nacional de los profesores; el pago de las nóminas de los docentes por el Ministerio de Educación, en lugar de las consejerías; y que se haga un control directo de la inspección educativa por parte del Ministerio de Educación”.

Oya apunta que desde el Programa 2000 es “notorio el interés del separatismo por el control de los inspectores de Educación” y que “el método elegido por las sucesivas administraciones autonómicas ha consistido en no convocar oposiciones y disponer de un personal mayoritariamente interino (un 80 %), del que se puede prescindir con rapidez si no se ajusta a las directrices impartidas”.

LA CRUZADA DEL PROFESOR OYA

Francisco Oya está luchando contra el separatismo, además de con la ‘Plataforma Las Termópilas’, a través de conferencias en las que denuncia «la situación real en las escuelas en Cataluña», «cómo se pisan los derechos de los alumnos y de los profesores”, así como la “escandalosa dejación de funciones del Estado español”, y contrarrestar “la campaña de propaganda que ha hecho la Generalitat durante los últimos años con dinero de todos los españoles”.

Así lo hizo, por ejemplo, el pasado 8 de julio, en una conferencia en la ONU, organizada por la asociación HazteOir.org, que preside el abogado Ignacio Arsuaga, en la que también participó Fernando López, de Convivencia Cívica Catalana.

Al día siguiente, el portavoz de HazteOir.org Javier Villamor también entregó en la ONU miles de firmas de ciudadanos recogidas por la asociación en España a través de la campaña ‘Frena en la ONU el adoctrinamiento independentista’.

Los firmantes solicitan al presidente del Consejo de Derechos Humanos, Fodé Seck, y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que reclamen «el fin del adoctrinamiento independentista en las escuelas catalanas como primer paso para un futuro de paz en España y en Europa».

Entre los actos más recientes en los que ha participado Oya se encuentra uno organizado por ‘Hablamos Español’ el pasado 11 de octubre en el Colegio de Abogados de Barcelona “en defensa de la libertad de elección de lengua y contra el adoctrinamiento nacionalista”.

«Aquel acto se celebró después de muchas dificultades, al intentar impedirlo la presidencia del Colegio a última hora con la excusa de que como estaban en periodo electoral no les parecía adecuado acogerlo; lo cual es absurdo porque la entidad que lo organizó no es un partido político ni depende de ninguna formación. Los problemas que puso la presidencia del Colegio son un signo claro del control que ejerce, en la práctica, el separatismo sobre todo tipo de entidades: sindicatos, asociaciones de padres, colegios profesionales, etc», apunta.

De izquierda a derecha: Sergio Fidalgo, Francisco Jimeno, Gloria Lago, Ángela Herrero, Francisco Oya, Marita Rodríguez, Inger Enkvist y Pedro Gómez Carrizo.

El pasado 7 de septiembre Oya también participó en una jornada sobre convivencia lingüística en Cataluña, organizada por ‘Societat Civil Catalana’ en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona.

Aquí tienen su intervención, así como la de la profesora Carmen Leal:

Profesores por el Bilingüismo, del que es miembro Francisco Oya, también ha elaborado un informe a fin de que pueda ser considerado en el Examen Periódico Universal (EPU) de Derechos Humanos referente a España que se realizará el próximo año en la sede de la ONU.

DESCARGAR INFORME DE PROFESORES POR EL BILINGÜISMO PARA EL EXAMEN DE DD HH DE ESPAÑA

Oya hace hincapié en que “son demasiados años los que esta propaganda infame a nivel internacional, pagada con el dinero de todos los españoles, ha estado sin una respuesta adecuada”, pero que “esto se acabó”.

Señala que “una situación así, con regiones rebeldes poniendo a caldo a su país en los principales foros internacionales, a través de cargos oficiales muy bien remunerados, o de asociaciones subvencionadas, es impensable en Francia, Italia o Alemania” y que “ningún estado serio lo toleraría ni un segundo”.

“Hasta que en España dispongamos de un Gobierno dispuesto a terminar con esta situación, los grupos de la sociedad civil tomaremos esta faena sobre nuestros hombros”, destaca Oya.

Francisco Oya, en una manifestacion en la plaza de Colon de Madrid por la unidad de España, celebrada antes de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el ‘procés’, que se dictó el pasado 14 de octubre; este acto tuvo lugar el 10 de febrero.

Apunta que no disponen de subvenciones ni ayudas oficiales, «al contrario que los grupos separatistas», pero que tienen “una insobornable voluntad de terminar con el supremacismo que siembra continuamente el odio entre españoles y fomenta, en definitiva, la guerra civil”.

Son conscientes de que sus dardos van “dirigidos principalmente al Gobierno español, por las razones ya apuntadas”, y hace hincapié en que “es responsabilidad del Ejecutivo terminar con la imposibilidad de educarse en la lengua oficial del Estado y mayoritaria de los catalanes, impedir el adoctrinamiento político escolar y la persecución de funcionarios por motivos ideológicos; situaciones surrealistas e impensables en cualquier país de nuestro entorno”.

Oya avisa que “si no lo hace, tendrá que asumir un desprestigio creciente, tanto a nivel interno como internacional”.

“Y nosotros contribuiremos a ello en lo que podamos, hasta que se produzca un golpe de timón definitivo en estas cuestiones”, sentencia.