En la imagen, una concentración de rectores de universidades catalanas en marzo de 2021 sosteniendo carteles propagandísticos de Òmnium Cultural. Foto: Dani Codina/Òmnium
‘Universitaris per la Convivència’ reclama a los rectores catalanes que cesen los manifiestos partidistas en los Campus
El colectivo celebra el espaldarazo del Tribunal Supremo
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28/11/2022 10:03
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Actualizado: 28/11/2022 13:59
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Dos nuevas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) y del Tribunal Supremo (TS) condenan, respectivamente, a la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y a la Universidad de Barcelona (UB) por vulneración de los derechos a la libertad ideológica, a la libertad de expresión, y a la educación, en procedimientos iniciados por varios profesores integrantes de la plataforma ‘Universitaris per la Convivència’, que aglutina a más de 200 profesores de todas las universidades catalanas.
Ambas resoluciones fueron dictadas el pasado 21 de noviembre.
La del TSJ es la número 1836/2022. La firman los magistrados Núria Bassols Muntada (presidenta), José Manuel de Soler Bigas, Juan Antonio Toscano Ortega y Hugo M. Ortega Martín.
La del Supremo es la 1536/2022, y ha sido dictada por el tribunal de la Sala de lo Contencioso-Administrativo integrado por los magistrados Pablo Lucas Murillo de la Cueva (presidente), Celsa Pico Lorenzo, Luis María Díez-Picazo Giménez, María del Pilar Teso Gamella y José Luis Requero Ibáñez, que ha sido el ponente.
Este colectivo de profesores universitarios muestra su satisfacción por las decisiones adoptadas por ambos tribunales porque «interpretan correctamente el sentido de la autonomía de las universidades, reafirman la neutralidad como principio básico de la actuación de sus órganos, y concluyen que las libertades académicas fundamentales e incluso el propio derecho a la educación, se ven vulnerados cuando las universidades hacen mal uso de su autonomía e ignoran el principio de neutralidad».
El detonante de los procedimientos contencioso-administrativos de defensa de los derechos fundamentales que han dado lugar a estas sentencias fueron sendos manifiestos partidistas de los claustros de ambas universidades.
El de la UPC, cuestionando las actuaciones sancionadoras del Tribunal de Cuentas contra los profesores Andreu Mas-Colell y Albert Carreras; y el de la UB, relativo a la sentencia del ‘procés’. «En este último caso, además, se trataba de un manifiesto conjunto que, de manera coordinada, habían presentado en 2019 claustrales en todas las universidades públicas catalanas, entregándolos después -una vez aprobados y a modo de trofeo, con convocatoria de prensa incluida- a los presidentes de la Generalitat, Joaquim Torra, y del Parlamento catalán, Roger Torrent», explica el colectivo.
En la medida en que estos manifiestos vinculan a toda la comunidad universitaria, y al ser desoídas las peticiones de diversos claustrales de ‘Universitaris per la Convivència’ para que se retirasen, este colectivo decidió emprender acciones judiciales por considerar «inaceptable que nuestras universidades intenten fijar una especie de pensamiento oficial (claramente alineado con el poder político), vulnerando de este modo los referidos derechos en una acción que de ningún modo queda cubierta por la autonomía universitaria, tal como ambas sentencias se encargan de recalcar».
«La gravedad de estos hechos, constatada una y otra vez por nuestros tribunales», les ha llevado a preparar una carta, en la que piden que cese la «sistemática conculcación de derechos que, por motivos ideológicos, se repite constantemente en nuestros campus».
Puede acceder al texto pinchando aquí.
La misiva será enviada a los rectores de las universidades públicas catalanas, a la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP), a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), al Consejero de Universidades del Gobierno catalán, al Ministro español de Universidades, al Defensor del Pueblo español y a la Síndica de Greuges de Cataluña.
En concreto, llama a profesores, estudiantes y demás integrantes de la comunidad universitaria a tomar conciencia del daño que estas actuaciones están causando a algunos de nuestros derechos más básicos. «Un daño que de no remediarse, acabará por repercutir negativamente en la docencia y en la investigación», advierte.
Además, reclama a los rectores, y demás órganos de gobierno y representación de las universidades catalanas, el cese inmediato de «la mala práctica de las declaraciones institucionales de contenido ideológico».
Y anima a todas las autoridades académicas a fomentar una reflexión abierta, plural e informada sobre el modo en que las universidades han de participar en el debate público.
‘Universitaris per la Convivència’ manifiesta, asimismo, su adhesión a la Declaración de Stanford, hecha pública recientemente en defensa de unas universidades alejadas del activismo político y abiertas al debate libre de ideas. Exactamente los objetivos que inspiraron a los impulsores de este proyecto, que actualmente aglutina a más de 200 profesores de diferentes universidades catalanas.
Este colectivo de profesores críticos con la «instrumentalización de los campus por parte del separatimo», se gestó en septiembre de 2018. Sus promotores son dos profesores de la Universidad de Barcelona, Jorge Calero y Chantal Moll, y una profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, Isabel Fernández.
El ‘leitmotiv’ de este proyecto era la defensa de la neutralidad política de los órganos de gobierno de las universidades, ahora también se posicionan de manera contundente contra las agresiones a estudiantes constitucionalistas y en defensa de la pluralidad lingüística en las aulas.
‘Universitaris per la Convivència’ expresa su «preocupación» por el «deterioro de las libertades públicas que se está produciendo en las universidades catalanas» y denuncia la responsabilidad de los rectores integrados en la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) «en ese deterioro, por acción y por omisión».
Además de pedirles que dejen de pronunciarse políticamente en nombre de todos, les reclama que condenen sin ambages la violencia contra estudiantes constitucionalistas en los campus y que respeten el bilingüismo existente en la sociedad catalana.
‘Universitaris per la Convivència’ pidió amparo al Defensor del Pueblo en noviembre de 2019 ante la ‘instrumentalización nacionalista’ de las universidades públicas catalanas, que deja a estos centros «al margen de la ley» y del «orden constitucional».
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