Las razones de la huelga de los LAJ explicada por un LAJ

La situación actual de conflictividad entre el Ministerio de Justicia y el Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia (en lo sucesivo LAJ) está siendo un autentico desastre para el servicio público de la justicia, todos los días se producen miles de suspensiones de juicios, vistas y actuaciones procesales en toda clase de procesos, en todas las instancias y en todos los órdenes jurisdiccionales, todos los días se dejan de proveer y tramitar miles de escritos y procedimientos judiciales y todos los días se dejan de abonar millones de euros a los beneficiarios de las sentencias y resoluciones judiciales.

Esta situación resulta insostenible en el tiempo, ya de por si es grave si ocurre uno o dos días, pero ya llevamos así desde el 24 de enero, es decir, trece días y sin que se atisbe ningún tipo de solución inmediata.

Los tiempos de respuesta de la Administración de Justicia, frente a las demandas y peticiones de los ciudadanos nunca han sido buenos, por múltiples razones como la complejidad de la tramitación de los procedimientos con las debidas garantías, la falta de medios materiales y humanos, la sobre litigiosidad existente en la actual sociedad, etc., a todas estas causas se une ahora una más y de una enorme gravedad como es el conflicto entre el Ministerio de Justicia y un colectivo esencial en la tramitación de los procedimiento judiciales y en la ejecución de las sentencias.

La crisis existente es exclusivamente de índole laboral y no política, ya que en ningún momento se ha formulado por los convocantes ningún reproche al gobierno de la nación por su ideología política.

Así del examen del comunicado convocando huelga indefinida, se observa que es por el incumplimiento del Ministerio de Justicia de los compromisos acordados con el colectivo en abril de 2022 y la misma ha sido convocada por las tres asociaciones de LAJ existentes: la conservadora, la progresista y la independiente.

LOS COMPROMISOS QUE ASUMIÓ EL MINISTERIO DE JUSTICIA

Los dos principales compromisos asumidos por el Ministerio de Justicia, que no únicos, son los siguientes:

1.- La cláusula de enganche, es decir, vincular las retribuciones de los LAJ en un porcentaje del 85 % aproximadamente a las retribuciones de la carrera judicial y fiscal.

2.- Reducir los grupos de población de 5 a 3, de esta forma los LAJ destinados en poblaciones con un menor número de habitantes mejorarían un poco su precaria situación económica, al tiempo que se termina con el agravio comparativo con otros Cuerpos de la Administración de Justicia, que sólo tienen tres grupos de población.

El origen de la reclamación de los LAJ, viene del año 2009, en que se produce una redistribución de las funciones y competencias entre los jueces y los LAJ, de forma que antes todo pasaba por la mesa del juez produciéndose un cuello de botella al ser materialmente imposible asumir semejante carga de trabajo, y desde entonces toda la tramitación de los procedimientos judiciales y la ejecución de las sentencias se atribuye a los LAJ, con la finalidad de que el juez pueda concentrar sus esfuerzos y dedicar más tiempo a celebrar juicios y dictar sentencias.

Todo ello, redundó en una indudable mejora en el servicio público de la justicia, al agilizarse los tiempos de respuesta frente a las demandas y peticiones de los ciudadanos.

Durante catorce años los LAJ han planteado al Ministerio de Justicia que el equilibrio que debe presidir todo contrato laboral, esto es, el trabajador tiene una serie de obligaciones o funciones y a cambio obtiene un sueldo o salario, se encuentra roto o fracturado, debido al notable incremento de las funciones y responsabilidades atribuidas a los LAJ a coste cero, es decir, sin contraprestación económica alguna en proporción a las competencias asumidas, en consecuencia, existe un importante desequilibrio que es preciso volver a encontrar mediante la adecuación salarial (que no incremento de sueldo).

SE HA INTENTADO EVITAR LA HUELGA

Antes de llegar a una medida tan drástica como es una huelga indefinida, se ha intentado alcanzar un acuerdo desde el dialogo y la comprensión. Así desde el primer momento en que se pidió la adecuación salarial en el año 2009, la respuesta del Ministerio de Justicia fue reconocer que es necesaria una adecuación salarial, pero desgraciadamente no era el momento debido a la profunda crisis económica, posteriormente que Hacienda no daba su visto bueno, más tarde la pandemia, etc. en definitiva, excusas.

En enero de 2022 se hicieron paros parciales o huelgas de días sueltos, desembocando en un compromiso del Ministerio de Justicia en abril de 2022 que es el apuntado anteriormente, esto es, la cláusula de enganche en un porcentaje a la carrera judicial y la supresión de los grupos de población 4 y 5.

Estos y otros compromisos han sido incomprensiblemente incumplidos por el Ministerio de Justicia como se acredita mediante una simple consulta del BOE comprobando que no han sido publicados.

Por parte de las Asociaciones de LAJ se han propuesto varios vocales del CGPJ como mediadores, así como el Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, pero el Ministerio de Justicia a rechazado dicha posible solución.

Otra importante cuestión es la representatividad de los LAJ, según el Ministerio de Justicia los sindicatos generalistas (UGT, CSIF, CCOO, etc.) son los únicos representantes, lo cual es un fraude de ley al existir un conflicto de intereses, ya que en los Juzgados y Tribunales los LAJ son los directores de la Oficina Judicial lo que significa que tienen que impartir instrucciones a los funcionarios a su cargo, siendo irrazonable pretender que dichos funcionarios se atribuyan la representación a la hora de negociar las condiciones laborales de sus superiores funcionales.

Además, es publico y notorio que los LAJ estamos organizados en Asociaciones profesionales y no afiliados a los sindicatos generalistas, por lo que atribuirse la representación ajena sin permiso ni autorización del supuesto representado, es otro fraude de ley perpetrado por quien lo hace (sindicatos generalistas) y por quien lo consiente (Ministerio de Justicia).

En definitiva, de momento no se atisba una solución inmediata debido a la negativa del Ministerio de Justicia a iniciar un dialogo con el Comité de Huelga que termine en un acuerdo, pero indudablemente todo conflicto tiene que tener un final puesto que ninguna crisis puede ser eterna y la única forma de encontrar una solución es sentarse a negociar, con el fin de encontrar una solución consensuada entre todas las partes, mejor mañana mismo que dentro de un mes, todo ello redundará en beneficio de todos los operadores jurídicos, de los profesionales y sobre todo de los usuarios de la justicia que son los ciudadanos.