Protesta de los LAJ frente al Congreso de los Diputados. A la izquierda, la diputada del PP María Jesús Moro y el LAJ del Supremo - y miembro del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia de España (CNLAJ)-, José Palazuelos. Foto: Virgilio González/Confilegal.
Los LAJ protestan frente al Congreso de los Diputados contra el Ministerio de Justicia con el apoyo del PP y de Vox
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08/2/2023 12:38
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Actualizado: 08/2/2023 13:47
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El duodécimo día de huelga de los LAJ llega con una manifestación a primera hora afuera del Congreso de los Diputados. El sentimiento general, afirman los asistentes, es el mismo con el que comenzaron, con apertura a la negociación y un llamamiento al Ministerio de Justicia para que atienda su exigencia de la cláusula de enganche y la reducción de los grupos de población de cinco a tres.
Frente a la sede de la Cámara Baja de las Cortes Generales, la policía ordena a una veintena de letrados de la Administración de Justicia (LAJ) -que protestan con carteles y pitos-, que se ubiquen hacia un lado de la Plaza de las Cortes. «Por aquí pasan coches, tienen que moverse», exclama.
El presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia de España (CNLAJ), Ernesto Casado, afirma que «cada día que pasa, más compañeros se unen» a la huelga.
«Eso debe tenerlo muy en cuenta el Secretario de Estado cuando dice que vamos a morir de inanición, nosotros y nuestros hijos».
Señala que, no ha visto «ningún tipo de actitud abierta» de parte del Ministerio de Justicia, aunque los profesionales hayan estado «ofreciéndole la mano todos los días».
«No ha tenido la dignidad de dirigirse a nosotros ni mucho menos de convocar al comité de huelga, que por otra parte es lo que debería hacer cumpliendo con la propia normativa que regula el ejercicio del derecho de huelga», afirma.
En cuanto a resumir la actividad profesional, Casado indica que «cada vez, la bola, por decirlo así, se hace más gorda».
Los LAJ en huelga han comunicado que harían falta al menos cuatro meses de trabajo para recuperar el retraso causado, y el presidente del CNLAJ reitera que «no es algo que se vaya a resolver de forma automática».
«En Madrid hay más de 20.000 demandas pendientes de reparto, y en la cuenta de consignaciones estamos detectando que ha bajado en un 90% el número de mandamientos de pago que se hace, lo cual quiere decir que las personas que están esperando que se le entregue su dinero en los juzgados a través de indemnizaciones, de pensiones, etcétera, va a tener que seguir esperando», señala.
Antes de entrar en la sesión del congreso, la diputada del Partido Popular María Jesús Moro ha puesto en relieve su apoyo por los LAJ. «Sí creemos que hay reivindicaciones que estaban ya negociadas con el Ministerio, que ha habido una negativa a seguir y a reconocer lo que está prescrito y eso es en lo que nosotros estamos apoyando a los LAJ», dijo.
«Es imposible que un gobierno de coalición socialista y de Unidas Podemos pueda respaldar a un secretario de Estado que insulta», dijo.
Y añadió que «el Ministerio es el que tiene la responsabilidad como poder del Estado de hablar con todos y de parar este conflicto y, en lugar de esto, está echando gasolina al fuego».
También el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros paró antes de entrar al congreso para saludar y posar para las fotos de los medios de comunicación
«Es una sinrazón por parte del ministerio que no sea capaz de convocarnos para cumplir aquello a lo que se había comprometido en abril de 2022 y llevar a cabo los acuerdos que allí se realizaron», declaró José Palazuelos, LAJ del Tribunal Supremo.
Reivindica «un reconocimiento tanto a nivel profesional como a nivel de adecuación salarial» de las funciones del colectivo.
«Nosotros sentimos muchísimo estos efectos, pero está en manos del Ministerio evitar que se sigan produciendo».
Dice que el problema está «muy claro» y que no necesitan «acudir a los sindicatos generalistas» para ser oídos.
«Son cuestiones propias de denuncia de nuestras condiciones de trabajo que tienen que ser letrados y las asociaciones que representan los que tengan cabida dentro de ese periodo de negociación».
Palazuelos destaca el apoyo de los cuerpos profesionales en el ámbito de los abogados, los procuradores, los graduados sociales. «Todos están muy interesados en que se lleve a cabo el acuerdo y que dejemos esta huelga indefinida que está perjudicando, sobre todo, a los ciudadanos».
«Cuando se suspenda la huelga, será porque hayamos llegado a un acuerdo con el ministerio», explica María Ángeles Castilla, LAJ del juzgado 4 de Collado Villalba.
«Por supuesto todos tenemos que ceder, cada uno de su parte, pero esto tiene que finalizar con un acuerdo».
Aun así, señala como problema «que va a haber es que se van a superponer los señalamientos». «Como ha habido muchas suspensiones en todos los órganos de toda España, ahora nos vamos a encontrar sin días para señalar cuando empecemos a retomar la actividad».
También destaca el apoyo de otros cuerpos. «Nos consta que en el Ministerio saben que es justo que tengamos una mayor retribución y que es justo que se atiendan a nuestras reivindicaciones, pero bueno, la política…», lamenta, comentando sobre los «escritos de apoyo de abogados, de procuradores, incluso del decano del colegio de abogados» que ha recibido en Villalba.
«En el fondo se sabe, pero es muy cómodo trabajar con una persona que está haciendo el trabajo que no se ve y no figura. Es el momento de mostrar un poco de generosidad y de admitir la realidad del día a día de los juzgados, la cosa que lo están manifestando muchos profesionales».
Las asociaciones de LAJ han reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cese a la ministra Pilar Llop en un comunicado emitido este miércoles por la «impericia» y la «falta de capacidad» de la ministra de Justicia, que está causando un «daño irreparable».
Sitúan el «culmen» en esas declaraciones, realizadas en una entrevista en Cadena Ser, en las que dijo que «no disponía del dato de revisiones de condena porque los LAJ no las estábamos anotando en el SIRAJ», cuando «cualquiera» sabe que este sistema «no permite esta anotación», sino solo registrar «medidas cautelares, órdenes de protección y sentencias firmes y no firmes», critican.
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